Quantcast
Channel: memoria identidad y resistencia
Viewing all 29049 articles
Browse latest View live

OPINION Refugio o rechazo

$
0
0
Por Eric Nepomuceno
En números absolutos, puede parecer poco, especialmente cuando se compara la situación con la de países que tradicionalmente acogen a refugiados: en los últimos cuatro años, o sea, entre 2010 y 2014, Brasil recibió 21.630 pedidos de refugio, de los cuales fueron ya aceptados 3460, lo que corresponde a 16 por ciento. Pero el número significa que, en esos cuatro años, aumentó 22 veces el volumen de pedidos de refugio recibidos por el país. Hay desde refugiados de guerra, especialmente de Siria, a refugiados económicos, los que huyen de la miseria absoluta y buscan alguna esperanza. Además, se debe sumar las llamadas “visas humanitarias”, destinadas a refugiados del Haití devastado, y que solamente en los últimos dos años alcanzó la marca de 40.777.
Pese a tener una de las legislaciones migratorias más liberales del mundo, la verdad es que Brasil no cuenta con la más mínima estructura para recibir a refugiados. Basta con ver lo que pasa con los haitianos: cuando llegan a territorio brasileño, tienen derecho a reivindicar una vista especial, que le asegura un pasaporte de refugiado. De los 46 mil que llegaron a lo largo de los últimos muchos años, solamente 7600 obtuvieron ese documento. Los demás están a la espera de que su situación sea decidida por los sectores correspondientes. Y eso significa tener que trabajar en condiciones muy adversas, casi siempre irregular, sin poder contar con ninguno de los beneficios y protecciones de la legislación laboral. Quienes llegan de otros países –Senegal, Ghana, Nigeria, Siria, Bangladesh, los mayores flujos de refugiados– padecen aún más los efectos de la ausencia de apoyo, orientación o cualquier clase de asistencia.
Es decir: Brasil les abre sus puertas, pero los dejan al propio destino tan pronto adentran su territorio. No conocen el idioma (muchas veces no conocen ningún otro que el suyo), no tienen idea de hábitos y costumbres, no saben para dónde ir. Como no hay colonias significativas de inmigrantes de esos países a quien puedan recurrir, parte considerable de los que llegan piden ayuda a centros religiosos. Mezquitas sunnitas, templos católicos, musulmanes, en fin, donde haya alguna posibilidad de generoso apoyo y solidaria recepción.
Con las tragedias que se suceden con africanos y fugitivos del Medio Oriente que intentan cruzar el Mediterráneo para buscar refugio en Europa y con el endurecimiento de las políticas inmigratorias de los países europeos (para no mencionar al creciente sentimiento nacionalista exacerbado por una derecha cada vez más activa), Brasil ofrece, además de la legislación liberal, un viaje más seguro. Lo mismo ocurre para el refugiado que viene del sudeste asiático. Los datos indican que después de Senegal, Bangladesh es el país de donde salieron más refugiados rumbo a las tierras brasileñas.
Los haitianos, a su vez, son un caso singular. Llegan en gran cantidad, muchos de ellos con buena preparación profesional y sólida base cultural, pero nadie les orienta a la hora de intentar situarse en el mercado laboral. Para empezar, no son considerados exactamente refugiados, sino “extranjeros con visa de permanencia de carácter humanitario”. Con eso, obtienen documentación y regularizan su situación más rápidamente que los de otras nacionalidades. Y nada más. En general, son atendidos por templos católicos, cuyos recursos y posibilidades son siempre limitados.
No hay ningún sistema de recepción, apoyo y orientación de parte del gobierno brasileño. A lo sumo, se podrá decir que existe buena voluntad y una desorganizada generosidad, amparada por una legislación cordial. Es poco. Al fin y al cabo, no deja de ser una especie de crueldad ofrecer espacio para que los miserables que huyen del horror, de la muerte o del hambre encuentren una nueva tierra y traten de construir una nueva vida, para luego dejarlos a la intemperie de las incertidumbres.
El flujo migratorio de refugiados de distintas índoles creció de manera brutal en los últimos cuatro años. Y, por lo que se ve en el mundo, seguirá creciendo con intensidad cada vez mayor.
Hace falta que se establezca una política realmente humanitaria para los que buscan espacio y condiciones para reconstruir sus vidas. Brasil bien que debería tratar el tema con seriedad. Al fin y al cabo, en los últimos veinte años, el país viene siendo gobernado por gente que sufrió persecución. Y todos los gobiernos –los de Fernando Henrique Cardoso, los de Lula da Silva y ahora, los de Dilma Rousseff– tuvieron, entre sus integrantes destacados, a muchísimos exiliados.

EL EX JUEZ TUCUMANO MANLIO MARTINEZ FUE CONDENADO A 16 AÑOS DE PRISION POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD La pata judicial de la última dictadura

$
0
0
Por Ailín Bullentini
El tucumano Manlio Torcuato Martínez se convirtió en el primer argentino en ser condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de sus funciones como juez federal durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo sentenció ayer a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares y privación ilegítima de la libertad de otra persona en mayo de 1976. Los familiares de las víctimas y querellantes en el juicio, así como quienes en ese debate representaron al Ministerio Público Fiscal, celebraron el veredicto y lo analizaron como “un paso adelante”, tanto para la Justicia local cuanto para la nacional. “Es una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, entendió Agustín Chit, fiscal ad hoc.
Si bien las partes acusadoras exigieron penas más altas durante sus alegatos, evaluaron positivamente el fallo de los jueces Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón, que resolvieron condenar a Martínez. El debate oral y público en el que se evaluó la responsabilidad del ex juez en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, asesinados en lo que en Tucumán se conoce como la Matanza de la Calle Azcuénaga, y en la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, duró poco más de tres meses y contó con el testimonio de alrededor de 60 personas.
Martínez es el primer ex magistrado que resulta condenado por haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco de sus funciones. El ex juez Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión hace algunos años. La diferencia es que cuando torturó a casi una decena de jóvenes, durante la última dictadura, era secretario, no magistrado. Los mendocinos Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo aún están siendo juzgados por su rol durante el terrorismo de Estado. El resto de los casos que mantienen bajo la mirada de la Justicia a ex miembros del Poder Judicial por delitos de lesa humanidad permanecen, aún, en investigación o no llegaron a juicio. “Martínez fue el juez federal más importante de la provincia durante la dictadura, gozó de los privilegios que la magistratura le dio desde entonces, fue profesor universitario y caminó impune por las calles de la ciudad durante 40 años. Que se lo haya condenado es algo con lo que soñábamos y un procedente de peso para avanzar en causas similares en el resto del país. Detrás de él vienen Miret, Romano, los secretarios de Bahía Blanca y los funcionarios de Chaco y Santiago del Estero”, analizó Chit.
El TOF consideró que Martínez cometió abusó de la autoridad que tenía como juez, incumplió los deberes que esa función le dictaba y encubrió el asesinato de los cinco militantes populares que se hallaban en una vivienda de Azcuénaga al 1600, en la ciudad capital de la provincia, perpetrado por una patota el 20 de mayo de 1976. Según consta en registros y tal como él mismo reconoció en la primera audiencia del debate, el ex juez estuvo en el sitio de la matanza, pero no la investigó. El hecho ya cuenta con otros dos condenados: el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz, el jefe del centro clandestino de detención tucumano conocido como Jefatura.
Pero la pena de 16 años de cárcel que recibió Martínez no sólo comprende esos hechos: también fue condenado por prevaricato, abuso de autoridad y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, el dueño de la casa en la que sucedió la matanza. Días después de los asesinatos, Romano se presentó en el juzgado de Martínez con la intención de desligarse de las víctimas, quienes le alquilaban la vivienda. Martínez lo detuvo y lo dejó a disposición de la policía provincial. Romano, por entonces paciente psiquiátrico, “paseó por diferentes centros clandestinos”, señaló Chit. Su esposa y su hija reclamaron ante Martínez, quien no movió un dedo, tal como testimoniaron ante los jueces.
Por último, el ex magistrado fue condenado por integrar una asociación ilícita en la que su rol era “ejercer la magistratura para permitir y asegurar el plan sistemático de tortura y exterminio”, remarcó el fiscal ad hoc, quien trabajó junto con Diego Velasco: “Formó parte de una organización criminal destinada a cometer delitos en el marco del terrorismo de Estado”, completó.
La hija de Niklison, que se llama igual que su mamá, integró una de las querellas junto a Emilio Guagnini. “Recibimos esta sentencia como mucha alegría, si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución”, evaluó. “La sentencia era un momento muy esperado por toda la familia, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez y muchos otros que hicieron tanto daño a toda la sociedad”, sostuvo.
Bernardo Lobo Bougeu, quien junto con Pablo Gargiulo querelló a Martínez en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y parte de la familia de Romano, sopesó la importancia del fallo a nivel general. “Es una sentencia de máxima importancia, sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar”, indicó. De la misma manera lo analizó Chit, quien además de indicar que “es un precedente muy importante en Tucumán, que implica una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, lo postuló como “un hecho histórico que ojalá siente precedentes en todo el país”.

