Una semana atrás, en su primer Acuerdo del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no afrontar más los desequilibrios presupuestario del Consejo de la Magistratura, alegando que ya son 1000 los millones de pesos prestados durante el ejercicio contable del año 2013, dinero que es descontado del polémico Fondo Anticíclico creado por la Corte en 2008, mediante expresas acordadas y cuyos abultados montos son actualizados periódicamente.
Ese dinero "anticílico", que no es más que partidas no ejecutadas por la Corte ni devueltas al Tesoro nacional, duerme en varios plazos fijos bancarios. Su última actualización fue en el mes de mayo del año pasado. Si bien ese fondo está formalmente destinado a paliar las recurrentes crisis en los ciclos capitalistas, en verdad pretende consolidar para la Corte una indefendible posición de independencia económica (y política) del Poder Judicial, que la propia Constitución no le reconoce.
Una semana más tarde, en su segundo Acuerdo del año, la Corte completa el cuadro, dictando un vergonzoso fallo en el que se arroga para sí funciones legislativas y le ordena al gobierno destinar partidas de pauta publicitaria a los medios del Grupo Clarín.
Para decirlo en criollo: la Corte le niega plata para sus gastos más urgentes al Consejo de la Magistratura, y al mismo tiempo le exige al gobierno que le dé dinero a Magnetto. No gasta su dinero, que "ahorra" a expensas de las necesidades del Consejo de la Magistratura, y tiene el tupé de decirle al oficialismo que conduce el país cómo tiene que distribuir el suyo.
Hagamos memoria: en mayo del año pasado, cuando la Corte amplió su "ahorro" (léase, su ineficiencia en la ejecución de obras comprometidas en el Presupuesto), la justicia vivía un estado asambleario nunca visto en los Tribunales, en respuesta a los proyectos legislativos tendientes a democratizar la vida del Poder Judicial.
De todo lo que se discutía en el Congreso, la Corte sólo opinaba en voz alta sobre el manejo presupuestario. En la célebre carta destinada a los promotores del paquete de leyes (que Elisa Carrió calificó de pacto espurio entre la presidenta Cristina y Ricardo Lorenzetti), el titular de la Corte sólo pedía retener para sí el control del dinero del Poder Judicial, y de ese modo conservar su propia administración, desconociendo, incluso, las previsiones de la Constitución Nacional, que desde el año 1994 asigna el gobierno de los fondos de la Justicia al Consejo de la Magistratura. Sobre todo lo demás, la Corte no emitía opinión alguna. No era necesario: hablaban los lockout patronales promovidos por los jueces, a instancias de la inestimable colaboración de Julio Piumato, secretario general del gremio de los empleados judiciales, cuyas declaraciones de paro general oficiaban de excusa para que los magistrados clausuraran tres de cinco días a la semana los tribunales ("¡Paro de 72 horas!", arengaba la camioneta de la UEJN en las adyacencias de la Plaza Lavalle).
La administración del Poder Judicial es una sola y le corresponde a la Corte Suprema. Así lo reclamó Lorenzetti y quedó plasmado en las pocas líneas que no fueron declaradas inconstitucionales de la última reforma a la justicia.
Presupuestariamente, el Poder Judicial compone una única jurisdicción, que integran la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. El dinero de la justicia es lo que resulta del pedido de presupuesto que el máximo tribunal envía al Ejecutivo, y que es sancionado luego en el Congreso. Esas sumas responden al cálculo elaborado previamente por las autoridades financieras del Consejo en base a pautas de trabajo establecidas por la propia Corte.
Por otra parte, la ejecución de ese dinero asignado anualmente por la ley de leyes votada en el Parlamento, está en manos de un Comité Ejecutivo de Inversiones, que es responsable de la planificación, ejecución y control de las políticas, los proyectos y los programas establecidos por la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte.
