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Article 18
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niembro....
Fernando Niembro está en problemas. El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la alianza Cambiemos –formada por el Pro de Mauricio Macri, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la UCR presidida por Ernesto Sanz- está hace unos días en el centro de la tormenta luego de que Tiempo Argentino revelara que le había facturado 21 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Macri a través de una empresa que fundó y que tenía a la administración porteña como único cliente. Otros datos que se fueron sumando complicaron aun más el panorama: Niembro vendió la empresa en 2014 por 20 mil pesos y su ex socio también integra la boleta de candidatos de Cambiemos en la provincia.
Este mediodía, Niembro llamó para salir al aire de Radio Mitre luego de que escuchara algunos comentarios que a su juicio eran equivocados. A continuación, algunos fragmentos del intercambio que mantuvo con los periodistas Jorge Lanata y Diego Leuco:
Lanata: Hay un montón de información que se nos aparece como contradictoria. Quería hacerle preguntas puntuales para que nos pueda dar respuestas en el mismo tono.¿Cuándo se crea la empresa La Usina?
Niembro: La empresa La Usina se crea hace cinco años.
Lanata: ¿Más o menos en qué fecha?
Niembro: Y…cinco años atrás estamos hablando de 2010. No tengo tantas precisiones…
Lanata: Y…pero es su empresa.
Niembro: No, no, correcto. Porque yo me desvinculé de la empresa hace un año y medio…
Lanata: Pero cuando se creó, usted estaba.
N: Por supuesto, por supuesto.
(…)
Lanata: ¿Es cierto que la empresa tenía sólo dos clientes, el Gobierno de la Ciudad y el Banco de la Ciudad?
Niembro: Mientras yo estuve, un solo cliente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lanata: ¿Y no tenían empleados?
Niembro: No teníamos empleados porque en el caso de las encuestas subcontratábamos. En los otros casos, era un trabajo muy simple, muy artesanal: conseguir la pauta publicitaria y trasladarla.
Lanata: ¿Llamaba usted personalmente?
Niembro: Llamaba mi socio, Atilio Alberto Meza.
(…)
Diego Leuco: Disculpe, estoy ingresando a Nosis, que es una fuente comercial, y la sociedad está inscripta en el año 2012 y usted se desvincula en 2014.
Niembro: Exactamente, yo me desvinculo en ese momento porque avizoraba la posibilidad de participar en política, ni se me ocurría ser candidato.
Lanata: No quiero dejar pasar el dato que acaba de dar Diego: ustedes conforman la empresa en el mismo año en que consiguen el primer cliente, no dos años antes.
Niembro: Exactamente.
Lanata: Le digo porque acaba de decir lo contrario.
Niembro: Perdone la imprecisión. No era yo el que llevaba la administración de la empresa, así que puede que haya cometido ahí una falta.
Lanata: Usted nos cuenta que se retira para dejar sus actividades por su rol político, ¿no?
Niembro: Exactamente.
Lanata: Sin embargo, deja la empresa en nombre de otro candidato.
Niembro: Sobre la vida de Meza y su actividad política, no tengo nada que ver. Es mi ex socio.
Lanata: Está bien, pero usted hace algo que evidentemente su ex socio no hizo.
(…)
Diego Leuco: Usted cede la empresa a 20 mil pesos. Parecería bajo si uno lo compara con la facturación de la sociedad…
Niembro: Yo vengo de la actividad privada a hacer de mis responsabilidades lo que yo quiera.
Lanata: Está todo bien, pero usted no puede vender una empresa que factura 1 millón en 20 mil pesos. Porque hay algo raro en eso.
Niembro: Lo va a determinar el juez si hay algo raro. Yo decidí ceder. No quería saber más nada con la empresa.
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Article 16
Agencia Paco Urondo compartió un enlace.
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Article 15
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Article 14
Todo termina donde empezó: el endeudamiento en dólares, como moneda única de reserva, y la apreciación del dólar, con su consecuencia eterna: El aumento de la deuda externa en dólares de los países emergentes, y de sus empresas.
Esto fue Argentina hasta el año 2003. Ahí empezó el desendeudamiento y, además, como no teníamos acceso al mercado de capitales, nuestras empresas privadas, al igual que el país, tienen un bajísimo nivel de endeudamiento en moneda extranjera…
Y despu...
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Article 13
Museo Evita
VI Feria del Libro de Temática Peronista
Gratis, del 11 al 14 de septiembre, en el Museo Evita.
Del 11 al 14 de septiembre de 2014 Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Feriados
Museo Evita
Lafinur 2988, Ciudad de Buenos Aires
Costo: Gratis
Del 11 al 14 de septiembre, como iniciativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (INIHEP), se realiza, en el Museo Evita, la VI Feria del Libro de Temática Peronista, que propone un espacio de difusión de textos sobre el peronismo y un ámbito de intercambio de ideas y de debate sobre ese movimiento político, desde sus orígenes hasta la actualidad.
En el encuentro, habrá stands de exhibición y venta de ejemplares de editoriales universitarias, privadas y de institutos de investigación, mesas redondas, conferencias y presentaciones de libros de reciente edición. La Feria está dirigida a investigadores, docentes, estudiantes universitarios y terciarios y al público interesado en la temática propuesta.
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Article 12
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Article 11
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Article 10
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Article 9
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Article 8
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LA JUSTICIA ALLANO EL GOBIERNO PORTEñO PARA LLEVARSE DOCUMENTACION SOBRE LOS CONTRATOS DEL CANDIDATO A DIPUTADO Don Niembro y su pandilla
La Justicia realizó cinco allanamientos en oficinas del gobierno porteño por la investigación de las irregularidades en la contratación millonaria de una empresa creada por Fernando Niembro. Para colmo, su socio Atilio Meza también es candidato a diputado por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
La Usina de negocios de Niembro y Macri
El fiscal Velarde encabezó los procedimientos y se llevó documentación del área Compras y Contrataciones. También la Procelac abrió una investigación preliminar por lavado. El socio de Niembro también es candidato de Cambiemos.
Los contratos del Gobierno de la Ciudad con la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado de Cambiemos y beneficiario –a través de una productora de publicidad– de millonarios negocios con fondos del Estado, resultan cada día más llamativos. La empresa creada por el comentarista deportivo, que facturó trabajos por 21 millones de pesos, no tenía empleados registrados. Niembro aseguró que se desvinculó de ella para ser candidato, pero su socio, Atilio Alberto Meza, resultó que también era candidato de Cambiemos. De hecho, lo sigue siendo y sigue estando a cargo del negocio. Con La Usina S.R.L., Niembro facturó mientras fue socio 10 millones con dos únicos clientes, el gobierno porteño y el Banco Ciudad. Pero se desprendió de su parte por la exigua cifra de 20 mil pesos. Con estos datos como telón de fondo, la Justicia dio impulso a una causa para determinar si se cometió el delito de administración fraudulenta. Ayer, la fiscalía de instrucción de Carlos Velarde se presentó en el gobierno porteño para llevarse documentación del área de Compras y Contrataciones. También habrían realizado un allanamiento en las oficinas de La Usina Producciones. Mientras se realizaban estos operativos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una segunda investigación, de carácter preliminar, sobre los movimientos de los fondos para determinar si hubo lavado de dinero.