LA CAUSA POR LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO CARLOS PEDRO BLAQUIER Un desafío para la Corte

$
0
0
 Por Alejandra Dandan


Llegó la hora de la Corte. El presidente del supremo tribunal de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, expresó en una carta al periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, que se quedaba como presidente para manejar las presiones sobre la Corte que “deberá decidir causas importantes”, como “los juicios de lesa humanidad en el campo económico-empresarial”. En estos días se abrió esa oportunidad histórica. Ante los rechazos de la Sala IV de la Cámara de Casación –que negó a querellas y fiscales un recurso extraordinario para acudir al máximo tribunal y revisar la falta de mérito que benefició y desprocesó al zar del azúcar Carlos Pedro Blaquier–, los fiscales generales ante Casación y las querellas insistieron con un nuevo planteo de “queja” destinado a la Corte. Señalan que la decisión de los camaristas es “arbitraria y autocontradictoria”. Cuestionan la forma, el cuándo y cómo puede meterse Casación en una causa de este tipo y reclaman a la Corte que en medio de la puja por elevar los estándares probatorios que hasta ahora permitieron enjuiciar a los militares, se expida acerca de cómo la Justicia argentina va a entender la participación del campo empresario en estos crímenes. O que reenvíe la causa para que se discuta en juicio oral.
La decisión de Casación fue “manifiestamente arbitraria y autocontradictoria –señaló el fiscal general Javier de Luca en su presentación– respecto de lo decidido por la misma sala en todas las causas de lesa humanidad y con lo decidido en esta misma causa”.
La Sala IV que intervino en el caso Blaquier estuvo compuesta por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. En contra del modo de valorar la prueba que hasta ahora tienen las causas de lesa humanidad asentadas en mandatos del máximo tribunal, el último mes de marzo la sala desprocesó a Blaquier y Alberto Lemos, administrador del ingenio durante la dictadura. Ambos tenían procesamientos confirmados por la primera instancia y por la Cámara Federal de Salta. Los dos estaban, además, sin prisión preventiva; la causa no estaba cerrada; se hallaba en plena investigación y a punto de ser elevada a juicio oral. Casación suele intervenir en estas causas solo cuando los casos se cierran con sentencias o ante hechos de gravedad institucional. En este caso, la Sala IV se apoyó en un amicus curiae presentado por la defensa que planteó la gravedad institucional por el nombramiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Así se metió en la causa, pero evaluó no sólo esa designación sino el fondo de la prueba como si fuese un tribunal de juicio. Esto es lo que cuestionaron fiscales y querellas. Y ahora vuelve a cuestionar el nuevo planteo. La sala se metió de lleno en la discusión aún pendiente y reservada al debate oral. Dio por probado el uso de las camionetas del Ingenio Ledesma para el traslado ilegal de los prisioneros, pero insólitamente consideró ese aporte “neutral” y dijo que no se podía probar el “dolo” o conocimiento de los imputados sobre el para qué iban a usarse los vehículos. Dictó la “falta de mérito” que si bien, formalmente, no cierra la causa, es leída como una absolución encubierta equiparable a un fallo definitivo.
Fiscales y querellas presentaron un recurso extraordinario en Casación para ir a la Corte. Pero la Sala IV, con Mariano Borinsky en lugar de Riggi, rechazó esa apelación. Los camaristas dijeron casi irónicamente que como la causa sigue, no hay sentencia definitiva que habilite la jurisdicción de la Corte. Y que no hay gravedad institucional porque nadie habló del tema del fiscal en estos planteos. Borinsky hizo voto aparte y aclaró adoptar esa misma posición porque había quedado “sellada la suerte” en la resolución de marzo.
En ese contexto de idas y vueltas, en el que las víctimas ven que los ropajes jurídicos tapan posiciones políticas, las querellas y los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler volvieron a batallar. Presentaron el pedido de “queja” directo a la Corte. “La Cámara utiliza como excusa un argumento impertinente porque la decisión sobre la continuidad del fiscal subrogante no tiene ninguna influencia” en el “auto de procesamiento de Blaquier y Lemos ni en el de la decisión que les había dictado la falta de mérito”, dicen. El argumento “no resiste las leyes de la lógica común y su falacia está a la vista: cuando la Cámara deseaba abrir la instancia para tratar la situación procesal de los imputados, se valió de la designación del fiscal y dijo que estaba enlazada a lo primero; pero cuando resolvió la situación procesal a favor de los imputados, ya no necesitó más de ese lazo con la cuestión del fiscal. La contradicción de la sala, su fundamentación aparente, puede verla hasta los legos, que no podrán entender cómo la misma cuestión se consideró equiparable a sentencia definitiva para unos y no para los otros. Bajo esa falacia que operó como ‘llave’, la sala abrió la instancia a la defensa para discutir un procesamiento sin prisión preventiva que ya tenía un doble conforme, pero a esta parte fiscal y a las víctimas nos niegan la posibilidad de discutir la resolución que los revoca y dicta las faltas de mérito”, señalan y advierte que contradice de forma “flagrante” el principio de igualdad.
Ahora a la Corte debe decidir si va a apartarse de sus propias tradiciones. Desde hace tiempo, el máximo tribunal se expide en temas penales sólo a través del articulo 280, que permite confirmar las sentencias de Casación tal como les llega y a la vez señala que la Corte entiende que no tiene cuestiones de envergadura institucional que deba discutir. El 280 puede ser una (penosa) alternativa para decidir sobre uno de los casos más simbólicos de la responsabilidad empresaria. Otra alternativa distinta sería abrir un pronunciamiento o enviar la causa a juicio oral. Es decir, asumir este momento como parte de los nuevos desafíos jurídicos que presenta el avance del proceso de Justicia.

PANORAMA POLITICO Cambiemos el cambio

$
0
0
Por Luis Bruschtein
La derecha habla de cambios, la izquierda tradicional opositora también y el Gobierno también. Todos son promotores del cambio y hablan de cambios, pero para cada uno de ellos tiene significados distintos. Esto resulta confuso sobre todo cuando es la derecha la que se apropia de esta palabra que fue siempre inherente a los movimientos populares disruptivos de la historia. A los que, por definición, siempre se opuso la derecha.
El frente que encabeza Mauricio Macri con otras fuerzas de ese espacio se anotó con el nombre de Cambiemos. En Cambiemos, junto al PRO confluyen los sectores más conservadores del radicalismo y Elisa Carrió, también está el partido del Momo Venegas y el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, como expresión de la derecha peronista, así como los partidos Conservador Popular, el Demócrata, de Mendoza, y otros provinciales afines, representantes de los viejos partidos conservadores. Cuando una fuerza conservadora trata de ser identificada con el cambio, pareciera que tratara de ocultar su verdadera esencia que es la conservación de un esquema de circulación del poder, de las riquezas y los derechos en una sociedad. Cuando en política se habla de cambio, el término estuvo siempre referido a modificar ese esquema que privilegia a una elite. Pero desde el menemismo en adelante, la palabra “cambio” fue travestida por los conservadores.
Los viejos seguidores de Patrón Costas, de los que ya sólo quedan vestigios, se ufanaban de estar en contra del cambio. Pero a los nuevos no les gusta. Prefieren que los identifiquen como los que están con el progreso. Se asumen como modernos en las tecnologías y en los sistemas de eficiencia tipo empresarial. Están a favor de ese cambio mientras no se cambien las pautas que garantizan sus privilegios. El dinamismo de los mercados del neoliberalismo destruye a las empresas que no evolucionan rápidamente (aunque rápidamente desembocan en crisis sistémicas mundiales como la actual y la que vivió Argentina en 2001). En esa metáfora, los nuevos conservadores piensan como los dueños de una empresa que debe estar en cambio permanente para crecer y aumentar los márgenes de rentabilidad. Y la rentabilidad muchas veces se juega con el tipo de cambio, con los salarios, con las condiciones de trabajo o ajustes y despidos, es decir, ellos piensan como los dueños de las empresas y no como los trabajadores que siempre están al filo de la navaja cuando se habla de hacer más eficiente y rentable un emprendimiento.
Esta idea de los conservadores sobre el cambio tiene como sujeto beneficiario a los grandes empresarios y banqueros y a unos poquitos más, como sucedió en los ’90. El otro cambio, el que se refiere a situaciones de atropellos, anacronismos, injusticias y desigualdades, tiene como sujeto activo a los sectores populares, aunque en definitiva entre los beneficiarios están incluidos también los grandes dueños porque este modelo se sostiene en el crecimiento del consumo popular.
Resulta insólita esta disputa por la palabra “cambio”. Para reafirmar su apropiamiento, la derecha tiene que deslegitimar los cambios que hayan producido sus antípodas. Todo lo que haga el kirchnerismo con un sentido de cambio tiene que ser desmantelado, desmentido y presentado como un invento, una construcción virtual y discursiva: el famoso relato. Porque necesitan instalar que no existe ningún cambio posible con sentido igualitario, tienen que mostrar que todas las medidas que se toman con ese objetivo, como la Asignación Universal por Hijo o las jubilaciones, o las paritarias, tienen una contracara que siempre perjudica a algún sector popular. Aunque votaron en contra cuando alguna de estas medidas debió pasar por el Congreso, nunca dicen que se oponen a ellas ni las critican en público y no se atreven a decir que las dejarían sin efecto. No tienen un discurso para defender la desigualdad o las injusticias. Se limitan a desprestigiar las medidas que buscan combatirlas.
En estos doce años, todo el discurso conservador o reaccionario o de derecha o centroderecha, como se lo quiera llamar, se estructuró para demostrar que ningún cambio motivado por un sentido de justicia o de igualdad tiene efecto ni resultado y que, en todo caso, sólo se llega a esos resultados por la vía de los cambios que buscan eficiencia y competitividad. Tienen un ejército de periodistas e intelectuales que con un disfraz de izquierdismo coinciden con otros históricamente reaccionarios para menear la discusión eterna sobre los índices de pobreza e indigencia.
Estos supuestos izquierdistas críticos tan funcionales a los reaccionarios tratan de demostrar que todas las medidas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares no tienen ningún efecto ya que según los índices, apócrifos a veces y desactualizados en la mayoría de los casos que ellos manejan, los niveles de pobreza e indigencia se mantienen igual que antes que esas medidas fueran tomadas. Fue una discusión de esta semana a raíz de un discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la FAO.
No existe otro arsenal muy diferente al que se ha usado estos años para combatir la desigualdad. Con sus particularidades, cualquier gobierno que se diga progresista tendrá que asumir derroteros parecidos. El impacto de este discurso desarmador no es sólo contra el gobierno kirchnerista sino contra cualquier otro que trate de implementar medidas parecidas y afecta también a los llamados progresistas que acompañan bovinamente estas críticas de la derecha. Se trata de desacreditar a todas las políticas de distribución de la riqueza y ampliación de derechos, no solamente las que ha implementado el kirchnerismo.
La intención es que la sociedad se asuma impotente frente a las desigualdades. Los conservadores precisan imponer como sentido común que hablar de justicia o de igualdad no es serio, sino demagógico. Según ellos quieren hacer creer, a la igualdad y la justicia se llega sin necesidad de mencionarlas, por la vía de la eficiencia y la competitividad. Es lo más parecido a la teoría de la copa derramada de los años ’90 que llevó al país a la peor crisis de su historia, con los más altos índices de pobreza, desigualdad e injusticia. La mayoría de los referentes económicos de Cambiemos, entre ellos Federico Sturzenegger, que fue funcionario de la Alianza de Fernando de la Rúa, o Carlos Melconian, surgido del auge menemista, ya sean radicales o del PRO, tienen esa connotación tan obvia. Con ellos “cambiemos” tiene un sentido de “seamos más eficientes”, pero también de “volvamos atrás”. La sensación de que este sector visualiza la idea de cambio desde lo que podría ser una cúpula empresaria es muy clara cuando las pocas medidas que anuncian son todas de carácter macro, no hay ninguna de tipo social o salarial.
La puja ya no es entre las “fuerzas del cambio” y las que no lo quieren, sino por quién le da sentido a esa palabra, hay una embestida de los conservadores para disputar el significado de la palabra cambio. Parece una tontería disputar una palabra, pero desde la época del menemismo los sectores de derecha le han dado tanta importancia a esta discusión, al punto que ahora, fuerzas que nunca han ocultado su filiación de centroderecha conservadora, han bautizado su alianza como Cambiemos.
Es cierto que en este contexto se le suman otros significados. También están diciendo “cambiemos de gobierno”. Es otro aspecto del cambio, quizás el más visible ahora después de doce años de gobierno kirchnerista. Pero de todos modos no lo hacen cerrándose a los contenidos progresistas del Gobierno, sino que por el contrario lo hacen buscando una imagen que sugiere progreso desde su lugar. Para ellos el progreso tiene una connotación fuertemente empresaria, pero al elector le llega desde su lugar de progreso más personal y familiar. Esos dos sentidos se oponen muy marcadamente, pero el discurso conservador los confunde en forma consciente. En algún punto está aquella famosa de Carlos Menem de que “si decía lo que iba a hacer no me hubiera votado nadie”. Por eso “Cambiemos

