Mientras se cierra esta nota, la Cámara de Diputados se apresta a hacer ley el reajuste semestral mediante un coeficiente ya comprobado y preestablecido del importe de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como en Senadores, la aprobación se plasma merced a una mayoría amplia y pluripartidaria.
La AUH fue anunciada en octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en uno esos interesantes momentos históricos en los que el oficialismo retrocede pegando, como sabía hacer el incomparable Muhammad Alí. El kirchnerismo todavía lamía heridas tras el conflicto por las retenciones móviles en 2008 y una derrota electoral en las elecciones de medio término en junio de 2009.
El Gobierno reveía su negativa a implementar esa medida que se sustentaba en una desactualizada lectura de “la cultura del trabajo”. El crecimiento y la masiva creación de empleo no bastaban en pleno siglo XXI para cubrir distintas facetas de la pobreza, incluyendo aquella por ingresos. En la realidad argentina no regía más (ni rige) plenamente una regla propia de los treinta años gloriosos del Estado benefactor de raíz peronista: el que laburaba, bien o mal y ciertamente con matices, podía parar la olla. La coexistencia de desocupados, laburantes con conchabo intermitente o con salarios muy bajos, informales, familias uniparentales configuran un cuadro distinto.
La AUH estipula un conjunto de requisitos claros y sencillos. Por eso es un derecho que se puede “reclamar” por ventanilla sin mediaciones políticas o clientelares. Sigue habiendo quien lo homologa a planes discrecionales, entre ellos el “Trabajar”, no vigente desde hace más de un decenio. La ignorancia o la mala fe son gratis y hasta otorgan fama efímera a quienes las practican.
Nadie lo recuerda ya, pero se puso el derecho “en cabeza” de los menores en buena medida para prevenir críticas “bien pensantes” a la vagancia de las jefas o jefes de hogar que los cobrarían en representación de sus hijos menores.
En un país donde no se niega a nadie un mate, un cigarrillo o una denuncia en Tribunales, han sido entre nimias y nulas las acusaciones por otorgamientos fraudulentos de la AUH. Todo un detalle, que también se soslaya en los balances.
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El derecho se implementó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) porque el oficialismo era minoría en el Congreso nacional y recelaba de trapisondas del “Grupo A”, una de las tantas fallidas joint ventures obstruccionistas plasmadas por la oposición.
Los DNU deben ser convertidos en ley por el Congreso en poco tiempo. Así ocurrió, la norma se hizo ley y sistema con las asignaciones familiares para trabajadores formales. Durante años, pretensos estadistas u opineitors desinformados clamaron por “elevar” a ley algo que lo fue casi desde el vamos.
Algunos dirigentes opositores que enunciaron ese afán, presidenciables anche, son ausentistas crónicos a sus bancas parlamentarias. Por ahí ellos no saben de lo que hablan. Lo extraño es que también incurrieron en ese macanazo legisladores con mucho millaje recorrido. Entender por qué supera la comprensión de este cronista y a esta altura, poco importa.
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El coeficiente de actualización cada seis meses reconoce, sí que tácitamente, la existencia de la inflación que mina los ingresos de los trabajadores. Y minimiza la discrecionalidad de los gobernantes, en buena hora.
La nueva ley es una de las mejores medidas sociales del segundo mandato de la presidenta Cristina, junto a la nueva y hospitalaria moratoria de las jubilaciones y al programa Progresar. Se sostienen y mejoran coberturas instaladas en años anteriores. Se ensancha la base de argentinos cubiertos por un sistema ampliado de protección social.
A veces uno escucha en la radio y la tele preguntas supuestamente pícaras cómo “¿qué pasaría con los pobres si no existieran esos (mal llamados) planes?”. Es un elogio involuntario: es clavado que estarían peor y que el protagonismo estatal mejora su patrimonio material y su plexo de derechos.
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El número de menores cubiertos por la AUH se mantuvo bastante estable desde los inicios. Mencionamos cifras redondas que han tenido ciertas fluctuaciones que no inciden en el sentido de esta reseña. Hay alrededor de 3.600.000 pibas y pibes, distribuidos en 1.700.000 hogares. Desde luego, en casi seis años, por razones de edad o de cambios en su condición laboral, no son todos los mismos.
Por otro lado, se amplió el universo de trabajadores con derecho a inscribirse, en un sentido progresivo.