Los operativos, cinco en total, fueron llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43. La semana pasada, en base a una notas periodísticas, el abogado Antonio Liurgo presentó la denuncia inicial para que se investigara la adjudicación de los contratos de encuestas y consultoría. El viernes, el fiscal pidió medidas al juez de instrucción Roberto Ponce, que autorizó los allanamientos u órdenes de presentación, delegando la instrucción en la fiscalía.
Fuentes judiciales aseguraron que ayer, cuando el personal se presentó a pedir la documentación les fue entregada. Velarde ya comenzó a analizar el material secuestrado, aunque según una primera lectura, los documentos estarían incompletos. “No se encontró nada”, fue la definición.
Los hechos denunciados podrían implicar la comisión no solamente del delito de presunta administración fraudulenta: La Usina, creada por Niembro en mayo de 2012, recibió en los tres años que van hasta hoy 21 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad por servicios que no está claro si se prestaron, mediante contratos que eludieron la licitación pública.
Muchos de esos trabajos fueron pagados como encuestas y auditorías, una actividad que no figura entre los fines de la empresa –que fue inscripta como una productora de publicidad–. Para evitar los controles, los funcionarios porteños utilizaron el mecanismo de la contratación directa y otras veces apelaron al Decreto 556/2010, que permite hacer gastos de “imprescindible necesidad”.
Por esto, la Procelac, organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó, resolvió abrir una investigación preliminar. La Procelac pidió también al gobierno porteño el listado completo de las contrataciones a La Usina y el detalle de su objeto y montos. Ayer, recibió, además, una denuncia de la legisladora Gabriela Alegre (FpV) en el mismo sentido.
“Está claro que el objeto y las contrataciones a La Usina Producciones no constituían un servicio esencial ni revistieron urgencia”, indicó en la diputada en la presentación que dejó en el área de Delitos contra la Administración Pública. “La falta de transparencia fue mayúscula porque también se violó la obligación legal de publicar en el Boletín Oficial las contrataciones. Y el escenario se agrava porque no hay evidencia ciertas de que los servicios contratados se hayan efectivamente concretado.”
Para Alegre, “resulta claro que el vínculo político de Niembro con el jefe de Gobierno y el partido de gobierno –del que es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires– hizo posible estas contrataciones millonarias”. Dado que los contratos eludieron todos los controles, no fueron informados en el Boletín Oficial, se firmaron con una empresa que no tiene registrados empleados y no está acreditado que efectivamente se hayan realizado, la diputada concluyó que se puede presumir que hubo “una maniobra dirigida a blanquear fondos”.
También el abogado Liurgo llevó una nueva denuncia, en este caso ante la fiscalía de primera instancia y como ampliación de su presentación inicial. Los datos que aportó señalan otras irregularidades y elementos que no cierran sobre el funcionamiento de la productora. Por ejemplo, “el socio de Niembro, Meza, declaró a la AFIP que gana menos de 15 mil pesos por mes”, detalló a Página/12. ¿Cómo sería eso posible estando al frente de una empresa que facturó millones? Sin empleados registrados, es un misterio quiénes realizaron las encuestas. “Meza tampoco estaba registrado como gerente de la empresa ni tiene registro de empleador. Estas son cosas que el Gobierno porteño tenía que haber controlado antes de contratar a La Usina”.
Existe un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para que no se permita la contratación de personas y empresas que tengan deudas impositivas, agregó. “Tanto Niembro como su empresa tenían deudas con el fisco y los siguieron contratando.”
Todos estos elementos surgen de registros de organismos oficiales como la AFIP o la Inspección General de Justicia. Un último dato, sin embargo, salió de la boleta electoral de Cambiemos, en la que el socio de Niembro, Atilio Meza, resultó que figura como candidato a diputado suplente. En el macrismo no negaron esa doble condición de candidato y contratista, pero le quitaron importancia. Consultados sobre el punto, se limitaron a responder con un “Meza está, pero de relleno”.
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El socio también es candidato
Hasta ahora, el candidato a diputado Fernando Niembro no pudo explicar claramente el extraordinario beneficio conseguido por su firma La Usina –sin empleados ni antecedentes en el rubro– gracias a contrataciones directas con el gobierno porteño. Entre las respuestas que dio, dijo que había vendido su parte hacía un año y medio, antes de que se firmaran los principales contratos. La respuesta fue repetida luego por los principales candidatos del PRO, incluyendo a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Pero resultó que, para entonces, La Usina ya había facturado contratos por 10 millones de pesos. Además, hace un año y medio Niembro comenzó el trámite, pero la desvinculación formal se concretó recién hace seis meses. Pese a las perspectivas que ofrecía con tan buenos negocios, vendió su parte en La Usina al precio de saldo de 20 mil pesos a Aldana Meza, a quien se cree vinculada a su ex socio Atilio Meza. Pero lo que Niembro nunca contó es que Atilio Meza también era candidato en la misma lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que él. Claro que mientras Niembro va como número uno, Meza ocupa el modesto lugar 13 entre los candidatos suplentes. Sin embargo, las sospechas de las vinculaciones políticas quedaron plenamente confirmadas.
El mismo modus operandi
La flojera de papeles en el accionar legal de las empresas de propiedad o vinculadas al periodista y candidato a diputado bonaerense por el PRO, Fernando Niembro, no comenzaron con las irregularidades en los contratos entre La Usina, productora de la que era socio, y el Ejecutivo porteño. Allá por 1990, cuando oficiaba de secretario de Prensa y Difusión del entonces presidente Carlos Menem, debió renunciar al cargo tras conocerse que la publicidad del canal público pasaba por una empresa de la que también era socio accionario. Así como sucede por estos días, la revelación entonces lo puso bajo el foco de la corrupción. La Justicia investiga si Niembro, a través de La Usina, cobró una pauta millonaria del gobierno porteño, en manos del partido que integra y por el que uno de los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires. Hace 13 años, se hizo público que la facturación de la publicidad del Estado en Argentina Televisora Color (ATC) bajo su órbita –dado que era secretario de Prensa y Difusión– se hacía a través de una agencia privada de su propiedad.
“Un mecanismo para financiar la campaña”
El diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié se preguntó si la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, no es un mecanismo para financiar las campañas de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Es una empresa que no tiene empleados, que se creó para cobrar los 23 millones de pesos por contratación directa y solamente tiene como cliente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el legislador. En el mismo sentido se pronunció la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien aseguró que la denuncia sobre los contratos que beneficiaron a una empresa vinculada al periodista y candidato del PRO con esos millonarios contratos evidencia “un mecanismo oculto de financiamiento de la política” y afirmó que no es el único caso, por lo cual pedirá el listado de consultoras que trabajan para el Gobierno de la Ciudad. “Con la plata que los porteños pagan, por ejemplo en los impuestos y subas de ABL, se está financiando la campaña nacional de Mauricio Macri y la de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal”, dijo la legisladora. Para Cerruti, este mecanismo representa “una asociación ilícita en la cual se inventan consultoras que son contratadas nada más que por el gobierno porteño y cuyos pagos vuelven al PRO para la campaña”. Por eso presentará un pedido de informes para exigir a la gestión macrista “cuántas son las consultoras que existen actualmente como proveedoras del Estado porteño” y que, según sospecha la legisladora, podrían haber sido beneficiadas con el mismo sistema de contrataciones directas. En ese marco, relató sobre un “caso paradigmático” que detectó en publicaciones del Boletín Oficial de la Ciudad y que refiere al marido de la vicejefa de Gobierno y candidato del PRO en Morón, Ramiro Tagliaferro, quien, a su vez, “es director asociado de la consultora Poliarquía”.