OPINION Judicialización de la política y política judicial

$
0
0
Por Julio Maier *
Bajo este rótulo, escasamente modificado por este, mi título, se desarrolló el tercer encuentro del colectivo Justicia Legítima –nombre que nunca me convenció ni aún me convence del todo– en la Biblioteca Nacional, acontecimiento sin duda muy interesante para el momento actual de nuestra manera de “hacer política” y de nuestra manera de “hacer justicia”. Sin perjuicio de las excelentes exposiciones de los dos paneles –Politización de la justicia y Judicialización de la política– integrados no sólo ni en mayoría por juristas, sino por personas dedicadas a otras ciencias o a otras actividades, yo soy de la opinión que nuestro problema es más práctico que teórico. Yo, por mi parte, si le “tengo miedo” a aquello que indica el título en este momento de la vida del país, para polemizar con la amiga jurista que formó parte de uno de los paneles con una reflexión teórica impresionante.
El problema actual nuestro deriva de una simple descripción: la mayoría legislativa que obtiene el Gobierno para sus programas políticos establecidos por ley del Congreso de la Nación, no sólo por el voto de los legisladores de su partido o coalición, sino incluso mediante la adhesión de algún otro bloque político según la ocasión, le importa un bledo a la minoría circunstancial, que no opina ni desea opinar, sino que piensa en otra forma de contrarrestar esa mayoría, y parece haber hallado el mecanismo para lograr algún éxito, verbigracia, el acudir a un juez o un tribunal para paralizar la puesta en práctica de aquello que fue decidido parlamentariamente, esto es, democráticamente, en tanto el Parlamento representa a las provincias argentinas, por una parte, y a los habitantes de la Nación, por la otra. El dicho “mecanismo” cuenta para ello con varias realidades: la expansión en este país de las llamadas “acciones de clase” o similares, que, al menos en algún punto, permiten a los tribunales dejar el caso concreto para decidir “en abstracto”; la proliferación de una llamada “justicia preventiva” que tiene en su cúspide a las medidas cautelares de cualquier índole, ni siquiera supuestas y estrictamente limitadas –tanto según su contenido como temporalmente– por la ley, como debería ser, sino tan sólo permitidas por cláusulas legales abiertas, supuestas como extraordinarias, pero aplicadas de ordinario, y, actualmente todavía más allá con las tituladas “precautelares”, aparentemente aún menos condicionadas que las cautelares; la alegría y facilidad con la que los jueces argentinos, de toda instancia y poder, “declaran –o predican acerca de– la inconstitucionalidad de las leyes”, incluso de oficio, y evitan su aplicación práctica, algo inédito e insólito en los poderes judiciales del mundo occidental, cualquiera que sea su régimen jurídico. El caso es patético, pues aun cuando algunas leyes parlamentarias han conseguido, oportunamente, una mayoría tal de adhesión que representa a casi todo el espectro de partidos políticos, por tanto, de ciudadanos y de provincias, y, por ende, casi puede hablarse de unanimidad, los jueces inhiben su aplicación real (léase, por ejemplo, ley de medios audiovisuales). La prueba de que éste es el verdadero problema real y práctico –que, por supuesto todos deberíamos pensar que se aplicará también en el futuro cualquiera que sea el cambio político por elecciones populares, pues la hoy “minoría” podría invertir su papel gracias al voto de los ciudadanos, la hoy “mayoría” ocupar el papel contrario y recurrir a esta misma herramienta para evitar el gobierno de los más– está dada por la realidad de que, cuando la Constitución requiere, formalmente, una mayoría parlamentaria calificada, allí la minoría ha utilizado su poder parlamentario e inhibido la ley o, incluso, el acto sobre el cual está llamada a opinar.
Este es, sin duda alguna de mi parte, el problema práctico que requiere solución. Y de él deriva el hecho real de que jueces y funcionarios judiciales aparecen hoy divididos por razones ideológicas, como no puede ser de otra manera conforme al mecanismo antes descripto. Yo ya he expresado, sintéticamente, que no es posible conceder a todo tribunal, sin discriminar, de primera o de ulteriores instancias, unipersonal o colegiado, el enorme poder que configura el control de constitucionalidad de las leyes. Sin reclamar una “reforma constitucional” –no es correcto cambiar de Constitución como quien cambia su calzoncillo– estimo que el Parlamento nacional puede, en su caso, conceder este poder únicamente a nuestra Corte Suprema de Justicia -con la integración de jueces que considere conveniente pues la Constitución no limita el número ni lo sugiere- y establecer un procedimiento para cuando, seriamente –lo que significa también excepcionalmente–, la aplicación de la ley es impugnada sobre la base de la CN. Para ello, básicamente, existen dos posibilidades: la primera, aplicada mayormente en los países de orden jurídico cercano al nuestro, consiste en la denuncia del tribunal que recibe la impugnación y la suspensión de la decisión final hasta después de que se pronuncie la Corte sobre el punto; la segunda, que me conforma más a mí, consiste en la concesión de un recurso de revisión de la sentencia ante la Corte, sin interrupción del procedimiento y la sentencia regulares, por predicar alguna de las partes la inconstitucionalidad de la ley aplicada en la sentencia, recurso que por regla general, no tendría efecto suspensivo de la ejecución de la sentencia, salvo que la misma Corte, a pedido del interesado, ordene ese efecto.
* Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la UBA.

ANIBAL FERNANDEZ LE RESPONDIO A MACRI POR SUS DICHOS SOBRE EL PJ “Ellos vivieron del Estado”

$
0
0
El jefe de Gabinete y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, se trenzó en una discusión por la utilización del Estado con el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri. “La verdad es que los dueños del Estado han sido ellos”, disparó Aníbal Fernández en relación con la familia Macri y sus negocios. “Ellos vivieron muchos años de trabajar para el Estado como contratistas.” El jueves, Macri había sostenido que el país “se contaminó” durante la última década debido a una “concentración del poder” de quienes se creen “dueños del Estado”.
“Hay que tener cara de acero para decir eso, cuando los que han vivido del Estado siempre fueron ellos, sus familias, sus amigos, los que vivieron de la patria contratista, como se decía por entonces”, sostuvo el jefe de Gabinete en su habitual contacto matinal con los periodistas, antes de ingresar en su despacho en la Casa Rosada. “Yo no me siento dueño del Estado, nada más parte de los 41 millones 400 mil habitantes que tiene el país. Yo soy uno de ellos”, sostuvo.
El precandidato a gobernador bonaerense añadió que “yo nunca toqué un centavo que no sea por mi trabajo” y, por el contrario, insistió en que Macri y su entorno “vivieron muchos años de trabajar para el Estado como contratistas”.
Macri se presentó junto a su candidato a gobernador de Santa Fe, el cómico Miguel Del Sel, el jueves a la noche en uno de los programas de la señal TN, donde suele aparecer como invitado. Sostuvo que un hipotético triunfo de Del Sel en las elecciones de este domingo significaría que “algo despertó en la Argentina, pasa por primera vez” y que gracias a “la movilización del ciudadano común” se iba a impedir que todo se resolviera dentro de los límites del PJ.
“En la década esta se contaminó al país, se repiten estos episodios de concentración de poder donde ellos gobiernan”, agregó. Y consideró que “el PJ ha profundizado un error de base, una deformación de su forma de ser, que es creerse definitivamente los dueños del Estado”, frase que disparó la reacción de Aníbal Fernández.

Article 24

Article 23


Article 22

The Mamas And The Papas - California Dreamin'. Audio Gold Song ful HD.mp4

Article 20

14 de junio de 1982

$
0
0

en Puerto Argentino las tropas argentinas se rinden; la Guerra de las Malvinas termina restableciendo la administración británica sobre las Islas Malvinas.

El 14 de junio, quebradas las últimas líneas defensivas de la infantería que debe replegarse en medio de un desorden generalizado, se produce la rendición de las fuerzas argentinas en Malvinas la que es formalizada por Gral. Menéndez ante el Gral. británico Jeremy Moore. lo cual pone fin al conflicto armado pero no al litigio de soberanía que perdurará todavía a comienzos del siglo XXI.

Menéndez (izq) y Moore (der.)

A las 23:15 horas del 14 de junio de 1982, Margaret Thatcher comparecía ante la Cámara de los Comunes para informar a los diputados del repentino desenlace: el general Menéndez se había rendido y la Guerra de las Malvinas había, por fin, acabado.

