Ayer al mediodía se firmó un acta entre De la Sota y representantes de los policías acuartelados, que se alzaron con interesante aumento salarial. El gobernador no tiene mucho de qué enorgullecerse. Su final está cantado. Policías festejan el acuerdo. Por Emilio Marín A veces las imágenes son impostadas y no cuentan toda la verdad. Cualquier televidente poco avisado que ayer al mediodía veía a José M. de la Sota ante los medios, con una platea muy aplaudidora, podía creer que estaba frente a un ganador. Error. El gobernador de Córdoba arribó muy tarde a la provincia, porque estaba de viaje por Colombia y Panamá. Llegó apurado, un día más tarde que detonara uno de los conflictos más graves que ha tenido en sus tres mandatos, en este caso con el personal policial. Desde mediados de febrero las mujeres de los policías habían comenzado con sus públicos reclamos de mejores haberes y condiciones de trabajo para sus familiares. El gobernador no puede aducir que no sabía lo que pasaba. Diego Maradona diría que "se le escapó la tortuga"; otros, más exagerados, que se les escapó un cangrejo, de esos que caminan para atrás. Lo que no se puede negar es que, decadente y ruinoso como está, sigue siendo un cuadro político experimentado y showman. Montó el escenario en la sala de prensa del Centro Cívico (bautizado El Panal), invitó a empresarios y sindicalistas de la CGT oficial, se hizo acompañar por todo su gabinete y dos religiosos del Comipaz: el padre Pedro Torres y el rabino Marcelo Polakoff. Cada agradecimiento a quienes habían trabajado a favor de un acuerdo con los amotinados motivaba un cerrado aplauso de los delasotistas. Dio las gracias a Sergio Massa, Mauricio Macri, Julio Cobos y Antonio Bonfatti, los opositores enfrentados como él al gobierno nacional. Dijo que los cordobeses tendrían que quemar su DNI porque no se los considera parte de la Argentina. Era su forma de descargar culpas en la administración nacional, cuando el conflicto policial era todo suyo, como el fruto podrido del "cordobesismo". Hábil político, con acciones en baja, trató de congraciarse con la policía, a la que alabó, y con los reclamos de la población contra la inseguridad y la delincuencia. Estas habían florecido como hongos después de la lluvia, precisamente a causa de la borratina total de los uniformados de las calles. Prometió que a partir de ahora "la justicia y la policía van a perseguir y encarcelar a las bandas de delincuentes que asolaron esta ciudad". Probará ponerse otra vez el traje del gobernador de la "mano dura" policial, lo que cuadra con su historia de acuerdos anteriores con la fundación de Juan C. Blumberg y el Manhattan Institute. Demasiado premio ¿Cómo valorar estos días de auto acuartelamiento policial y ola de delitos subsiguiente, con dos muertos y doscientos heridos, y más de 70 comercios saqueados por vándalos? Conviene no ser unilaterales. Hay que admitir que un policía (y cualquier cordobés de a pie, con o sin uniforme) no puede mantener a su familia con un salario promedio de 4 o 5.000 pesos. Las imágenes de sus dormitorios en el Comando de Acción Preventiva (CAP), con sus colchones rotos y baños inundados, ameritaban la necesidad de un urgente mejoramiento. En eso, lo mismo que cuando pedían ser cubiertos por una ART, no se puede menos que compartir la demanda. Al mismo tiempo hay que recordar que la Policía de Córdoba está infiltrada por el narcotráfico, vinculada en buena medida con numerosos delitos y con un prontuario muy represivo. Y no se está hablando de la historia del Departamento de Informaciones o D-2 durante la dictadura, cuando era un apéndice del general Luciano B. Menéndez, sino de su línea represiva actual basada en el Código de Faltas. Alegando la figura del merodeo, la policía detiene y fija penas a quienes lleva a las comisarías por el delito de "portación de cara". Y eso originó en los últimos días de noviembre una masiva movilización de 15.000 jóvenes, la "Marcha de la Gorra", que iba por su séptima edición. De la Sota simulaba ayer en el Centro Cívico ser el ganador, pero era el loser o perdedor. La ciudad capital y varias del interior habían sido desprotegidas por la policía auto acuartelada, quedando servidas en bandeja para saqueos, robos, destrucción, incendios y amenazas. La noche del martes 2 y la madrugada del miércoles 3 fueron las peores en décadas para la población indefensa. El grueso policial estaba acovachado y dejó las calles libres a los delincuentes. Y el gobernador cedió a sus demandas. Según el texto firmado ayer por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y las mujeres de los amotinados, más el representante legal de éstos, Miguel A. Ortiz Pellegrini, el gobierno les