Con sólo dos clientes
La Usina Producciones fue contratada mediante el decreto 556/2010 en, por lo menos, 20 oportunidades, por un monto cercano a los 8 millones de pesos, entre los años 2013-2015, para realizar encuestas y auditorías para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en relación al servicio de Higiene Urgana. La Secretaría de Medios de la Jefatura de Gobierno, el Ministerio de Modernización, el de Desarrollo Social y el de Salud usaron la modalidad de contratación directa con contratos que sumaron otros diez millones entre 2012 y 2015. Los trabajos contratados fueron, entre otros, publicidad institucional hospitalaria y folletería del servicio de transporte. La Usina tuvo sólo dos clientes; el gobierno porteño y el Banco Ciudad, que la contrató para difundir publicidad durante el Mundial de Fútbol 2014, realizado en Brasil. El contrato superó el millón de pesos por publicidad en el canal Fox Sport, en el que trabajaba Niembro. El periodista deportivo vendió su parte de la empresa en 20 mil pesos a Aldana Meza –se cree que familiar del otro socio, Atilio Meza–. La cesión se habría realizado en marzo de 2014, cuando la empresa ya había facturado al GCBA más de diez millones de pesos.
08/09/15 Página|12
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La Usina de negocios de Niembro y Macri
El fiscal Velarde encabezó los procedimientos y se llevó documentación del área Compras y Contrataciones. También la Procelac abrió una investigación preliminar por lavado. El socio de Niembro también es candidato de Cambiemos.
Los contratos del Gobierno de la Ciudad con la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado de Cambiemos y beneficiario –a través de una productora de publicidad– de millonarios negocios con fondos del Estado, resultan cada día más llamativos. La empresa creada por el comentarista deportivo, que facturó trabajos por 21 millones de pesos, no tenía empleados registrados. Niembro aseguró que se desvinculó de ella para ser candidato, pero su socio, Atilio Alberto Meza, resultó que también era candidato de Cambiemos. De hecho, lo sigue siendo y sigue estando a cargo del negocio. Con La Usina S.R.L., Niembro facturó mientras fue socio 10 millones con dos únicos clientes, el gobierno porteño y el Banco Ciudad. Pero se desprendió de su parte por la exigua cifra de 20 mil pesos. Con estos datos como telón de fondo, la Justicia dio impulso a una causa para determinar si se cometió el delito de administración fraudulenta. Ayer, la fiscalía de instrucción de Carlos Velarde se presentó en el gobierno porteño para llevarse documentación del área de Compras y Contrataciones. También habrían realizado un allanamiento en las oficinas de La Usina Producciones. Mientras se realizaban estos operativos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una segunda investigación, de carácter preliminar, sobre los movimientos de los fondos para determinar si hubo lavado de dinero.
Los operativos, cinco en total, fueron llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43. La semana pasada, en base a una notas periodísticas, el abogado Antonio Liurgo presentó la denuncia inicial para que se investigara la adjudicación de los contratos de encuestas y consultoría. El viernes, el fiscal pidió medidas al juez de instrucción Roberto Ponce, que autorizó los allanamientos u órdenes de presentación, delegando la instrucción en la fiscalía.
Fuentes judiciales aseguraron que ayer, cuando el personal se presentó a pedir la documentación les fue entregada. Velarde ya comenzó a analizar el material secuestrado, aunque según una primera lectura, los documentos estarían incompletos. “No se encontró nada”, fue la definición.
Los hechos denunciados podrían implicar la comisión no solamente del delito de presunta administración fraudulenta: La Usina, creada por Niembro en mayo de 2012, recibió en los tres años que van hasta hoy 21 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad por servicios que no está claro si se prestaron, mediante contratos que eludieron la licitación pública.
Muchos de esos trabajos fueron pagados como encuestas y auditorías, una actividad que no figura entre los fines de la empresa –que fue inscripta como una productora de publicidad–. Para evitar los controles, los funcionarios porteños utilizaron el mecanismo de la contratación directa y otras veces apelaron al Decreto 556/2010, que permite hacer gastos de “imprescindible necesidad”.
Por esto, la Procelac, organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó, resolvió abrir una investigación preliminar. La Procelac pidió también al gobierno porteño el listado completo de las contrataciones a La Usina y el detalle de su objeto y montos. Ayer, recibió, además, una denuncia de la legisladora Gabriela Alegre (FpV) en el mismo sentido.
“Está claro que el objeto y las contrataciones a La Usina Producciones no constituían un servicio esencial ni revistieron urgencia”, indicó en la diputada en la presentación que dejó en el área de Delitos contra la Administración Pública. “La falta de transparencia fue mayúscula porque también se violó la obligación legal de publicar en el Boletín Oficial las contrataciones. Y el escenario se agrava porque no hay evidencia ciertas de que los servicios contratados se hayan efectivamente concretado.”
Para Alegre, “resulta claro que el vínculo político de Niembro con el jefe de Gobierno y el partido de gobierno –del que es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires– hizo posible estas contrataciones millonarias”. Dado que los contratos eludieron todos los controles, no fueron informados en el Boletín Oficial, se firmaron con una empresa que no tiene registrados empleados y no está acreditado que efectivamente se hayan realizado, la diputada concluyó que se puede presumir que hubo “una maniobra dirigida a blanquear fondos”.
También el abogado Liurgo llevó una nueva denuncia, en este caso ante la fiscalía de primera instancia y como ampliación de su presentación inicial. Los datos que aportó señalan otras irregularidades y elementos que no cierran sobre el funcionamiento de la productora. Por ejemplo, “el socio de Niembro, Meza, declaró a la AFIP que gana menos de 15 mil pesos por mes”, detalló a Página/12. ¿Cómo sería eso posible estando al frente de una empresa que facturó millones? Sin empleados registrados, es un misterio quiénes realizaron las encuestas. “Meza tampoco estaba registrado como gerente de la empresa ni tiene registro de empleador. Estas son cosas que el Gobierno porteño tenía que haber controlado antes de contratar a La Usina”.
Existe un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para que no se permita la contratación de personas y empresas que tengan deudas impositivas, agregó. “Tanto Niembro como su empresa tenían deudas con el fisco y los siguieron contratando.”
Todos estos elementos surgen de registros de organismos oficiales como la AFIP o la Inspección General de Justicia. Un último dato, sin embargo, salió de la boleta electoral de Cambiemos, en la que el socio de Niembro, Atilio Meza, resultó que figura como candidato a diputado suplente. En el macrismo no negaron esa doble condición de candidato y contratista, pero le quitaron importancia. Consultados sobre el punto, se limitaron a responder con un “Meza está, pero de relleno”.