Margaret Thatcher salía triunfal de una guerra que le ayudó lograr su reelección en 1983. Vítores y todo tipo de exclamaciones de júbilo se sucedieron en el Parlamento inglés cuando la primera ministra anunció el fin del conflicto. Fue felicitada incluso por el mismo líder de la oposición: «La noticia –dijo Michael Foot– es buena para todos: ha puesto punto final al derramamiento de sangre».

La rendición diplomática se instrumentó con dos tratados, aceptados por el gobierno del presidente Carlos Menem, sobre la base de la fórmula del paraguas, consistente en postergar indefinidamente el debate sobre la soberanía de las islas, mientras se acuerdan cuestiones económicas, que sólo benefician a Gran Bretaña. Por ello afirmaba el profesor Ricardo Paz, que el paraguas es un instrumento aceptado por las autoridades argentinas para facilitar a los ingleses el goce pacífico de la usurpación.

Por el primer tratado, de febrero de 1990, celebrado en Madrid, ambos países decidieron restablecer relaciones diplomáticas. Gran Bretaña dispuso cancelar la llamada Zona de Protección militar, en torno a las islas, pero reemplazarla por un sistema de información entre las Fuerzas Armadas, en un área similar a la anterior, y pese a declararse haber cesado las hostilidades. Como única explicación para tamaña concesión, el entonces canciller, Dr. Cavallo, declaró en la Cámara de Diputados (29/3/90): “hubo una guerra y la Argentina la perdió”. El profesor Baquero Lazcano calificó, por eso, a este tratado de rendición incondicional.

El segundo tratado, fue celebrado en septiembre de 1995, en Nueva York, y es un acuerdo sobre hidrocarburos en la zona de Malvinas. Establece una zona de 21.000 km2, donde las regalías petroleras serían a partes iguales (6 % para cada país); en la superficie restante (40.000 km2), el beneficio no será equitativo: 3 % para Argentina, 9 % para Gran Bretaña. Estos datos no están consignados con claridad, sino que surgen de la interpretación efectuada por los especialistas, ya que el Canciller Di Tella manifestó crípticamente que el tratado incluía: cosas escritas, cosas no escritas, y cosas deseadas. Lo escrito es un tratado, al igual que el de Madrid, aunque en ambos casos se los haya denominado declaraciones, para eludir la aprobación del Congreso.

El acuerdo petrolero contiene una trampa, iniciada en el tratado de Madrid, donde se incluyó un mapa de la Zona de Conservación Pesquera, de 150 millas en torno de las islas, fijada unilateralmente por Gran Bretaña. En ese mapa aparece un segmento recortado que fija de hecho una delimitación marítima entre Estados colindantes. En el segundo tratado, esta línea media indica las dos áreas especiales creadas para la explotación de hidrocarburos, configurando un stopell -reconocimiento indirecto de derechos-, que implica cerrar el paraguas y admitir tácitamente la soberanía británica sobre las islas, limitándose la Argentina a aceptar una parte de los beneficios económicos derivados de la explotación del petróleo en el Atlántico sur.

Es falso que la guerra perjudicó los derechos argentinos. En noviembre de 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas, por resol. 37/9, declaró:
  • El mantenimiento de la situación colonial en Malvinas es incompatible con los ideales de las Naciones Unidas;
  • reafirma la necesidad de respetar los intereses de los habitantes (no de los deseos);
  • pide reanudación de negociaciones por la soberanía.
Esta resolución fue aprobada con el voto de EE.UU. y reiterada en 1983. En 1990 la Unión Interparlamentaria Mundial, con delegados de 112 países, consideró a la cuestión Malvinas una situación colonial. En 1996, la cumbre de Presidentes del Mercosur respaldó a la Argentina, y en 1998, también la OEA manifiesta su respaldo en la reunión de Lima.

Por su parte, en el informe Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico, en 1983, se reconoce que:
"...problemas sustanciales diplomáticos, militares, financieros y económicos, seguirán enfrentando a GB y las islas Falklands a menos o hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República Argentina”. 

El mismo informe reconoce que “el peso de la evidencia es más favorable al título argentino”.

La Constitución Nacional, en la reforma de 1994, en su Primera disposición transitoria, ratifica para la Argentina su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas, y que la recuperación es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Aunque la gran mayoría de la opinión pública había apoyado la acción iniciada en abril, la derrota militar desencadenó una ola de aguda oposición y precipitó una crisis dentro de las Fuerzas Armadas.

Presionado por los mandos castrenses Galtieri debió renunciar a la comandancia del Ejército y a la Presidencia de la Nación. En las primeras funciones fue reemplazado por el General Cristino Nicolaides quien designó para sucederlo en la primera magistratura al General Reynaldo Bignone, que asumió el primero de julio. Ni bien inicio su mandato se reunió con representantes de todos los partidos para acordar una salida política y – poco después - convocó a las elecciones para el 30 de octubre de 1983.

Uno de los aspectos menos considerados cuando se recuerda la controvertida decisión de la Junta Militar argentina de 1982, de ocupar las Islas Malvinas, es el de los gobiernos latinoamericanos que ofrecieron o trajeron ayuda bélica contra los ingleses.

Fue un hecho geopolítico inédito en la historia continental desde las guerras de Independencia, aunque esa ayuda no significó en todos los casos apoyo político a la Junta genocida.

De hecho, este aspecto dividió aguas en el mapa diplomático latinoamericano. Los gobiernos de Chile, Colombia y Trinidad-Tobago se colocaron del lado de la potencia invasora, Inglaterra, y de su socio global, Estados Unidos.

Estados Unidos 

Acompañó a Inglaterra contra Argentina, un hecho previsible en la naturaleza imperial de ambos, en el contexto de la Guerra Fría y de la práctica regular de EEUU en la región. El asunto es que con ese apoyo, EEUU contravino todo lo pautado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíoproca, TIAR. 

El TIAR ha sido en realidad un instrumento político - militar en manos de Estados Unidos para garantizar su hegemonía en el hemisferio. El mismo ha sido invocado por la OEA cada vez que han surgido peligros para esta hegemonía. Por el contrario ha sido ignorado cuando las naciones de América han sido agredidas por poderes aliados de Estados Unidos, como en el caso de la Guerra de las Malvinas.

El TIAR ha sido invocado al menos 20 veces durante los años 1950 y 1960. Particularmente durante la Crisis de Octubre en 1962 o la guerra entre Honduras y El Salvador (1969). Sin embargo nunca fue puesto en acción debido a amenazas de la Guerra Fría. La más reciente invocación del TIAR ha sido la de Estados Unidos después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El tratado, más allá de la voluntad de los países firmantes, sólo fue útil a los intereses de Estados Unidos. El conflicto de las Malvinas significó el acta de defunción del TIAR y con él del mecanismo de seguridad y defensa establecido en el continente para la Guerra Fría. Durante la Guerra de las Malvinas, se trató de hacerlo efectivo. Sin embargo, Estados Unidos, que era tanto miembro del TIAR como de la OTAN, prefirió cumplir las obligaciones de la OTAN de la cual el Reino Unido era integrante.

Una de las razones para no cumplir el TIAR esgrimida por Estados Unidos era que Argentina había comenzado la guerra - por la invasión de las Islas Malvinas- al ocupar territorio por la fuerza, por tanto no correspondía su aplicación.

El TIAR fue promovido por Estados Unidos en 1947 para congregar a los Estados latinoamericanos y a EE.UU en un sola entidad militar ante a la amenaza militar de Europa. Según el TIAR, todo Estado parte estaba obligado a defender a cualquiera de sus miembros cuando fuera amenazado o atacado por un Estado extra continental. En 1982 hizo lo opuesto.

En aquella década, ese riesgo solo venía de la Europa fascista y el Japón, derrotados dos años antes, en 1945, y del propio Estados Unidos, que metía sus Fuerzas Armadas donde le daba la gana. Al gobierno estadounidense, el TIAR le servía para controlar los ejércitos y Estados latinoamericanos, con guerra o sin ella.

Su uniteralidad, en vez de mantener neutralidad por pertenecer a dos tratados de defensa, le valió a los Estados Unidos el descrédito internacional. Ésta fue una de las razones de México para renunciar al tratado. En junio de 2012, cuatro países pertenecientes al ALBA: Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, decidieron retirarse del TIAR, alegando su obsolecencia como mecanismo de seguridad regional

La Junta Militar esperaba lo contrario, debido a su sociedad con Washington desde 1976. Esto explica la reacción sorprendida de Rónald Reagan, al decir: "Nunca creí que se iban a atrever". El Departamento de Defensa había actuado directamente desde 1976 en Argentina "contra el riesgo comunista", con el mismo criterio geopolítico que lo había hizo en Chile desde 1970, en Brasil durante el gobierno de Goulart, en Guatemala contra Árbenz, en la Argentina de 1955, y en otros países, regidos por la Doctrina de Seguridad Nacional y la disputa global de la Guerra Fría.

Colombia

En lo que hace al apoyo de Colombia al Reino Unido, primó en el ánimo de Turbay la difícil relación con Brasil, a quien Bogotá veía aliada a Buenos Aires, y la cercanía a Estados Unidos, cuyo respaldo para la lucha contra el narcotráfico empezaba a ser un tema central.

Chile

En el año 2005, en el programa Informe Especial salió a luz el apoyo que Chile le prestó al Reino Unido. Uno de los miembros de la Junta Militar de Chile, el General Fernando Matthei, afirmó que Chile apoyó al Reino Unido. Aviones británicos con insignias chilenas sobrevolaban la Patagonia chilena y usaban bases chilenas como centros de operaciones. Además un gran número de soldados chilenos se trasladaron al sur de Chile a las fronteras, alarmando a Argentina y provocando que tropas argentinas se trasladaran a esa zona. Finalmente se supo que Chile había ayudado al Reino Unido porque en caso de una victoria argentina, el próximo objetivo serían ellos, dado que saldrían fortalecidos de la guerra y volverían a reflotar el conflicto por las islas Nueva, Picton y Lennox (Operación Soberanía), con el cual ambos países estuvieron a pocas horas de una guerra en 1978. 

La derrota argentina en la guerra impidió la invasión a Chile que había planeado Galtieri y la marina de guerra tras una exitosa campaña en las Malvinas. En una entrevista con la revista Perfil, el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Basilio Lami Dozo, dio a conocer las intenciones de Galtieri: “Que [los chilenos] saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora porque después les toca a ellos”. También Oscar Camilión, el último ministro de Relaciones Exteriores de Argentina antes de la guerra (29 marzo 1981 al 11 diciembre 1981), en sus "Memorias Políticas", confirmó el plan argentino de invasión: «Los planes militares eran, en la hipótesis de resolver el caso Malvinas, invadir las islas en disputa en el Beagle. Esa era la decisión de la Armada…». 