Todavía puede mejorarse ese conjunto. Un reciente artículo de la socióloga Pilar Ardiácono publicado en Clarín reseña “grupos que reclaman inclusión”. El más vasto es seguramente el de migrantes, a quienes se exige ser argentinos naturalizados o tres años de residencia en la Argentina. Son plazos excesivos para quienes –por el Preámbulo de la Constitución y las generosas leyes dictadas a partir de 2003– gozan de un amplio acceso a derechos.
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La familia debe ocuparse de acreditar las condicionalidades en materia educativa y de salud porque es su deber velar por los hijos menores de edad.
El Progresar, mucho más reciente, extendió la tutela social a jóvenes de entre 18 y 24 años con requisitos objetivos y la carga de cumplir condicionalidades en materia de educación o de capacitación laboral. La inscripción y la carga de cumplir corren por cuenta de los beneficiarios potenciales, quienes perciben las mensualidades.
El Progresar prolonga la trayectoria de la AUH varios años: de los 18 hasta los 24. Es un programa más acotado, “de segunda generación” o sintonía fina. Se pensó que comprendería a un conjunto de un millón y medio de jóvenes. En marzo de este año se dieron a conocer ampliaciones y mejoras de la mensualidad. Por entonces los beneficiarios eran cerca de 600.000.
Sin pretender una explicación omnicomprensiva de la diferencia entre metas y resultados, es razonable inferir que se acogieron al derecho mayormente jóvenes incluidos con un alto porcentaje que cursa estudios universitarios o secundario avanzado.
Tal vez hayan sido remisos o hayan estado desinformados otros que afrontan situaciones de mayor desamparo, exclusión o vulnerabilidad.
En algún sentido, sin agotar el tema, puede suponerse que algunos tienen una relación de mayor cercanía al Estado, sus universidades o sistema educativo. Y que otros ven al Estado a través de sus instituciones o conductas más crueles y agresivas: los cuerpos uniformados, la discriminación por portación de clase o aspecto.
Quizás ese colectivo exprese un atisbo de lo que todavía existe: segmentación de los sectores populares, desigualdad de recursos y de potencial como quizá jamás existió desde 1945.
Se aclara, por si hace falta: no se dice que la clase trabajadora atraviese su peor momento desde ese punto de partida. Es evidente que tocó fondo en otros momentos, en particular en la crisis de 2001 y aledaños. Pero el resurgimiento posterior no impactó igual en distintos estamentos: he ahí un desafío que se viene enfrentando, con herramientas que deberán mejorarse y perfeccionarse en años venideros.
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La AUH tiene un diseño propio, adecuado al Estado que la reguló y a la coyuntura que la dio a luz. No es, desde ya, un puro invento argentino. Existe en muchas otras latitudes, incluyendo países vecinos y hermanos: Brasil, sin agotar la lista y sin ir más lejos.
En Europa también existe, con países escandinavos a la cabeza. Un artículo publicado en el diario El País el 1º de junio repasa cómo anda en España. Se titula “Las rentas mínimas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos”. La frase no termina de dar cuenta del fenómeno porque la renta mínima no es sostenida por el Estado nacional sino por cada una de las Comunidades. Por lo tanto no es homogénea: su nombre, el nivel de la cobertura, los requisitos para acceder y la suma pagada varían mucho. La mejor cobertura es en el País Vasco y en Navarra, en amplitud y en monto: para familias numerosas supera los 900 euros. La media es de 420 euros.
La comparación viene a cuento para entender que cierto tipo de derechos se expande por el mundo y dar por tierra con las invectivas de una derecha social insolidaria y necia.
En la Argentina la AUH es procurada y sostenida por el Estado nacional, que transfiere las mensualidades en toda su geografía.
Quienes despotrican contra el federalismo real existente jamás ponderan esas contribuciones del fisco nacional que también apoya a los territorios en materia de salud, infraestructura, sostenimiento de las universidades y numerosos etcéteras. Un trayecto prolijamente inverso al elegido en los ‘90: transferir competencias sin dotar a las provincias de recursos.
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Con imperfecciones, algunas que fueron apuntadas, la AUH es un formidable avance de los años recientes. Hay que apuntalarlo y mejorarlo con más recursos y con creatividad para imaginar nuevas medidas.
El pueblo soberano votará en octubre pensando, entre otras variables, qué gobierno podrá sostener el firme piso de protección social y mejorarlo.