El socio también es candidatoHasta ahora, el candidato a diputado Fernando Niembro no pudo explicar claramente el extraordinario beneficio conseguido por su firma La Usina –sin empleados ni antecedentes en el rubro– gracias a contrataciones directas con el gobierno porteño. Entre las respuestas que dio, dijo que había vendido su parte hacía un año y medio, antes de que se firmaran los principales contratos. La respuesta fue repetida luego por los principales candidatos del PRO, incluyendo a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Pero resultó que, para entonces, La Usina ya había facturado contratos por 10 millones de pesos. Además, hace un año y medio Niembro comenzó el trámite, pero la desvinculación formal se concretó recién hace seis meses. Pese a las perspectivas que ofrecía con tan buenos negocios, vendió su parte en La Usina al precio de saldo de 20 mil pesos a Aldana Meza, a quien se cree vinculada a su ex socio Atilio Meza. Pero lo que Niembro nunca contó es que Atilio Meza también era candidato en la misma lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que él. Claro que mientras Niembro va como número uno, Meza ocupa el modesto lugar 13 entre los candidatos suplentes. Sin embargo, las sospechas de las vinculaciones políticas quedaron plenamente confirmadas.
El mismo modus operandi
La flojera de papeles en el accionar legal de las empresas de propiedad o vinculadas al periodista y candidato a diputado bonaerense por el PRO, Fernando Niembro, no comenzaron con las irregularidades en los contratos entre La Usina, productora de la que era socio, y el Ejecutivo porteño. Allá por 1990, cuando oficiaba de secretario de Prensa y Difusión del entonces presidente Carlos Menem, debió renunciar al cargo tras conocerse que la publicidad del canal público pasaba por una empresa de la que también era socio accionario. Así como sucede por estos días, la revelación entonces lo puso bajo el foco de la corrupción. La Justicia investiga si Niembro, a través de La Usina, cobró una pauta millonaria del gobierno porteño, en manos del partido que integra y por el que uno de los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires. Hace 13 años, se hizo público que la facturación de la publicidad del Estado en Argentina Televisora Color (ATC) bajo su órbita –dado que era secretario de Prensa y Difusión– se hacía a través de una agencia privada de su propiedad.
“Un mecanismo para financiar la campaña”
El diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié se preguntó si la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, no es un mecanismo para financiar las campañas de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Es una empresa que no tiene empleados, que se creó para cobrar los 23 millones de pesos por contratación directa y solamente tiene como cliente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el legislador. En el mismo sentido se pronunció la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien aseguró que la denuncia sobre los contratos que beneficiaron a una empresa vinculada al periodista y candidato del PRO con esos millonarios contratos evidencia “un mecanismo oculto de financiamiento de la política” y afirmó que no es el único caso, por lo cual pedirá el listado de consultoras que trabajan para el Gobierno de la Ciudad. “Con la plata que los porteños pagan, por ejemplo en los impuestos y subas de ABL, se está financiando la campaña nacional de Mauricio Macri y la de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal”, dijo la legisladora. Para Cerruti, este mecanismo representa “una asociación ilícita en la cual se inventan consultoras que son contratadas nada más que por el gobierno porteño y cuyos pagos vuelven al PRO para la campaña”. Por eso presentará un pedido de informes para exigir a la gestión macrista “cuántas son las consultoras que existen actualmente como proveedoras del Estado porteño” y que, según sospecha la legisladora, podrían haber sido beneficiadas con el mismo sistema de contrataciones directas. En ese marco, relató sobre un “caso paradigmático” que detectó en publicaciones del Boletín Oficial de la Ciudad y que refiere al marido de la vicejefa de Gobierno y candidato del PRO en Morón, Ramiro Tagliaferro, quien, a su vez, “es director asociado de la consultora Poliarquía”.
Con sólo dos clientes
La Usina Producciones fue contratada mediante el decreto 556/2010 en, por lo menos, 20 oportunidades, por un monto cercano a los 8 millones de pesos, entre los años 2013-2015, para realizar encuestas y auditorías para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en relación al servicio de Higiene Urgana. La Secretaría de Medios de la Jefatura de Gobierno, el Ministerio de Modernización, el de Desarrollo Social y el de Salud usaron la modalidad de contratación directa con contratos que sumaron otros diez millones entre 2012 y 2015. Los trabajos contratados fueron, entre otros, publicidad institucional hospitalaria y folletería del servicio de transporte. La Usina tuvo sólo dos clientes; el gobierno porteño y el Banco Ciudad, que la contrató para difundir publicidad durante el Mundial de Fútbol 2014, realizado en Brasil. El contrato superó el millón de pesos por publicidad en el canal Fox Sport, en el que trabajaba Niembro. El periodista deportivo vendió su parte de la empresa en 20 mil pesos a Aldana Meza –se cree que familiar del otro socio, Atilio Meza–. La cesión se habría realizado en marzo de 2014, cuando la empresa ya había facturado al GCBA más de diez millones de pesos.
08/09/15 Página|12
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Avatares de una oposición sin estrategia Por Alejandro Horowicz
El 23 de agosto votaron en Tucumán, y en algunas localidades el comicio fue interrumpido por la quema de urnas; el 24 una concentración opositora, que desconoció el resultado electoral, resultó reprimida por la policía provincial. Como un solo hombre, la oposición gritó "¡fraude!"
A pesar de que las posibilidades de que la historia de los comicios santafesinos se repita son altas –es decir, que los números le den la razón al oficialismo triunfante– conviene entender de qué clase de fraude se habla. Lectura conservadora tradicional: un hombre que no "era libre" (que dependía económica o políticamente de alguien) no podía ejercer responsable y democráticamente sus derechos electorales; el argumento -extraído de la Revolución Francesa- organiza el voto censitario: sólo quienes pagaban impuestos y eran propietarios resultaban autorizados a elegir y ser elegidos. O, como lo ha traducido la versión ilustrada, sólo quienes eran dueños de sí estando alfabetizados y no siendo asalariados accederían a la ciudadanía política. Esta mirada reduce el derecho a tener derecho a las clases propietarias; en cambio el argumento democrático plantea el camino inverso: los que no poseen son, en última instancia, los desfavorecidos por el orden imperante y por tanto -apalancados en el poder del voto mayoritario- son los garantes de propiciar el cambio.
Discutir larga y pormenorizadamente sobre el carácter "responsable" del voto de los propietarios termina pareciéndose mucho más a una defensa de la propiedad existente tal y como es, que a cualquier clase de transformación democrática. Eso no impide poner en la picota la capacidad efectiva del voto popular para modificar semejante estado. En ambos casos, es posible argumentar sobre las ventajas y las limitaciones del camino político recorrido. Convine no confundir los términos: en un caso se está discutiendo sobre la eficacia del voto para modificar las relaciones sociales, y en el otro se trata sencillamente de un orden que se autoperpetúa con la sola legitimación de sus beneficiarios. Dicho de otro modo, en un caso estamos debatiendo una crítica al orden capitalista existente y en el otro estamos sosteniendo que esa crítica carece de fundamento. Es decir, constituye un intento de modificar la lógica societaria condenada al fracaso.
Retomemos el hilo. Es necesario poner en foco que se estaba discutiendo, en el marco de las elecciones tucumanas, cuando se gritaba fraude; se aludía a las archiconocidas maniobras clientelares, jamás erradicadas de la historia nacional, que nada tenían que ver con el emponderamiento del pobrerío frente a la administración Alperovich (que encubrió la impunidad del proxenetismo local, que conservó intacta la desigualdad social, y que no modificó una justicia provincial organizada por la dictadura burguesa terrorista del '76). Para que el grito de fraude fuera un instrumento político de transformación, la sociedad que eligió dos veces como gobernador al general Bussi sin que nadie pusiera en entredicho el carácter democrático de ese resultado tendría que haber cambiado. No sucedió.