Algunos sectores de la opinión pública argentina ya anunciaban abiertamente en los medios la próxima invasión a Chile, como el periodista Manfred Schönfeld en el periódico "La Prensa" del 2 de junio de 1982: «Para nosotros no lo estará [terminada la guerra], porque, inmediatamente después de barrido el enemigo de las Malvinas, debe serlo de las Georgias, Sandwich del Sur y de todos los demás archipiélagos australes argentinos,...». Posteriormente fue posible la firma del tratado de 1984 con Chile.

Margaret.Thatcher y Augusto Pinochet


En sentido contrario, la mayoría del resto de naciones apoyaron a Argentina como Nación, aunque algunos gobiernos se conformaron con el gesto diplomático.

Los gobiernos de Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua y República Dominicana, aportaron pertrechos bélicos o lo ofrecieron sin haberlo podido entregar, o lo enviaron y la Junta Militar lo abandonó.

Esto ocurrió, a pesar de que algunos gobiernos adversaran al gobierno militar, incluso con denuncias en organismos internacionales por violación de derechos humanos. Para el año 1982, la Junta Militar, comandada en ese momento por el General Leopoldo Fortunato Galtieri, ya estaba denunciada en decenas de países y organismos, por múltiples asesinatos, detenciones masivas, desapariciones y persecución indiscriminada.

Lo que no esperaban, tanto la Junta como Londres y Washington, era que varios gobiernos adoptaran posturas independientes y apoyaran la reivindicación de Argentina en Malvinas, incluso en el terreno militar, como establecía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Entre los países que se destacaron por haber hecho efectivo un aporte militar para enfrentar a los ingleses, se cuentan Perú y Venezuela. Ambos gobiernos convocaron a sus poblaciones a la calle contra Inglaterra. Otros quisieron, pero no pudieron o no se atrevieron.

Bajo la responsabilidad criminal de Galtieri y la Junta Militar esa ayuda militar fue mal utilizada o simplemente defraudada, bajo el mismo criterio irresponsable y oportunista con el que había sometido al país a una guerra técnicamente tan desigual, usufructuado muchas donaciones de la población, y manipulado la voluntad nacionalista de los combatientes.

Perú

Se supo también que Perú, gobernado en esos años por Fernando Belaúnde Terry, no sólo apoyó a Argentina diplomáticamente, sino también militarmente y con acciones de inteligencia, pertrechos militares y medicinas. Perú aportó una escuadrilla de por lo menos diez Mirage V, artillados con misiles teledirigidos AS30, todos fueron despachados clandestinamente del Perú a Argentina, en abril y mayo de 1982. Una Comisión Investigadora del Senado peruano reveló la ayuda militar años después en una Sesión reservada del 23 de setiembre de 1991. Además Perú movilizó su flota naval al sur, frontera que comparte con Chile, con el propósito de neutralizar el movimiento militar chileno a la Patagonia. Las fuerzas armadas peruanas estaban listas para entrar en acción si Chile tomaba parte en el conflicto. Perú fue uno de los pocos aliados de Argentina que la apoyó abiertamente durante el conflicto.


Venezuela

En Venezuela, el gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campins, bajo la presión de un poderoso movimiento nacional contra los británicos y EEUU, decidió aportar piezas militares, en una acción temeraria, tratándose de un país y un gobierno que estaban sometidos a Washington mediante el petróleo. El momento internacional no era menos complejo. Dos situaciones -las de delimitación con Colombia y reclamación territorial a Guyana- fueron especialmente significativas para el momento en que se inició la crisis y los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra.

A finales de 1980 el gobierno había presentado a consulta un proyecto de acuerdo de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, conocido como “Hipótesis de Caraballeda”, que fue ruidosamente objetado en el país con duras críticas a lo que algunos sectores consideraron una propuesta entreguista. En el mismo año 1982, se vencía el plazo de suspensión temporal de las conversaciones con Guyana respecto al territorio reclamado por Venezuela, y a mediados de ese año el gobierno resolvió reactivar el caso. Es decir, que había una fuerte sensibilidad de importantes sectores del país hacia los temas territoriales y mucha atención a la actitud del gobierno del presidente Herrera.

Entre académicos y formadores de opinión era entonces muy socorrida la analogía entre el caso de Las Malvinas, ocupadas por los ingleses en 1833, y el de la expansión inglesa sobre territorio venezolano a partir de las líneas arbitrariamente trazadas por el explorador Robert Schomburgk a partir de esos mismos años, desde 1835.

Tanto o más que esa similitud histórica y geopolítica, pesaba otra historia: la tradición de la doctrina Monroe que –frente a los peligros ciertos de intervención europea- había sido vista con buenos ojos por muchos latinoamericanos en el siglo XIX y a comienzos del XX. Pero la capacidad hemisférica de reacción ante la respuesta armada inglesa se perdió completamente cuando el gobierno de Ronald Reagan dio apoyo al de la primera ministra Margaret Tatcher, no sólo verbal sino logístico, a la movilización de los buques ingleses.

La posición de Venezuela incluyó la presión para que el Tratado interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se pronunciase a favor de la tesis argentina, por el retiro de las fuerzas inglesas y promoviendo una salida pacífica. Esa iniciativa fue aprobada por la vasta mayoría de los cancilleres latinoamericanos. Las excepciones fueron Chile, Colombia, Estados Unidos y Trinidad y Tobago, cuya posición objeto en aquellos meses de mucha atención y reflexión.

Así, a pesar de que gobierno argentino era un régimen militar ya para entonces muy desprestigiado por su violación de derechos humanos y no obstante que el gobierno venezolano había concentrado buena parte de sus esfuerzos internacionales en Centroamérica (de modo que se coincidía con ciertas posiciones de Estados Unidos respecto a las transiciones a la democracia en el istmo), la crisis de Las Malvinas propició el acercamiento latinoamericano en torno a la idea de organizarse en un foro sin Estados Unidos, el país que había olvidado lo bueno que tenía la doctrina Monroe y que había preferido la OTAN a la OEA y el TIAR.

El general de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Rómulo Henriquez, ex agregado militar en Washington durante el gobierno de Arturo Illía, declaró EN 1999 para el libro Reportaje con la Muerte, que dos aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela llegaron clandestinamente a Tucumán en mayo de 1982. Esos aviones nunca fueron usados y permanecieron en hangares militares de esa ciudad durante años. (Reportaje con la Muerte, pág. 171, M.E. Guerrero, Ediciones B, Buenos Aires 2002).

Además de los dos aparatos, la Junta recibió gran cantidad de municiones de 7.62mm, bombas MK-82/84, algunos torpedos y tanques lanzables para Mirage III y repuestos para éste avión.

República Dominicana

ofreció públicamente el envío de tropas para apoyar a la Argentina, pero nunca salió de puertos dominicanos. 

Uruguay

Había mantenido una posición equidistante, modificó parcialmente su postura y ofreció ser mediador en el canje de prisioneros entre la Argentina y Gran Bretaña, preparó el Operativo Maíz para habilitar el Hospital Militar y el Hospital Maciel para recibir heridos argentinos de guerra, y además, habría pasado datos al gobierno argentino para detectar submarinos y buques sospechosos, pero esto nunca fue confirmado.

Cuba

Había cumplido órdenes de Moscú favorables a la dictadura en 1976, decidió facilitar información de la KGB en Londres sobre el lugar del desembarco de las fuerzas inglesas. La Habana ofreció dos batallones de casi 6.000 hombres de tropas especializadas en combate en clima frío, entrenados por los rusos en Siberia, además, de aviones MIG-21 pilotados por cubanos, MIG-23BN Flogger H, especializada en ataques antibuque y submarinos clase "Foxtrot". Ninguno de esos aparatos o equipos pudieron desembarcaron en territorio argentino.

Nicaragua

Otro gobierno que tampoco pudo cumplir su ofrecimiento de ayuda militar fue Nicaragua. Públicamente había anunciado estar dispuesta a enviar tropas entrenadas en la guerra a los "Contras", además de municiones para los cañones AA de 20 y 35mm. Panamá, un pequeño país del Istmo, con un pequeño ejército, se limitó al apoyo diplomático.


Fidel Castro (der.) y el canciller argentino Nicanor Costa Méndez (izq.)

Fuera de América, pocos fueron los países que se atrevieron a colocarse del lado argentino:

España

Fue el único país europeo-occidental que condenó el ataque británico y votó contra la Resolución de la ONU, y trascendió que habría enviado "extraoficialmente" indicaciones técnicas sobre los Harriers ingleses, por ser el mismo modelo operado por su Armada.

URSS

La Unión Soviética, en agradecimiento a Argentina por el trigo y la carne aportada contra el embargo norteamericano, suministró fotos satelitales y utilizó aviones TU-95 desde Angola para seguir a la Flota británica. Se sabe que también desplegó en la zona de conflicto un submarino nuclear y uno de propulsión convencional para hacer seguimiento a los buques británicos. 

Irlanda e Italia

Se limitaron, como lo hicieran Panamá y otros países latinoamericanos aliados de EE.UU, al apoyo diplomático. 

Libia

En cambio, el gobierno de Kadaffi en Libia, ofreció la lista de armas de guerra más completa, incluyendo misiles, municiones y minas personales y antitanque, además del compromiso de buscar misiles AM.39 en el mercado negro de armas. Nunca se pudo confirmar si este paquete llegó y fue usado en Malvinas contra el imperio inglés.