Integran ese Comité licenciados en economía y contadores públicos, todos provenientes de la provincia de Santa Fe y rafaelinos como Lorenzetti, a excepción de uno que proviene de Rosario. Su presidente es Héctor Daniel Marchi, secundado, en orden de importancia, por Germán Krieger, Carmen Odasso y Walter Eusebio. El denominador común entre ellos no se agota en la provincia de la que son oriundos. Existe otro aun más determinante y sintomático: todos hicieron sus primeras armas en administración pública en los gobiernos provinciales del finado Jorge Obeid y del siempre segundón Carlos "Lole" Reutemann. Se te nota, Lorenzetti.
¿Cómo se entiende que la Corte menosprecie las necesidades presupuestarias del Poder Judicial expuestas por el Consejo de la Magistratura cuando de ella dependen todas las decisiones de inversión? ¿Cómo desairar el pedido de 1000 millones de pesos, o lo que fuera, formulado por el Consejo, cuando la Corte cuenta con enormes sumas de dinero depositadas en entidades bancarias, parte de ellas en moneda extranjera, aumentadas año a año con partidas presupuestarias no gastadas en los fines para los que fueron asignadas? Lo abultado del fondo anticíclico de la Corte demuestra lo inoperante que es su cuerpo de administración.
La Carta Magna le impone al Poder Judicial una independencia de criterios, plena autonomía en la aplicación de las leyes e interpretación de la Constitución, pero en ninguno de sus párrafos le ordena ser un antipoder público ni un enclave dentro del Estado.
Como parte del poder del Estado democrático, la justicia depende de un presupuesto que exige una elaboración por parte del Poder Ejecutivo y una revisión y aprobación por parte del Legislativo. La Corte no puede sentarse sobre fondos que no son suyos, y que tampoco genera. Y mucho menos negárselos a sensibles instancias judiciales cuya cabeza es la Corte.
¿Será que para la Corte la independencia del Poder Judicial se da cuando los juzgados no tienen edificios donde poder funcionar? ¿Hacerse la pobrecita, actuar el papel de héroe, es ser "independiente", acaso? Alguna vez Raúl Zaffaroni dijo que "trabajar de víctima es el mejor negocio político". En la Corte aprendieron la lección. De tan "independiente" que quiere parecer, el Máximo Tribunal podría empezar a despertar suspicacias en los hinchas de la Academia. Tendrán razón en desconfiar.
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Ese dinero "anticílico", que no es más que partidas no ejecutadas por la Corte ni devueltas al Tesoro nacional, duerme en varios plazos fijos bancarios. Su última actualización fue en el mes de mayo del año pasado. Si bien ese fondo está formalmente destinado a paliar las recurrentes crisis en los ciclos capitalistas, en verdad pretende consolidar para la Corte una indefendible posición de independencia económica (y política) del Poder Judicial, que la propia Constitución no le reconoce.
Una semana más tarde, en su segundo Acuerdo del año, la Corte completa el cuadro, dictando un vergonzoso fallo en el que se arroga para sí funciones legislativas y le ordena al gobierno destinar partidas de pauta publicitaria a los medios del Grupo Clarín.
Para decirlo en criollo: la Corte le niega plata para sus gastos más urgentes al Consejo de la Magistratura, y al mismo tiempo le exige al gobierno que le dé dinero a Magnetto. No gasta su dinero, que "ahorra" a expensas de las necesidades del Consejo de la Magistratura, y tiene el tupé de decirle al oficialismo que conduce el país cómo tiene que distribuir el suyo.
Hagamos memoria: en mayo del año pasado, cuando la Corte amplió su "ahorro" (léase, su ineficiencia en la ejecución de obras comprometidas en el Presupuesto), la justicia vivía un estado asambleario nunca visto en los Tribunales, en respuesta a los proyectos legislativos tendientes a democratizar la vida del Poder Judicial.