Una elección nacional dividida en elecciones provinciales, donde cada oficialismo organiza las fechas según su propia conveniencia, plantea una suerte de visión extremadamente lenta del resultado final. Las PASO, que constituyen una suerte de anticipo para ese resultado, permiten -al menos en teoría- producir algunos reagrupamientos capaces de modificar el desenlace final de la elección. Es claro que el Frente para la Victoria contiene a la primera minoría electoral nacional, lo que no queda tan claro es que esa minoría -según las leyes electorales vigentes- le permita ganar las presidenciales en primera vuelta. La denominada "estrategia opositora" se reduce a intentar impedirlo, esto es: cualquiera menos Scioli. Esta "verdad" resulta excesivamente lábil ya que el "cualquiera menos Scioli" a la hora del conteo oculta un segundo debate; curiosamente, existe una lectura pseudodemocrática de a quién le corresponde primerear en ese caso: a la fuerza ubicada en segundo término. En este punto la estrategia opositora pierde su condición de tal, no sólo porque un segmento de la tercera fuerza no mira con excesivo agrado que Mauricio Macri sea el próximo presidente, sino porque un buen segmento de sus integrantes en rigor de verdad prefiere la presidencia de Scioli a la de Macri. Tal es caso de la vicepresidenta del bloque massista en la legislatura porteña, Mónica López, que declaró que en un eventual balotaje entre Macri y Scioli, votaría a Scioli porque es peronista. Claro que en ese punto la lógica partidaria y la de los grandes medios comerciales, interesados en que el próximo gobierno resulte políticamente más empático que el anterior, no coinciden. Los medios resuelven aritméticamente el diferendo como si los votos dependieran finalmente del abanico de posibilidades que permite el orden político y, por tanto, si ese abanico se reduce sustantivamente, la chance de que gane el segundo crece (tal como lo propone explícitamente Beatriz Sarlo).
Es posible sostener que dicha apuesta a la unificación de candidaturas no constituye una decisión de lo más democrática, ya que estaría manipulando el resultado final. Pero, pragmáticamente y más allá de cuestiones morales, lo cierto es que estas estrategias sólo pueden cumplimentarse antes de las PASO y muy difícilmente después. Es que el nivel de compromiso que cada uno de los dirigentes asume y negocia con sus militantes no puede desconocerse tan sencillamente. En una sociedad donde la labilidad de los vínculos políticos es tan manifiesta como el valor de las prebendas, mandar a la casa sin más trámite al pequeño segmento de los que se movilizan tiene costos irreparables. Costos que ningún dirigente nacional puede asumir si no dispone de una adecuada oferta de contrapartida.
Un clásico de las últimas dos elecciones presidenciales fue la estrategia "republicana" de la oposición, esto es: sostener que otra victoria del oficialismo equivalía a desnaturalizar la lógica política de una sociedad democrática. En ese instante, discursivamente, la oposición pareciera existir organizadamente. No es cierto. Es que el punto de cruce sólo permite oponerse a la decisión oficial sin que la otra coalición, la opositora, abandone el terreno de las generalidades. Es decir, la unidad inicial comienza a desmigajarse. Considerar los argumentos del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, alcanza para comprenderlo; en un intento de salvar la ropa, Solá llama a reconocer la victoria de Juan Luis Manzur en Tucumán desconociendo el grito unitario de fraude del 24 de agosto.
Basta que la oposición se transforme en una sumatoria imposible de fragmentos para que la derrota del oficialismo se vuelva crecientemente hipotética. Esto propicia que los defensores del fin de ciclo K queden sin juego. El debilitamiento de próximo gobierno, más que depender de un cierto resultado electoral, estaría vinculado a recortar su capacidad legitimatoria. Un gobierno surgido de condiciones "dudosas" tiene dificultades adicionales para desconocer la capacidad de lobby y la presión, por ejemplo, de la banca financiera internacional. Para poder disfrutar de una sentencia en segunda instancia de la justicia neoyorquina con respecto a las decisiones del juez Griesa, es preciso haberse sostenido frente al juez. Y un gobierno "ilegítimo" no estaría en condiciones enfrentar en simultáneo a la "oposición" y a Griesa. Cosa que el gobierno K pudo hacer y cuyo rédito disfrutará el próximo gobierno.
Al mismo tiempo, poner en entredicho la legitimidad del orden político sólo termina teniendo sentido para quienes están en condiciones de sustituirlo radicalmente. La pregunta es: ¿existen las condiciones para semejante posibilidad? Una mirada sudamericana permite darse cuenta de que esa chance existe; basta repasar las recientes movilizaciones opositoras en Venezuela y Brasil, encabalgadas en agudas crisis de precios y abastecimientos -motivadas por la crisis global- y por la incapacidad para salvar los cuellos de botella de economías altamente dependientes del precio internacional de los commodities. Precios que impactan en la distribución del ingreso, en mayor medida que los aumentos nominales del salario. Dicho con sencillez: si el barril de petróleo no supera los 60 dólares, el gobierno de Nicolás Maduro tiembla, sólo un barril de 100 dólares asegura la estabilidad de los seguidores del comandante Chávez.
iNFO|news
A pesar de que las posibilidades de que la historia de los comicios santafesinos se repita son altas –es decir, que los números le den la razón al oficialismo triunfante– conviene entender de qué clase de fraude se habla. Lectura conservadora tradicional: un hombre que no "era libre" (que dependía económica o políticamente de alguien) no podía ejercer responsable y democráticamente sus derechos electorales; el argumento -extraído de la Revolución Francesa- organiza el voto censitario: sólo quienes pagaban impuestos y eran propietarios resultaban autorizados a elegir y ser elegidos. O, como lo ha traducido la versión ilustrada, sólo quienes eran dueños de sí estando alfabetizados y no siendo asalariados accederían a la ciudadanía política. Esta mirada reduce el derecho a tener derecho a las clases propietarias; en cambio el argumento democrático plantea el camino inverso: los que no poseen son, en última instancia, los desfavorecidos por el orden imperante y por tanto -apalancados en el poder del voto mayoritario- son los garantes de propiciar el cambio.
Discutir larga y pormenorizadamente sobre el carácter "responsable" del voto de los propietarios termina pareciéndose mucho más a una defensa de la propiedad existente tal y como es, que a cualquier clase de transformación democrática. Eso no impide poner en la picota la capacidad efectiva del voto popular para modificar semejante estado. En ambos casos, es posible argumentar sobre las ventajas y las limitaciones del camino político recorrido. Convine no confundir los términos: en un caso se está discutiendo sobre la eficacia del voto para modificar las relaciones sociales, y en el otro se trata sencillamente de un orden que se autoperpetúa con la sola legitimación de sus beneficiarios. Dicho de otro modo, en un caso estamos debatiendo una crítica al orden capitalista existente y en el otro estamos sosteniendo que esa crítica carece de fundamento. Es decir, constituye un intento de modificar la lógica societaria condenada al fracaso.