Puede interesarle

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres LA POBREZA EN UN AÑO ELECTORAL Por Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

$
0
0


Con motivo de la colecta anual de Cáritas Argentina vuelve, como todos los años, aemerger el tema de la pobreza, las estadísticas, la preocupación, la "pobreza cero”, y variopintas declaraciones episcopales sumadas a la próxima "Semana de Pastoral Social" que se realizará como todos los años en Mar del Plata.
En este contexto se escuchan diversas voces de obispos que nos resultan significativas:
· Mons. Martínez afirmó que "le preocupa la realidad y no las estadísticas"
· Mons. Oscar Ojea declaró que "no tenemos indicadores precisos, Caritas no hace encuestas".
· Mons. Arancedo afirmó que “la pobreza es de dos dígitos siempre”
En todos los casos sin embargo -y sin que afirmen cuáles son los argumentos científicos o académicos- hacen suyos el índice de pobreza medido por el Observatorio de la UCA.
Esa actitud contradictoria de afirmar – por un lado – que no se valoran las estadísticas como si la realidad pudiera apreciarse sin mediaciones, y a su vez aceptar sin la debida neutralidad las mediciones de la UCA resta objetividad a los comentarios y opiniones sobre un tema tan serio.
Nos resulta un evidente signo de parcialidad notar que en las intervenciones eclesiales o de diferentes actores sociales sobre el tema de la pobreza suelen obviarse una serie de medidas inclusivas y trascendentes para la reducción del hambre y la pobreza que fueron ejecutadas como políticas de Estado en los últimos años y que también son parte de la realidad. Políticas que de hecho han reducido drásticamente la pobreza e indigencia que alcanzaran niveles delirantes a fines del 2001.
El Dr Bernardo Kliksberg, autoridad mundial en temas de pobreza, ha destacado las vigorosas políticas antipobreza y proigualdad de la Argentina. Se expandieron las políticas públicas, se hicieron grandes inversiones en educación y salud, aumentaron sustancialmente los salarios reales mínimos y medios y las jubilaciones, se crearon nuevos puestos de trabajo y se auxilió especialmente a los más pobres con programas sociales tales como la Asignación Universal por Hijo.
Es algo evidente que la pobreza es un fenómeno indisociable tanto del modelo económico aplicado por el gobierno que esté al frente de un Estado como del sistema económico global impuesto por las potencias desarrolladas. Nos gustaría escuchar a los Obispos o a los candidatos a presidente hablar acerca de cuál sería el modelo económico que reduciría la pobreza, porque no se trata solo de expresar la preocupación por la misma sino de apoyar efectivamente un modelo de país, un modelo de economía y sociedad.
La Argentina conoció el hambre en los 90 de la mano del modelo neoliberal. La UCA ha sido y sigue siendo frecuente lugar de disertación de economistas neoliberales, (como Domingo Cavallo funcionario de la dictadura militar y adalid de la economía de los 90) cuyas propuestas agravan la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo. No le reconocemos, por tanto, autoridad alguna para hablar seriamente de la pobreza en la Argentina.
Por otro lado, nos resulta curioso escuchar una y otra vez voces eclesiásticas que se manifiestan escandalizadas por la pobreza, pero que a la vez no encuentran escándalo en la riqueza que ostentan sus asesores y no reparan en los modelos económicos que defienden. Alguna vez quisiéramos escuchar nombres y modelos más que excusas tales como “no somos técnicos” o semejantes.
Finalmente, sabemos que hay muchos problemas por resolver, mucho camino resta por andar. Pero no ignoramos el largo camino transitado de inclusión e incorporación de aquellos compatriotas que los modelos anteriores habían dejado heridos al costado del camino.
Como curas que caminan en medio de los pobres, escuchando sus clamores y celebrando sus fiestas, hacemos nuestro el deseo ferviente del Obispo Oscar Romero, beato y mártir. Un mundo igualitario con justicia social sin concentración egoísta y violenta de la riqueza, que sin dudas es una de las causas más profundas de la pobreza: «Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Éste es el gran mal de El Salvador: la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable. ¡Y ay del que toque ese alambre de alta tensión! Se quema.» (24-7-77)

31.05.2015 / Ciudad Las pruebas de la mafia porteña que levanta clausuras

$
0
0

31.05.2015 / Ciudad

Las pruebas de la mafia porteña que levanta clausurasLa evidencia y los documentos de las inspecciones en obra pública, empresas y talleres textiles muestran que, en la Ciudad de Buenos Aires, todas las habilitaciones se encuentra con irregularidades. Se conocieron a través del diario Tiempo Argentino, detalles de las actas que muestran cómo el grupo de inspectores trabajan "levantando" o evitando clausuras o multas, respondiendo directamente a los responsables máximos del área dentro del gobierno de Mauricio Macri


Todo es parte del sistema que sostiene Fernando Cohen, el actual gerente operativo de Inspecciones. Hace unos meses, el funcionario apareció en una cámara oculta reconociendo que el macrismo le ordenaba levantar o parar clausuras a los "amigos". 

El mundo de las obras en construcción es uno de los universos con más irregularidades y "no clausuras", a pesar del enorme riesgo de vida existente. Tal fue el caso de una obra a cargo de la empresa CyL Desarrollos Inmobiliarios S.A en la calle Ramón Falcón al 5700, que por falta de condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores fue solicitado el pedido de clausura. Luego de la intervención de Alicia Vázquez, ex Coordinadora Operativa de Inspecciones, no se realizó el procedimiento. 

A Vázquez, Macri la reclutó luego de un acto en La Boca: la mujer era coordinadora de la cooperativa de los bomberos del barrio. Lo mismo ocurrió en otros casos -por lo menos una decena de actas más- de obras, como la de la calle Lacarra al 170, de la empresa Castelli Borgert. Tantas veces fue el inspector con pedidos de clausura, que fueron negados en la sede de gobierno, que en el acta aclaró que fue "devuelta clausura no realizada".
 
También se confirma el del uso de actas duplicadas. La metodología es clara: se labra un acta con un número X con irregularidades en un local, que el GCBA considera "no clausurable". Luego, se envía a otro inspector "obediente", que vuelve a hacer un acta, sin irregularidades. Pero las dos tienen el mismo número X. Si bien ambas quedan asentadas, la no deseada desaparece. 

También se denuncia el taller de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), la imprenta del Grupo Clarín, por la muerte de una trabajadora tercerizada en julio de 2008 por aplastamiento de un portón de la planta. Un mes después, inspectores del gobierno de la Ciudad acudieron al lugar a pedido del personal y detectaron, falta de funcionamiento de la alarma acústica y falta de señalización de portones. Además, se reportaron falta de circulación y vías de escape de los sectores de producción e irregularidades medioambientales. Pero nada pasó.
 
En 2011, la empresa estuvo cerrada por arrojar residuos tóxicos al río y en 2014, se detectaron allí matafuegos vencidos. Uno de los inspectores que trabajaban en tándem con el gobierno de la Ciudad, Claudio Matrero, asistió a las instalaciones de AGR, labró allí un acta pero a continuación enumeró las mismas irregularidades que había al momento de la muerte de la trabajadora, tres años antes, sin siquiera sugerir clausuras preventivas que provoquen los cambios de fondo que pedían los empleados.
 
Matrero, uno de los inspectores más fieles al PRO, es el mismo que nunca inhabilitó el depósito de Iron Mountain habiendo realizado allí varias inspecciones, sabiendo que el depósito era clandestino.
 
En Iron Mountain murieron 10 bomberos y el denunciante Edgardo Castro, que había presentado cámaras ocultas para probar las irregularidades del galpón, aseguró que fue Mauricio Macri personalmente quien impidió clausurar ese lugar. Era un local de Goyo Zidar, directivo de Boca y amigo de Macri.

Lo mismo ocurre en una empresa llamada Ramón Chozas, una gráfica que tiene varios contratos con el gobierno de la Ciudad, además de encargarse de la impresión de documentación de seguridad, cheques y tarjetas, en paralelo, también imprimieron boletas para las elecciones. Allí, Castro ha presentado un pedido de inhabilitación por falta de medidas de seguridad, como bandejas antiderrame para contener todos los productos químicos (alcohol isopropílico, tintas, etcétera). Según Castro, se pidió la clausura, pero nunca ocurrió. 
 
El grupo de inspectores también se encargó de trabar clausuras en infinidad de talleres clandestinos, luego de que pasasen colegas que habían sugerido inhabilitaciones. Según se informó, existe un escudo de protección a un grupo de empresarios que monopolizan talleres clandestinos bajo la máscara de cooperativas de trabajo.

