El Ejecutivo nacional dispuso enviar mil agentes de las fuerzas federales a la provincia de Córdoba ante "eventuales acciones" de protesta por parte de la policía local. El gobernador José Manuel De la Sota solicitó el despliegue de los efectivos luego de la decisión del Tribunal de Conducta Policial de sancionar a cuatro agentes por ser presuntos instigadores de nuevos autoacuartelamientos.
El jefe de Gabinete Jorge Capitanich anunció esta mañana que, por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,- se decidió el envío a la provincia de Córdoba de mil agentes de las fuerzas federales "en materia de seguridad preventiva". "El gobernador (José Manuel) De la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federal y en consecuencia se estableció un mecanismo de prevención", dijo Capitanich en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
El pedido de De la Sota tiene su origen en la decisión del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba de sancionar a cuatro efectivos, que fueron pasados "a pasiva", porque presuntamente incitaban a nuevas protestas, similar al acuartelamiento que a principios de diciembre derivó en saqueos y actos de violencia que se prolongaron por dos días.El jefe de Gabinete indicó que el envío de fuerzas federales tiene como objetivo "evitar acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo" y remarcó que "es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional". Capitanich detalló que el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba sancionó a los cuatro efectivos "como una medida preventiva en virtud de que han promovido un proceso de autoacuartelamiento similar a lo registrado en esa provincia el 3 de diciembre pasado con disturbios y saqueos ocurridos allí y que han involucrado a miembros de esa fuerza".
El jefe de ministros señaló que "de modo categórico queremos afirmar que el apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente a los efectos de evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo". Reiteró que "la seguridad pública es competencia de la provincias argentinas y el gobernador De la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federal y en consecuencia se establece un mecanismo de prevención en esa provincia".