Retomemos el hilo. Es necesario poner en foco que se estaba discutiendo, en el marco de las elecciones tucumanas, cuando se gritaba fraude; se aludía a las archiconocidas maniobras clientelares, jamás erradicadas de la historia nacional, que nada tenían que ver con el emponderamiento del pobrerío frente a la administración Alperovich (que encubrió la impunidad del proxenetismo local, que conservó intacta la desigualdad social, y que no modificó una justicia provincial organizada por la dictadura burguesa terrorista del '76). Para que el grito de fraude fuera un instrumento político de transformación, la sociedad que eligió dos veces como gobernador al general Bussi sin que nadie pusiera en entredicho el carácter democrático de ese resultado tendría que haber cambiado. No sucedió.
Una elección nacional dividida en elecciones provinciales, donde cada oficialismo organiza las fechas según su propia conveniencia, plantea una suerte de visión extremadamente lenta del resultado final. Las PASO, que constituyen una suerte de anticipo para ese resultado, permiten -al menos en teoría- producir algunos reagrupamientos capaces de modificar el desenlace final de la elección. Es claro que el Frente para la Victoria contiene a la primera minoría electoral nacional, lo que no queda tan claro es que esa minoría -según las leyes electorales vigentes- le permita ganar las presidenciales en primera vuelta. La denominada "estrategia opositora" se reduce a intentar impedirlo, esto es: cualquiera menos Scioli. Esta "verdad" resulta excesivamente lábil ya que el "cualquiera menos Scioli" a la hora del conteo oculta un segundo debate; curiosamente, existe una lectura pseudodemocrática de a quién le corresponde primerear en ese caso: a la fuerza ubicada en segundo término. En este punto la estrategia opositora pierde su condición de tal, no sólo porque un segmento de la tercera fuerza no mira con excesivo agrado que Mauricio Macri sea el próximo presidente, sino porque un buen segmento de sus integrantes en rigor de verdad prefiere la presidencia de Scioli a la de Macri. Tal es caso de la vicepresidenta del bloque massista en la legislatura porteña, Mónica López, que declaró que en un eventual balotaje entre Macri y Scioli, votaría a Scioli porque es peronista. Claro que en ese punto la lógica partidaria y la de los grandes medios comerciales, interesados en que el próximo gobierno resulte políticamente más empático que el anterior, no coinciden. Los medios resuelven aritméticamente el diferendo como si los votos dependieran finalmente del abanico de posibilidades que permite el orden político y, por tanto, si ese abanico se reduce sustantivamente, la chance de que gane el segundo crece (tal como lo propone explícitamente Beatriz Sarlo).
Es posible sostener que dicha apuesta a la unificación de candidaturas no constituye una decisión de lo más democrática, ya que estaría manipulando el resultado final. Pero, pragmáticamente y más allá de cuestiones morales, lo cierto es que estas estrategias sólo pueden cumplimentarse antes de las PASO y muy difícilmente después. Es que el nivel de compromiso que cada uno de los dirigentes asume y negocia con sus militantes no puede desconocerse tan sencillamente. En una sociedad donde la labilidad de los vínculos políticos es tan manifiesta como el valor de las prebendas, mandar a la casa sin más trámite al pequeño segmento de los que se movilizan tiene costos irreparables. Costos que ningún dirigente nacional puede asumir si no dispone de una adecuada oferta de contrapartida.
Un clásico de las últimas dos elecciones presidenciales fue la estrategia "republicana" de la oposición, esto es: sostener que otra victoria del oficialismo equivalía a desnaturalizar la lógica política de una sociedad democrática. En ese instante, discursivamente, la oposición pareciera existir organizadamente. No es cierto. Es que el punto de cruce sólo permite oponerse a la decisión oficial sin que la otra coalición, la opositora, abandone el terreno de las generalidades. Es decir, la unidad inicial comienza a desmigajarse. Considerar los argumentos del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, alcanza para comprenderlo; en un intento de salvar la ropa, Solá llama a reconocer la victoria de Juan Luis Manzur en Tucumán desconociendo el grito unitario de fraude del 24 de agosto.
Basta que la oposición se transforme en una sumatoria imposible de fragmentos para que la derrota del oficialismo se vuelva crecientemente hipotética. Esto propicia que los defensores del fin de ciclo K queden sin juego. El debilitamiento de próximo gobierno, más que depender de un cierto resultado electoral, estaría vinculado a recortar su capacidad legitimatoria. Un gobierno surgido de condiciones "dudosas" tiene dificultades adicionales para desconocer la capacidad de lobby y la presión, por ejemplo, de la banca financiera internacional. Para poder disfrutar de una sentencia en segunda instancia de la justicia neoyorquina con respecto a las decisiones del juez Griesa, es preciso haberse sostenido frente al juez. Y un gobierno "ilegítimo" no estaría en condiciones enfrentar en simultáneo a la "oposición" y a Griesa. Cosa que el gobierno K pudo hacer y cuyo rédito disfrutará el próximo gobierno.
Al mismo tiempo, poner en entredicho la legitimidad del orden político sólo termina teniendo sentido para quienes están en condiciones de sustituirlo radicalmente. La pregunta es: ¿existen las condiciones para semejante posibilidad? Una mirada sudamericana permite darse cuenta de que esa chance existe; basta repasar las recientes movilizaciones opositoras en Venezuela y Brasil, encabalgadas en agudas crisis de precios y abastecimientos -motivadas por la crisis global- y por la incapacidad para salvar los cuellos de botella de economías altamente dependientes del precio internacional de los commodities. Precios que impactan en la distribución del ingreso, en mayor medida que los aumentos nominales del salario. Dicho con sencillez: si el barril de petróleo no supera los 60 dólares, el gobierno de Nicolás Maduro tiembla, sólo un barril de 100 dólares asegura la estabilidad de los seguidores del comandante Chávez.
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Un cóctel de xenofobia, misoginia y conservadurismo Por Werner Pertot
“Son expertos en cultivar coca”, dijo Arroyo sobre el pueblo boliviano.Carlos Arroyo, postulante a la intendencia de Mar del Plata, fue denunciado ante el Inadi por sus dichos discriminatorios contra los inmigrantes bolivianos. Ya había sido candidato de Patti.
Un cambio para atrás
“Si la frontera sigue siendo un colador, por donde entra cualquiera de cualquier país por cualquier cosa, todos de la misma nacionalidad y son expertos en cultivar coca, por ejemplo. Y no quiero nombrar al país por no empezar a hacer distinciones, pero usted se imagina.” La definición pertenece al candidato jurásico de Cambiemos a intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien se ganó una denuncia por discriminación ante el Inadi. Pero Arroyo no se amilana: propuso cortarles el pelo a los jóvenes con pelo largo. “Las niñas pueden tener pelo largo, porque las mujeres pueden dedicarle cuatro horas a la cabeza”, afirmó.
El PRO ya tiene historia con las políticas de migración, desde que en 2010 Mauricio Macri acusó a la “inmigración descontrolada” que “viene de la mano del narcotráfico y la delincuencia”. Pero en Mar del Plata, Cambiemos consiguió un candidato que no le hace asco a ninguna definición: “Abrimos la frontera y decimos: ‘Vengan, muchachos’. ¿A qué vienen? Bueh, no importa. ¿A dónde van? Tampoco importa. ¿Qué es lo que van a hacer? Tampoco importa. ¿Qué es lo que saben? Tampoco importa. No importa nada. Entonces, puede haber un grupo de gente en una ciudad chica del norte argentino, como hay ahora, que son todos de la misma nacionalidad y son todos expertos en cultivar coca, por ejemplo”.