Article 16


Tracy Chapman Stand By Me David Letterman

La ley primera

$
0
0
Es casi un lugar común repetir aquellos versos del Martín Fierro que auguran un festín caníbal si los hermanos se pelean. Hernández, con sabiduría, sentenciaba que eran "los de afuera" los que se aprovecharían de las disputas –y como siempre– en beneficio propio.
Enrique Masllorens
. Por eso la Ley Primera es que los hermanos sean unidos. O como enseñaría años después el General Perón, que los compañeros debían permanecer unidos, organizados y solidarios.
Ninguna de estas recomendaciones parecen estar siendo observadas o seguidas por algunos dirigentes y por muchos adherentes o simpatizantes del kirchnerismo. Es dable comprobar que a medida que pasan las semanas aumenta la espiral de descalificaciones, operaciones y hasta de calumnias en contra del precandidato Daniel Scioli, con un grado de irresponsabilidad que puede comprometer el futuro y la continuidad del proyecto nacional, popular y transformador iniciado en 2003.
Quienes fueran -hasta el baño de humildad- pre- candidatos y dirigentes importantes del espacio, habían deslizado un cierto malestar por la impronta descalificadora de Florencio Randazzo hacia su rival en la próxima interna. Gane quien gane esa compulsa es imprescindible la unidad posterior y todos los esfuerzos y militancia tras quien finalmente represente al Frente para la Victoria en las cruciales elecciones de octubre. Otra actitud sería traicionar lo que iniciaron Perón y Evita hace 70 años, que costó sangre y libertad a miles de resistentes y que encarnaron y lo siguen haciendo Néstor y Cristina.
Resulta alarmante cómo en las redes sociales se enloda, insulta y se menosprecia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, haciéndole el caldo gordo a la peor oposición y alegrando a los medios hegemónicos que operan para confundir y agrandar la brecha. Rompiendo puentes no se construyen mayorías.
Tampoco colaboran aquellos que por ser referentes en los medios y por ende con una responsabilidad mayor, se vuelven tribuneros y hasta provocadores. El entrañable y talentoso Carlos Barragán en estas mismas páginas se refiere a Scioli como "cualquier cosa" ,y lo mismo hace tanto en Radio Nacional o en coro en el programa que co conduce en la TV Pública. Todos tenemos la libertad de expresar lo que pensamos y adherir a quien consideremos que es mejor. Pero la agresión a compañeros de nuestro propio FPV puede comprometer la continuidad del proyecto. Y eso es imperdonable.
Lógicamente en una competencia por el voto ciudadano es necesario, recomendable y natural que se expresen las diferencias y hasta que se fuercen un tanto los argumentos para poder tomar la delantera en las preferencias. Pero sin sacar los pies del plato. Sin empujar a una diáspora y un desencanto irreparable en caso de ganar el candidato que no elegimos.
Como en toda actividad humana y social, hay distintas razones y motivaciones para las decisiones y actitudes. Las hay personales y algo mezquinas, como pensar en una continuidad laboral. Las hay más profundas y consistentes como las ideológicas y la adhesión o coincidencia con la visión de país del político que queremos apoyar y seguir. Y existen algunas más difíciles de rastrear o aceptar, más vinculadas al origen de clase, al lugar de residencia y hasta del barrio de donde somos. Y aunque no lo reconozcamos, hasta de los gustos.
Hay un microclima porteño, clasemediero y cacerolero (pero de 6,7,8) y progre. Un poco lo que sabiamente el politólogo Hernán Brienza define como "progresismo bobo". Y tomando las palabras del poeta y ensayista Martín Rodríguez, que añoran y desean el "perfume a FREPASO". Esa mescolanza política que con elegancia y buenos modos palermitanos pactó con De la Rúa y terminó llamando a Cavallo para llegar sin despeinarse a diciembre de 2001.
La resistencia al peronismo no es exclusiva de los gorilas. El gorilismo -como el machismo- es difícil de extirpar aun de las buenas conciencias. Y en el caso de Daniel Scioli, además de las objeciones que honestamente pueden hacerle, pesan también temas tan banales como los gustos musicales o estéticos: si prefiere a Pimpinela por sobre Spinetta, si puede ser amigo de Tinelli y no frecuentar a Ricardo Forster, o ser aceptado por Carta Abierta.
El mes de junio debería ayudarnos a reflexionar y a comprometernos en un destino común que nos necesita a todos decididos a triunfar. En junio de hace 60 años sufrimos el peor atentado terrorista de nuestra historia con el asesinato de más de 350 ciudadanos y cientos de mutilados y heridos. Y fue con la anuencia y complicidad de radicales, socialistas, conservadores y comunistas, alentados por la Sociedad Rural, la embajada norteamericana y la cúpula de la Iglesia. Y en junio del '56 la masacre de José León Suárez y los fusilamientos de los militares patriotas y democráticos ante el silencio y festejo del mismo grupo de políticos que sirvieron a la Revolución Fusiladora. Y fuimos siempre los peronistas que pusimos los muertos y los presos ante el silencio opositor.
Vale recordar las palabras de Perón en el Congreso General Constituyente del Partido Peronista, en los albores de su primer gobierno: "Es desgraciado pensar, aunque explicable, que nosotros, por no tener una oposición con quien combatir, nos estamos combatiendo entre nosotros mismos." Y en otro momento instaba: "Esa lección la debemos dar a todos los demás partidos y a la masa de nuestro partido. Esa lección de unidad, tolerancia, lealtad y sinceridad para con nosotros mismos será el ejemplo más tonificante para la Nación."
Tenemos dos candidatos peronistas, con menos diferencias de lo que se quiere irresponsablemente ahondar. Unidos triunfaremos

TIEMPO ARGENTINO

Article 13

QUIENES FUERON LOS POLITICOS Y ECONOMISTAS LOCALES QUE RECOMENDARON PAGAR LA SENTENCIA DEL JUEZ Los argentinos del Club Singer & Griesa

$
0
0
Por Alfredo Zaiat *
El financista buitre Paul Singer y el juez Thomas Griesa.
Cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no ocuparse del juicio de los fondos buitre contra la Argentina, dejando firme la sentencia del juez Thomas Griesa, hubo una comunión de dirigentes políticos y economistas del establishment que recomendó pagar sin protestar. Era un consejo desacertado. En el momento de mayor debilidad relativa del país frente a ese conflicto, en el segundo semestre del año pasado, esa propuesta hubiese tenido graves consecuencias. Significaba acatar la orden del juzgado de Nueva York comandado por Griesa y desembolsar 1330 millones de dólares más intereses (ahora es un monto de unos 1800 millones). El costo financiero para la Argentina hoy sería elevadísimo si el Gobierno hubiera aceptado esa propuesta. Con el rústico argumento de que la suma no era elevada, que era un grupo reducido de querellantes y que el desembolso aliviaría el frente externo, aconsejaban aceptar una sentencia desproporcionada en relación al capital original de los bonos demandado. Más allá de lo que decía este frente local que actuó voluntaria o involuntariamente como aliado de los fondos buitre liderados por Paul Singer, pagar no solucionaba el conflicto con los buitres sino que, por el contrario, lo hubiese agravado. Resistir esa sentencia no fue sólo una cuestión de defensa de soberanía económica, aspecto que para muchos de los miembros del Club Singer & Griesa es un tema menor. Fue además una acertada decisión en materia financiera vinculada a la sustentabilidad de las cuentas públicas.
El error que hubiese implicado convalidar la propuesta de pagar la sentencia Griesa quedó en evidencia con la presentación realizada por los denominados me too (yo también, en inglés) en ese mismo juzgado de Nueva York. Los me too son fondos buitre que reclamaron ser incorporados con el mismo derecho que tienen los liderados por Singer en relación a la sentencia Griesa. Esos inversores representan 37 demandas colectivas de 526 fondos e individuos (498 cuentan con fallos a favor de otros juzgados), entre los que se encuentra también Singer.
Como era previsible teniendo en cuenta los antecedentes del juicio, Griesa aceptó ese pedido hace diez días. Entonces, ya no son los 1800 millones de dólares reclamados por Singer & Cía. sino que el monto se eleva, por lo menos, en otros 5400 millones y si se extiende al total del 7,6 por ciento que no ingresaron al canje de deuda, la suma alcanza de 17.000 a 20.000 millones de dólares.
Ante la evolución que tuvo el juicio de los buitres, ¿quiénes fueron los líderes políticos y economistas locales que aconsejaron pagar? y ¿qué argumentos utilizaron entonces para justificar el cumplimiento de la sentencia Griesa?
- Mauricio Macri: “El tiempo se acabó. Lo que corresponde para no seguir agravando las cosas, lo que hay que hacer es, con mucha tranquilidad, ir a la instancia que propone Thomas Griesa, no hay otro alternativa.” (La Nación, 17 de junio de 2014.) Dos días después reiteró el consejo en Radio Mitre: “Si hay que pagar al contado, habrá que pagar el contado. Si regularizamos este tipo de situación y generamos confianza, estos números van a ser insignificantes”.
- Sergio Massa: “Querer buscar culpables por el fallo de Estados Unidos es un error. Pagar es la oportunidad de dar un gesto como país”. (La Nación, 17 de junio de 2014.)
- Julio Cobos: “La voluntad de pago del Gobierno tiene que manifestarse también en el cumplimiento de la sentencia”. (Declaraciones en Radio Del Plata, 23 de julio de 2014, publicadas por la agencia Télam.)
- Ernesto Sanz: “No creo en una salida de negarse a acatar el fallo, sería malo”. (La Nación, 17 de junio de 2014.)
- Francisco de Narváez: “El rumbo no es el correcto. Es mejor un mal arreglo (con los fondos buitre) que ir a un default”. (Declaraciones a Radio Mitre, 14 de agosto de 2014, publicadas por El Cronista.)
- Elisa Carrió: “Lo que no se puede hacer es desacatar un fallo porque si no nadie nos dará un crédito. Lo que quiere Cristina es irse con el país destruido”. (En la presentación de su libro Humanismo y libertad, 5 de septiembre de 2014.)
Cualquier pago que hubiera realizado Argentina sin respetar lo acordado con los bonistas que aceptaron el canje 2005 y 2010 de títulos en default habría terminado en una insoportable carga de endeudamiento sobre los gobiernos que sucederán al de Cristina Fernández de Kirchner. Además, hubiera puesto en riesgo la exitosa reestructuración de deuda que implicó una fuerte quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los vencimientos. Cumplir sin chistar la sentencia Griesa (Argentina no desconoció el fallo Griesa, aunque lo cuestionó por incluir una interpretación extravagante de la cláusula pari passu) significaría una carga muy pesada para las cuentas públicas: equivale al 60 por ciento de las actuales reservas del Banco Central. El aspecto extravagante del reclamo buitre es que, invocando el pari passu, quieren cobrar más que los acreedores que aceptaron el canje, porque pretenden el ciento por ciento del capital más intereses sin la quita, extensión del plazo y disminución de la tasa. Griesa les concedió ese pedido aplicando además una tasa judicial de hasta el 9 por ciento anual sobre el monto de los bonos. La aceptación del criterio de los buitres ha violado, precisamente, el pari passu, puesto que colocó a esos fondos en una situación de preferencia sobre el resto.
El conocido grupo de economistas del establishment también había irrumpido en el debate público con el consejo de pagar a los buitres cuando quedó firme la sentencia Griesa.
- Carlos Melconian: “Los holdouts son tipos de buena voluntad. Compraron títulos para ahorrar. No hay ninguno en la oposición que tenga pelotas para explicarlo así. Es que si un amigo te debe guita y no te paga es un garca”. (Declaraciones a Radio América, 26 de agosto de 2013, publicadas en El Cronista.)
- Miguel Angel Broda: “Decidimos calzarnos los guantes e ir a la pelea. La verdad es que tuvimos el peor asesoramiento legal imaginable”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
- Mario Blejer: “Hay que comenzar la negociación con la premisa de que hay que pagar todo. Pero una buena negociación sería que paguemos con bonos, a tasa baja y cantidad mucho menor a precio nominal de lo que exigen”. (Declaraciones a Radio La Red, 26 de junio de 2014, publicadas en La Nación.)
- Miguel Kiguel: “Esto deja al Gobierno entre la espada y la pared; es difícil negociar cuando el otro tiene el ancho de espadas en la mano. No pagar y cambiar la jurisdicción sería entrar en desacato con la Justicia de Nueva York, algo inédito”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
- Federico Sturzenegger: “La soberbia y la impericia del gobierno se pagan con estos problemas y desgraciadamente todo va a repercutir sobre el bolsillo de los argentinos”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
- Domingo Cavallo: “La mejor solución es sentarse a negociar con los acreedores que han obtenido este fallo a su favor. Argentina debería pagar con bonos a largo plazo y tratar de negociar una tasa de interés lo más baja posible”. (Declaraciones a Radio La Red, 16 de junio de 2014, publicadas en Perfil.)
- Daniel Artana: “Si no se llega a un acuerdo hay riesgos de agravar la recesión”. (Declaraciones a Radio Mitre, 28 de julio de 2014, publicadas por El Cronista.)
Cuando salieron a la luz los me too, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que la sentencia Griesa “fue una trampa muy bien armada en la que cayó la mayoría de los economistas de la oposición diciendo que había que ir a conseguir un descuentito y pagar”. Para agregar que “se está cumpliendo paso a paso lo que dijimos que iba a suceder. No eran solamente Paul Singer de NML y sus 1800 millones de dólares. Sino que era en buena medida de nuevo Paul Singer y por muchísima plata más que le reclamaban a la Argentina”.
Las afirmaciones aquí detalladas de esos políticos y economistas exhiben desconocimiento en materia legal e irresponsabilidad financiera en relación a las cuentas públicas. Además exponen la idea de que la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros en la emisión de deuda obliga a la Argentina a aceptar la sentencia sin protestar ni escudarse en el concepto de soberanía. No es así. Existe un cuestión que algunos ocultan y otros ignoran: la diferencia entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución.
Aceptar tribunales extranjeros para dirimir litigios, como el abierto por los buitres por bonos del default 2002, no significa que un país deba someterse a cualquier sentencia que viole su propio ordenamiento legal o que atente contra decisiones soberanas en materia financiera. La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros no anula la noción de que la actuación de los órganos políticos del Estado argentino se encuentra únicamente sometida a la soberanía popular y a los principios de la Constitución Nacional y no puede ser cuestionada por ningún órgano de un estado extranjero, como el Poder Judicial de Estados Unidos. La investigadora Julieta Rossi lo explica en “Derechos humanos, desarrollo nacional y deudas sobernas” (Informe 2015 Derechos Humanos en Argentina, del CELS): “El Poder Judicial de Estados Unidos ha obviado por completo que la Argentina está imposibilitada de pagar el 100 por ciento de sus acreencias a los fondos buitre porque implicaría un proceder ilegal que incumpliría sus leyes internas de reestructuración de deuda pública, aprobadas por el Congreso Nacional”.
El Gobierno no ha desconocido el derecho de los fondos buitre a cobrar por sus bonos, sino que ha reiterado en más de una oportunidad que no puede pagarlos tal como lo dispuso Griesa. Como muestra de voluntad de pago ha presentado una oferta pública y oficial a los buitres que les significa una ganancia de más del 300 por ciento del capital que habían invertido. Oferta que fue rechazada una y otra vez.
¿Por qué esos mismos políticos y economistas que han sido tan enfáticos en aconsejar el pago a los buitres según la sentencia Griesa, no han sido igualmente enérgicos en aconsejar a Singer & cía. la aceptación de la oferta argentina?
azaiat@pagina12.com.ar
* Con la colaboración de Federico Kucher.