De todo lo que se discutía en el Congreso, la Corte sólo opinaba en voz alta sobre el manejo presupuestario. En la célebre carta destinada a los promotores del paquete de leyes (que Elisa Carrió calificó de pacto espurio entre la presidenta Cristina y Ricardo Lorenzetti), el titular de la Corte sólo pedía retener para sí el control del dinero del Poder Judicial, y de ese modo conservar su propia administración, desconociendo, incluso, las previsiones de la Constitución Nacional, que desde el año 1994 asigna el gobierno de los fondos de la Justicia al Consejo de la Magistratura. Sobre todo lo demás, la Corte no emitía opinión alguna. No era necesario: hablaban los lockout patronales promovidos por los jueces, a instancias de la inestimable colaboración de Julio Piumato, secretario general del gremio de los empleados judiciales, cuyas declaraciones de paro general oficiaban de excusa para que los magistrados clausuraran tres de cinco días a la semana los tribunales ("¡Paro de 72 horas!", arengaba la camioneta de la UEJN en las adyacencias de la Plaza Lavalle).
La administración del Poder Judicial es una sola y le corresponde a la Corte Suprema. Así lo reclamó Lorenzetti y quedó plasmado en las pocas líneas que no fueron declaradas inconstitucionales de la última reforma a la justicia.
Presupuestariamente, el Poder Judicial compone una única jurisdicción, que integran la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. El dinero de la justicia es lo que resulta del pedido de presupuesto que el máximo tribunal envía al Ejecutivo, y que es sancionado luego en el Congreso. Esas sumas responden al cálculo elaborado previamente por las autoridades financieras del Consejo en base a pautas de trabajo establecidas por la propia Corte.
Por otra parte, la ejecución de ese dinero asignado anualmente por la ley de leyes votada en el Parlamento, está en manos de un Comité Ejecutivo de Inversiones, que es responsable de la planificación, ejecución y control de las políticas, los proyectos y los programas establecidos por la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte.
Integran ese Comité licenciados en economía y contadores públicos, todos provenientes de la provincia de Santa Fe y rafaelinos como Lorenzetti, a excepción de uno que proviene de Rosario. Su presidente es Héctor Daniel Marchi, secundado, en orden de importancia, por Germán Krieger, Carmen Odasso y Walter Eusebio. El denominador común entre ellos no se agota en la provincia de la que son oriundos. Existe otro aun más determinante y sintomático: todos hicieron sus primeras armas en administración pública en los gobiernos provinciales del finado Jorge Obeid y del siempre segundón Carlos "Lole" Reutemann. Se te nota, Lorenzetti.
¿Cómo se entiende que la Corte menosprecie las necesidades presupuestarias del Poder Judicial expuestas por el Consejo de la Magistratura cuando de ella dependen todas las decisiones de inversión? ¿Cómo desairar el pedido de 1000 millones de pesos, o lo que fuera, formulado por el Consejo, cuando la Corte cuenta con enormes sumas de dinero depositadas en entidades bancarias, parte de ellas en moneda extranjera, aumentadas año a año con partidas presupuestarias no gastadas en los fines para los que fueron asignadas? Lo abultado del fondo anticíclico de la Corte demuestra lo inoperante que es su cuerpo de administración.
La Carta Magna le impone al Poder Judicial una independencia de criterios, plena autonomía en la aplicación de las leyes e interpretación de la Constitución, pero en ninguno de sus párrafos le ordena ser un antipoder público ni un enclave dentro del Estado.
Como parte del poder del Estado democrático, la justicia depende de un presupuesto que exige una elaboración por parte del Poder Ejecutivo y una revisión y aprobación por parte del Legislativo. La Corte no puede sentarse sobre fondos que no son suyos, y que tampoco genera. Y mucho menos negárselos a sensibles instancias judiciales cuya cabeza es la Corte.
¿Será que para la Corte la independencia del Poder Judicial se da cuando los juzgados no tienen edificios donde poder funcionar? ¿Hacerse la pobrecita, actuar el papel de héroe, es ser "independiente", acaso? Alguna vez Raúl Zaffaroni dijo que "trabajar de víctima es el mejor negocio político". En la Corte aprendieron la lección. De tan "independiente" que quiere parecer, el Máximo Tribunal podría empezar a despertar suspicacias en los hinchas de la Academia. Tendrán razón en desconfiar.
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