También expresó sus ideas sobre las mujeres: “Hoy viene un chico con pelo largo y le digo que hay que cortarse el pelo porque es más higiénico. Tiene que gastar menos shampoo, no tarda tanto para lavarse. Las niñas pueden tener el pelo largo, porque las mujeres pueden dedicarle cuatro horas a la cabeza. ¿No es cierto? Nosotros, los varones, queremos meternos en la ducha, pasar y salir. De la otra manera, tenés que tener un tiempo especial para hacerte los tratamientos que se hacen las mujeres”.
Arroyo, además, indicó cómo se comportará si llegara a intendente: “Siendo intendente, van a ser las 3 o 4 de la mañana y voy a caer en un barrio de sorpresa. Vamos a actuar, como se debe, y todo el mundo se va a tener que cuidar. Vamos a enseñarle reglas de comportamiento a esta sociedad que está un poquito descarriada”.
Sus declaraciones sobre el pueblo boliviano le valieron al candidato de Cambiemos una denuncia ante el Inadi, presentada por el Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata. En la presentación señalaron “la preocupación al haber tomado conocimiento de las declaraciones del concejal Carlos Arroyo refiriéndose a este pueblo de trabajo y esfuerzo como el causante de la delincuencia y la inseguridad en nuestra querida y amada Mar del Plata”. “Las solas declaraciones discriminatorias y xenófobas nos agravian e indignan”, afirmaron. Recordaron que en febrero de 2014 el centro comunitario fue incendiado y responsabilizaron a Arroyo por fomentar el odio hacia la comunidad boliviana.
Arroyo fue el candidato más votado en Mar del Plata en las PASO, en las que sacó el 32,44 por ciento de los votos, y cuenta con buenas chances de convertirse en el próximo intendente, de la mano de Macri. Es concejal por un partido vecinal, Agrupación Atlántica, y fue director de Tránsito de la municipalidad y director de la Escuela Número 2.
Un ex alumno, Ezequiel Casanovas, compartió su recuerdo sobre Arroyo como director de esa escuela: “Un día nos habló de la teoría de la 9. Que era suya. Por ejemplo, si un tipo robaba, había que acercarle una 9 milímetros a la cabeza y pegarle un tiro. Lo dijo entre sonrisas, medio en joda”.
Arroyo estuvo cerca del partido del ex carapintada Gustavo Breide Obeid y también integró la lista del represor Luis Patti en 2007. Las Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata denunciaron que, tras las PASO, Arroyo increpó a una periodista cuando le preguntó sobre sus presuntas vinculaciones con la dictadura. “Este tipo de aprietes son algo que había quedado en el pasado, por lo que duele que un candidato a intendente vuelva a revivirlas –manifestaron las Madres–. Le decimos a Arroyo que vamos a respetar la decisión del pueblo de Mar del Plata, pero ante estas actitudes antidemocráticas vamos a estar presentes para el rechazo y el repudio, siempre por la Memoria, la Verdad y la Justicia.”
08/09/15 Página|12
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El fracaso civilizatorio Por Jorge Muracciole
Más de 1000 millones de personas, una séptima parte de la población mundial, viven en condición de pobreza extrema, sobreviviendo con 1,25 dólares diarios, por lo que la erradicación de este flagelo sigue siendo el mayor reto que enfrenta la humanidad. A este inmenso contingente de excluidos de la globalización capitalista se les niega sus derechos a la educación, alimento y a obtener servicios de salud. Los datos han sido suministrados por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, durante el día internacional para la erradicación de la pobreza en octubre de 2014.
En paralelo a esta vergonzosa realidad, las acumulación y concentración de riqueza es, según el informe de la organización OXFAM realizado a fines de 2014, el dato más significativo de la realidad económica a escala planetaria, es el crecimiento de la desigualdad. Los 85 individuos más ricos acumulan tanta riqueza como los 3570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial. O que la mitad de la riqueza está en manos de apenas el 1% de la población mundial. Eso sin contar –advierte el informe–, que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales.
En una suerte de círculo vicioso, la acumulación se da en un escenario donde los negocios más rentables del planeta son en orden de ganancias el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución.
En el caso de la industria armamentista se calcula según el informe anual del Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) que las empresas que más facturan con la venta de armas y equipos bélicos, mueven un total de 465.770 millones de dólares. Según el analista especializado en conflictos bélicos Jean-Marie Guehenno, desde Afganistán hasta Yemen, los conflictos y crisis que afronta el mundo en el año 2015, presentan un panorama más desalentador que los años que lo precedieron. Los conflictos vuelven a aumentar después de un importante declive tras el final de la Guerra Fría. Las guerras actuales matan y desplazan a más personas y son más difíciles de terminar que en el pasado.
La larga nómina de países atravesados por conflictos bélicos inciden en el desplazamiento de significativos sectores de su población. Desde Siria, Iraq, Sudán del Sur, Nigeria, República Democrática del Congo, Libia y el Sahel, Somalía y Yemen. Conflictos que han debilitado sus Estados, y en algunos casos como el de Irak y Libia, no solo han derrocado a sus gobiernos, sino que los han cuasi destruido, dejando el territorio abierto a la incursión del Terrorismo Integrista del Estado Islámico. De estas consecuencias no pueden desligarse la alianza militar de la OTAN y los EE UU.
Entre las guerras más devastadoras del presente, se encuentra la guerra civil de Siria, donde hace cuatro años intereses de los más diversos a escala planetaria atizan su permanencia. La guerra de Siria ha causado hasta ahora en cuatro años 240 mil muertos. El número de personas que se han visto obligadas a refugiarse en países vecinos son más de 3 millones. Han abandonado sus casas buscando protección, en particular en el Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. Alrededor de 1,17 millones de refugiados están en el Líbano, más de 612 mil en Jordania, 832 mil en Turquía y alrededor de 217 mil en Irak, mientras que Egipto está acogiendo a otros 138 mil refugiados. Los desplazados en el interior del territorio sirio son más de 6 millones, sobre una población total de 23,4 millones de habitantes. Pero la prensa que en estos días ha puesto en sus titulares el drama de los refugiados, nada dice sobre cuáles fueron las causas que detonaron el conflicto. Mucho antes del comienzo de la guerra, las organizaciones internacionales de Derechos Humanos ya denunciaban los terribles abusos de Bashar al-Assad. Por ejemplo, la detención de centenas de opositores políticos y la situación de los 17 mil desaparecidos desde los años '70.
Pero esta realidad es un lugar común en otros países de la región, como Emiratos Árabes, Arabia Saudi, Qatar o Egipto, que son considerados aliados estratégicos de los EE UU y la Unión Europea. Pero, ¿quiénes son los que luchan contra el poder de Bashar al-Assad? En principio habría que aclarar que el término "rebeldes" que pregona la prensa occidental, no tiene ningún rigurosidad. La oposición armada al régimen de Bashar al-Assad, está formada por grupos muy diferentes y con objetivos muy distintos. Según algunos analistas, si venciera la oposición armada al régimen sirio, la posguerra se transformaría en una nueva Guerra Civil, entre la heterogénea oposición.