ECONOMIA Ideas predatorias al acecho

$
0
0
 Por Raúl Dellatorre
“Hoy hacer una discusión sobre la economía argentina sin abordar todas las derivaciones de la cuestión de los fondos buitre es obviar una cuestión central”, comentó a Página/12 esta semana, durante una extensa charla, uno de los responsables del Cefid.Ar, Guillermo Wierzba, quien está a cargo de la organización de un seminario que en los próximos días discutirá sobre “Crisis Mundial - Nuevos paradigmas y experiencias emergentes”. Y es que la forma en que el Gobierno encaró el tema, por un lado, y la postura asumida por referentes políticos y económicos de la oposición, por otro (analizada en la nota central de estas páginas por Alfredo Zaiat), definen en gran parte el lugar que le otorgan a la Argentina en una nueva configuración mundial, que surgirá cuando las réplicas de la crisis de 2008 hayan quedado definitivamente atrás.
Esa crisis fue la consecuencia de un abuso de poder, el que ejerció un capital financiero dominante que terminó dislocando el funcionamiento de los mercados de materias primas, el sistema bancario, el flujo de capitales y el comercio mundial. Lógicamente, para lograr su objetivo –que no era producir el descalabro, sino producir fenomenales ganancias aun a costa de un descalabro global–, primero hubo que imponer una “desregulación” aceptada por todo el mundo económico, la pérdida de poder de los Estados nacionales tanto para controlar como para ejercer sus derechos soberanos. Incluso ante los tribunales extranjeros para defender los derechos del país frente a un interés privado, aunque éste fuera groseramente especulativo.
El fenómeno “fondos buitre” no es una consecuencia de la crisis, sino que es previo, estuvo en su génesis. Es parte de la construcción del poder de ese capital financiero que necesita barrer con el derecho a defensa de los Estados nacionales. Es decir, necesita un cuerpo de Justicia que se colusione con sus intereses. La Justicia que cumplió ese rol fue la de Estados Unidos.
“La colusión de intereses es evidente”, planteó Wierzba a Página/12. “La cuestión de los fondos buitre es un tema político, no estrictamente financiero como pretenden algunos. Hay un negocio privado y hay una especialización de los fondos buitre en este tipo de negocios de alto riesgo. Pero la Justicia norteamericana está interviniendo, sentando posición en forma arbitraria, ajena a derecho, a favor de los intereses de los fondos buitre. Ahora, si no se contara con esa intervención de la Justicia, si los fondos buitre no estuvieran seguros de ella, no se justificaría el negocio”, definió el director de Cefid.Ar.
Argentina, desde el Gobierno, enfrentó el tema poniendo la política por delante de la economía. “Es lo correcto –opinó Wierzba–. Es lo que correspondía y es una posición sólidamente sostenida, pero uno de los pilares de esta estrategia es mantener este posicionamiento a futuro.”
Anticipando un debate que seguramente volverá darse el jueves, en el seminario que se desarrollará en el Salón de Actos del Banco Nación, Wierzba respondió, a la pregunta de cómo se imagina ese futuro, tras las elecciones, con otro interrogante a manera de hipótesis. “Muchos especulan con el cambio de gobierno, suponiendo un cambio hacia una posición más negociadora. ¿Y qué pasa si el próximo gobierno se planta y no acepta pagar en condiciones que no sean las ya pactadas en el canje? ¿Por qué vamos a generar expectativas de que la política respecto de los fondos buitre va a ser distinta, si la realidad es que el Gobierno actual demostró los límites del accionar de los buitres y la Justicia norteamericana? La realidad es que llegaron hasta un punto, no se les pagó, y no pudieron seguir más allá. Mantener la posición de Argentina y no terminar derrotados en la batalla con los buitres es un tema esencial también para la próxima administración.”
Las razones para esta última afirmación se podrán encontrar si se acepta que la de los buitres no es una batalla aislada, sino que es parte de una gran guerra. La guerra de los viejos paradigmas neoliberales que tratan de volver a imponerse. La Argentina la libra en varios frentes.
Uno es el de los foros internacionales, donde trata de impone la necesidad de una reforma estatutaria que introduzca un nuevo régimen internacional que regule la reestructuración de deudas soberanas, defendiendo el derecho de los países a transitar ese camino sin riesgos a un ataque buitre en cualquier atajo. ¿Por qué hay quienes se resisten a un régimen de regulación que el propio sistema financiero mundial admite como necesario? “Cuando se discute en foros internacionales, la única oposición es en base al argumento de que cualquier intervención pública va a afectar el desarrollo, porque la falta de libertad, de confianza en el mercado, va a ahuyentar las inversiones: ahí se ve surgir el paradigma de la no injerencia de la política en la economía”, respondió Wierzba.
Otro frente es el comercial, donde el país, como miembro del Mercosur, tuvo que debatir esta última semana en Bruselas sobre un tratado de libre comercio con la Unión Europea cuyas condiciones y consecuencias no distan mucho del contenido del ALCA, el TLC de las Américas que fue derrotado en la Cumbre de 2005 en Mar del Plata. El retorno del mismo debate es un reflejo de la crisis: en Europa, que intenta imponer su modelo neoliberal para volver a América latina, y en Brasil, donde los grupos económicos más ligados al capital financiero desplazaron al empresariado industrial paulista, alcanzando incluso a tener peso en el gobierno del PT.
Un tercer frente de ataque sobre Argentina, derivado de la crisis mundial, ha sido el de la fuga de capitales, ahora con las revelaciones que surgen de las investigaciones en los casos HSBC y JP Morgan. La fuga no es un fenómeno que tenga que ver con falencias de las economías locales: es un fenómeno global y responde a la lógica de acumulación del capital financiero y al comportamiento de las burguesías locales. En Argentina, el último proceso de fuga se aceleró en pleno auge de la economía, con un crecimiento superior al 7 por ciento anual, acumuló 150 mil millones de dólares de activos fugados desde 2003 hasta 2012, y dejó reflejados quiénes son los que fugan. “Una burguesía diversificada en sus negocios, los que más ganan cuando el país crece pero buscan llevarse al exterior los resultados: no son un bloque social que pueda engarzarse en una política de desarrollo”, los describió Wierzba. “Países como los nuestros no pueden ser abiertos financieramente, deben vigilar, controlar e impedir estos movimientos”, agregó.
Vinculado a esta última recomendación, surge el cuarto frente de combate: la discusión sobre las políticas de Estado relacionadas con el mercado cambiario y financiero. En opinión del titular del Cefid.Ar, “la administración cambiaria, con regulaciones que suponen un sistema de cambios múltiples, es importante como herramienta para un modelo de industrialización y desarrollo y debería reafirmarse tal cual hacia futuro, y no como una cuestión coyuntural, en camino a una futura unificación y liberación cambiaria”. No es casual ni inocente el intento de instalar el debate sobre la supuesta “necesidad” de un tipo de cambio libre y único, un mercado abierto de divisas y la eliminación de los controles, regulaciones y “el cepo”. Los viejos paradigmas no se dan por vencidos.
Viewing all 29049 articles
Browse latest View live