pagará 2.000 pesos en diciembre y 2.000 pesos en enero próximo, disimulados de "pagos del uniforme correspondiente". Y en febrero de 2014 les abonará un básico conformado de 8.000 pesos y de 9.000 a los integrantes del CAP, asegurando además 3.000 pesos por "horas adicionales". A tenor de dicha acta, aceptada por los acuartelados en el CAP 5 de Barrio Cerveceros, el núcleo duro de la medida, se demuestra que el gobierno tenía plata. Era falso eso de que "no hay un peso para nadie y hasta 2014 no se discute salarios con ningún sector". Demasiado premio para los uniformados y armados que se acuartelaron. Mucha plata para unos... Y muy poca para otros. Los anuncios del gobernador, recibidos con algarabía por los amotinados -que no tendrán ni sanciones ni descuentos por días no trabajados, a diferencia de los trabajadores- suponen una erogación muy significativa. Téngase en cuenta que el presupuesto 2014, en debate en la Legislatura, supera los 21.000 millones de pesos y, según los dibujos usuales en la materia provincial y nacional, tendría un superávit primario de 1.400 millones. De aquellas partidas, la prevista para la policía es de algo más de 4.000 millones de pesos. Las concesiones hechas ayer suponen para 2014 un mayor gasto policial de 1.200 millones de pesos (4.000 pesos más para 25.000 efectivos), sin contar la suba en los adicionales y otras erogaciones. Sumando esos ítem, lo concedido a los acuartelados significa un mayor gasto cercano a los 2.000 millones. Y aquí viene la polémica de la que participan los estatales nucleados. Los afiliados del SEP habían pedido un bono de fin de año de 1.500 pesos, rechazado. Los judiciales de AGEPJ presentaron un proyecto de porcentualidad salarial para achicar la brecha con lo que ganan los magistrados. Esto suponía una mayor partida para el Poder Judicial de 230 millones de pesos, pero les contestaron que no. Los maestros de la UEPC se quejaban de que el proyecto 2014 achica partidas por 2.000 millones de pesos para Educación. En los hospitales, ATE ha reclamado por los bajos salarios y falta de personal. En ese marco de cerrada negativa a atender solicitudes de los empleados, ¿cómo se entiende que el gobernador disponga tan generosamente de los dineros para atender a la fuerza de seguridad? Aquellos asalariados de "segunda categoría" se preguntan: ¿hay que estar armados y chantajear a la sociedad con dejarla inerme, frente a saqueos, mucho terror y muertes, para que "el Gallego" se digne atendernos? Pases de facturas Como hizo el año pasado al introducir una regresiva reforma previsional que postergó seis meses la percepción de aumentos de los jubilados respecto a los activos, De la Sota se volvió a victimizar. En agosto de 2012, cuando esta misma institución policial reprimió, golpeó y detuvo a empleados estatales que protestaban contra esa ley, dijo que todo era culpa del gobierno nacional que supuestamente le adeudaba 1.040 millones de pesos. Ahora redundó que las demoras en mejorar haberes de los policías se originaba en la demora de la presidenta en saldar esas presuntas deudas. Lo nuevo que se reprochó a Cristina Fernández de Kirchner fue no haber enviado a tiempo los gendarmes. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, explicó que De la Sota pidió ese envío con un Twitter a las 4 de la madrugada y luego por fax a las 8 horas de ayer. A media mañana el PEN había decidido enviar 2.000 efectivos desde Jesús María y otros lugares, pero al final no se concretó porque al mediodía se firmó el acuerdo. De todas maneras, tanto el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, como el ministro del Interior Florencio Randazzo y Berni, dijeron que De la Sota estaba queriendo transferir un problema de seguridad estrictamente provincial a la órbita nacional. Y es muy cierto. El gobernador está maltrecho por el escaso 26 por ciento de octubre y el descalabro de la cúpula policial y el ministerio de Seguridad originado en el narcoescándalo. Ahora recibió el golpe de KO con dos días de terror y delincuencia en una "ciudad liberada". Su pretensión de continuar gobernando como de costumbre pasa por mantener el aval del gran empresariado y la Fundación Mediterránea, y por apoyarse en la policía, muy feliz por lo logrado. También confía en representar al enano fascista que todos llevan adentro y que ha crecido dos metros de estatura en estas 48 horas de terror. Allí radica la postrer y alicaída esperanza del delasotismo para poder completar su mandato. No quiere mirarse al espejo de Fernando de la Rúa, pero ya tiene otro piloto de helicóptero. El anterior, Sarmiento, está acusado de narco. La Arena www.laarena.com.ar
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