La mayor parte de la oposición armada está organizada en torno a una estructura diferente: el llamado Ejército Libre de Siria, que ha recibido armas a través de Turquía, EE UU, Qatar y Arabia Saudí.
Para poder entender en su real magnitud el llamado drama de los migrantes, es necesario contextualizar dicho fenómeno en el cuadro de situación antes mencionado. Los efectos no deseados de la irracionalidad de las potencias militares y económicas que hegemonizan la escena internacional, no sólo se desentienden del problema o tratan de calificarlo de problema exógeno. Cuando son parte determinante del origen de sus causas.
Si se compara los 350 mil desesperados en busca de refugio en las tierras europeas, con los 4 millones desplazados que han migrado en los últimos años a los países limítrofes de Siria, comprenderemos que la gran ausente en esta crisis es la de voluntad política del conjunto de países que conforman la Unión Europea. El total de habitantes que conforman los 28 países de la Unión supera los 503 millones. La incidencia de los actuales desplazados que buscan refugio tras el Mediterráneo es menor que el, 0,0.7 por ciento. Por lo tanto, la incidencia de la integración de los potenciales refugiados en la economía de uno de los continentes de mayor PBI a escala global, es absolutamente metabolizable.
El 14 de septiembre, la reunión plenaria de los jefes de Estado de la Unión Europea , discutirán cómo afrontar tardíamente la crisis. De seguro por el grado de heterogeneidad de los países miembros, y su consuetudinaria miopía política, impedirá una verdadera solución. Por lo tanto, el drama no sólo no se resolverá, sino que se incrementará en el tiempo. Cabe preguntarse, ante esta acumulación de irracionalidades sintetizadas en el crecimiento de la desigualdad social y económica a escala planetaria, las guerras endémicas y los desplazamientos masivos de población, qué proyecto de sociabilidad global será necesaria construir ante tamaño fracaso civilizatorio.
iNFO|news
En paralelo a esta vergonzosa realidad, las acumulación y concentración de riqueza es, según el informe de la organización OXFAM realizado a fines de 2014, el dato más significativo de la realidad económica a escala planetaria, es el crecimiento de la desigualdad. Los 85 individuos más ricos acumulan tanta riqueza como los 3570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial. O que la mitad de la riqueza está en manos de apenas el 1% de la población mundial. Eso sin contar –advierte el informe–, que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales.
En una suerte de círculo vicioso, la acumulación se da en un escenario donde los negocios más rentables del planeta son en orden de ganancias el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución.
En el caso de la industria armamentista se calcula según el informe anual del Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) que las empresas que más facturan con la venta de armas y equipos bélicos, mueven un total de 465.770 millones de dólares. Según el analista especializado en conflictos bélicos Jean-Marie Guehenno, desde Afganistán hasta Yemen, los conflictos y crisis que afronta el mundo en el año 2015, presentan un panorama más desalentador que los años que lo precedieron. Los conflictos vuelven a aumentar después de un importante declive tras el final de la Guerra Fría. Las guerras actuales matan y desplazan a más personas y son más difíciles de terminar que en el pasado.
La larga nómina de países atravesados por conflictos bélicos inciden en el desplazamiento de significativos sectores de su población. Desde Siria, Iraq, Sudán del Sur, Nigeria, República Democrática del Congo, Libia y el Sahel, Somalía y Yemen. Conflictos que han debilitado sus Estados, y en algunos casos como el de Irak y Libia, no solo han derrocado a sus gobiernos, sino que los han cuasi destruido, dejando el territorio abierto a la incursión del Terrorismo Integrista del Estado Islámico. De estas consecuencias no pueden desligarse la alianza militar de la OTAN y los EE UU.
Entre las guerras más devastadoras del presente, se encuentra la guerra civil de Siria, donde hace cuatro años intereses de los más diversos a escala planetaria atizan su permanencia. La guerra de Siria ha causado hasta ahora en cuatro años 240 mil muertos. El número de personas que se han visto obligadas a refugiarse en países vecinos son más de 3 millones. Han abandonado sus casas buscando protección, en particular en el Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. Alrededor de 1,17 millones de refugiados están en el Líbano, más de 612 mil en Jordania, 832 mil en Turquía y alrededor de 217 mil en Irak, mientras que Egipto está acogiendo a otros 138 mil refugiados. Los desplazados en el interior del territorio sirio son más de 6 millones, sobre una población total de 23,4 millones de habitantes. Pero la prensa que en estos días ha puesto en sus titulares el drama de los refugiados, nada dice sobre cuáles fueron las causas que detonaron el conflicto. Mucho antes del comienzo de la guerra, las organizaciones internacionales de Derechos Humanos ya denunciaban los terribles abusos de Bashar al-Assad. Por ejemplo, la detención de centenas de opositores políticos y la situación de los 17 mil desaparecidos desde los años '70.
Pero esta realidad es un lugar común en otros países de la región, como Emiratos Árabes, Arabia Saudi, Qatar o Egipto, que son considerados aliados estratégicos de los EE UU y la Unión Europea. Pero, ¿quiénes son los que luchan contra el poder de Bashar al-Assad? En principio habría que aclarar que el término "rebeldes" que pregona la prensa occidental, no tiene ningún rigurosidad. La oposición armada al régimen de Bashar al-Assad, está formada por grupos muy diferentes y con objetivos muy distintos. Según algunos analistas, si venciera la oposición armada al régimen sirio, la posguerra se transformaría en una nueva Guerra Civil, entre la heterogénea oposición.
La mayor parte de la oposición armada está organizada en torno a una estructura diferente: el llamado Ejército Libre de Siria, que ha recibido armas a través de Turquía, EE UU, Qatar y Arabia Saudí.
Para poder entender en su real magnitud el llamado drama de los migrantes, es necesario contextualizar dicho fenómeno en el cuadro de situación antes mencionado. Los efectos no deseados de la irracionalidad de las potencias militares y económicas que hegemonizan la escena internacional, no sólo se desentienden del problema o tratan de calificarlo de problema exógeno. Cuando son parte determinante del origen de sus causas.
Si se compara los 350 mil desesperados en busca de refugio en las tierras europeas, con los 4 millones desplazados que han migrado en los últimos años a los países limítrofes de Siria, comprenderemos que la gran ausente en esta crisis es la de voluntad política del conjunto de países que conforman la Unión Europea. El total de habitantes que conforman los 28 países de la Unión supera los 503 millones. La incidencia de los actuales desplazados que buscan refugio tras el Mediterráneo es menor que el, 0,0.7 por ciento. Por lo tanto, la incidencia de la integración de los potenciales refugiados en la economía de uno de los continentes de mayor PBI a escala global, es absolutamente metabolizable.
El 14 de septiembre, la reunión plenaria de los jefes de Estado de la Unión Europea , discutirán cómo afrontar tardíamente la crisis. De seguro por el grado de heterogeneidad de los países miembros, y su consuetudinaria miopía política, impedirá una verdadera solución. Por lo tanto, el drama no sólo no se resolverá, sino que se incrementará en el tiempo. Cabe preguntarse, ante esta acumulación de irracionalidades sintetizadas en el crecimiento de la desigualdad social y económica a escala planetaria, las guerras endémicas y los desplazamientos masivos de población, qué proyecto de sociabilidad global será necesaria construir ante tamaño fracaso civilizatorio.
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