Domingo 22 de Diciembre de 2013 Por Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com Este 2013 que se apaga, Edenor lo había empezado con el polo positivo, al menos en su cotización bursátil. En efecto, durante enero había mostrado toda su potencia: en sólo un mes había crecido 72% en la Bolsa de Valores vernácula. Pero el esquema sostenido de subsidios públicos para mantener negocios privados culmina con el polo negativo: tras las amenazas de una posible estatización del servicio eléctrico, las acciones se desplomaron 15% el jueves pasado. El principal accionista de Edenor es Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Mindlin no viene de la vieja guardia de los ingenieros de Segba, es presidente de Pampa Energía, un grupo empresario bastante nuevito, ya que nació en esta década, en la cual más de uno cree que el Estado avanzó sobre los intereses de los sectores más privilegiados de la sociedad. Como dato adicional, las acciones de Pampa Holding también tuvieron buena performance bursátil. El fuerte de Mindlin no es otro que las finanzas y hace apenas dos meses sufrió una baja de tensión al ser acusado por el fiscal Carlos Gonella de lavar activos, en una causa que tramita el juez federal Ariel Lijo. Cerca de Mindlin señalan internas políticas como el origen de esta denuncia. Lo cierto es que miles de usuarios no saben quién es Mindlin, un magnate de los neoliberales noventa, ni les interesa saber si el fiscal Gonella está protegido por un funcionario poderoso peleado a su vez con otro funcionario poderoso. En cuanto a Edesur, la otra gran prestadora, está en manos de jugadores internacionales, Enersis y Endesa, con sedes en Santiago de Chile y Madrid. Como si fuera un juego de mamushkas, la italiana Enel, basada en Roma, es la controladora de Endesa. En cambio de dar información certera y clara sobre quiénes tienen el poder económico en la Argentina y una explicación seria de cómo se distribuyen los subsidios públicos en la energía, la agencia Télam publicó un cable el jueves en el que mencionaba a “un alto ejecutivo de una de las dos firmas” como fuente sugestiva de una noticia que hizo subir el voltaje de ambas amebas financieras con responsabilidades energéticas. El cable decía que “los cortes de electricidad podrían haberse reducido en el tiempo” (verbigracia, podrían haber sido más cortos). Los agentes de prensa de las empresas salieron de inmediato a desmentir. Justo en esas horas, se hacía público un informe de la Defensoría del Público de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en el que se afirma que el 60% de las noticias televisivas carecen de fuente. Una mala praxis periodística, sin duda, que afectó esta vez a la agencia oficial que es, a la vez, fuente de canales, radios y diarios. Si de información con fuentes serias se trata, es hora de que todos los comunicadores, incluyendo a los defensores del público de la Afsca, surfeen un poco los portales de información pública de los organismos del Estado. En el caso de la Secretaría de Energía de la Nación, en la portada están las últimas cuatro comunicaciones. La última, fechada el 4 de diciembre (sobre cupos de gasoil y naftas), y las tres inmediatas anteriores, fechadas en octubre. De los cortes de energía, nada. En cuanto al Ente Nacional de la Electricidad (ENRE, el equivalente de la Afsca para ejercer el poder de policía sobre prestadores de servicios eléctricos), tiene un sugestivo botón que dice “Último momento”, en el cual el usuario (si tiene luz) puede cliquear y encontrar dos ítems: “difusión normativa” y “difusión institucional”. En ambos, por más energía que ponga el usuario en el mouse, no hay absolutamente nada. Está completamente vacío. Sí, pasados cinco días de los primeros cortes de servicio, con los noticieros plagados de personas que denuncian no tener luz y llamar por teléfono para escuchar voces metálicas grabadas, el ENRE no tiene nada para decir. A propósito, este organismo, presidido por el mendocino Mario Casas, tiene dos sillas vacantes en el directorio. Son las que, por estatuto, deben cubrirse a propuesta del Consejo Federal de Energía, que sí propuso candidatos pero que nunca fueron confirmados. En cuanto a las inversiones que deben realizar los concesionarios Edesur y Edenor, el ENRE, mediante la resolución 347/2012, estableció la creación de un fondo fiduciario destinado a las obras y al mantenimiento de la red de distribución. Un párrafo de esta resolución establece con claridad el mecanismo para ese alivio financiero a los operadores: “Corresponde crear una cuenta especial por cada Distribuidora, en la cual se depositarán los importes percibidos por las mismas (distribuidoras). Los fondos serán utilizados, en forma exclusiva, para la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de las concesionarias, y serán administrados por un Fideicomiso que será creado oportunamente”. Es decir, el argumento de los empresarios de que la tarifa está atrasada merece una discusión a números abiertos. En esta década, la inversión destinada a la generación y transmisión de electricidad fue elevada y, cabe resaltar, realizada íntegramente por el Estado. En cuanto a las distribuidoras –las mencionadas concesionarias privadas así como otras más– cabe consignar que no sólo no realizan las obras necesarias, sino que además se atrasan en los pagos a Cammesa, la empresa mixta por la que pasa el mercado mayorista eléctrico argentino. Lo público y lo privado. La información de acceso público constituye una base del contrato social y político de quienes ejercen un cargo o función en el Estado. La ausencia deliberada de información es una política de comunicación y no una omisión eventual. El ejercicio de no brindar datos de gestión es una práctica dispar. Algunos ministerios o secretarías de Estado están muy afilados. Otras dependencias niegan, lo cual va en desmedro del sentido básico del concepto de servidor público. Los párrafos anteriores, respecto de los laberintos de la electricidad, pueden replicarse en otros tantos terrenos en los cuales El Estado burocrático autoritario del liberal progresista Guillermo O’Donnell puede darse la mano y dialogar con un texto bastante más radical y revolucionario como es El Estado terrorista argentino de Eduardo Duhalde. En ambos trabajos están todas las huellas de una forma de ejercicio de la administración del poder que está más que desahuciada. Hablar de una reforma política parece una vanidad académica en medio de un incendio. El problema es que sin inteligencia, sin conocimiento teórico, la valentía se convierte en un gesto aislado. A fines de 2013, advertir a Endesa y a Mindlin que el Estado podría recuperar su papel activo en la energía, no aclara mucho. No echa luz en la oscuridad. Si los prestadores quieren desertar o no se convierte en una especulación estéril. Sea operación de concesionarios privados o estatización del servicio, en ambos casos debería saberse cuáles son las inversiones que se requieren y cómo se fondean. En caso de haber una desatención deliberada de las obligaciones contractuales, el Estado puede proceder con el mayor rigor y, tal como está contemplado en las leyes, hasta puede dar por terminada la concesión. Los precios y el precio del poder. Ante una inflación sostenida, dejada de lado en la comunicación del Gobierno al menos hasta hace un par de meses, a fin de este complejo año todos quieren saber a ciencia cierta cómo son las cadenas de valor y cómo se forman los precios de algunos productos esenciales del consumo popular. Este cronista escribió y dijo repetidas veces que las prácticas de la secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno, así como la subsecretaría de Defensa de la Competencia, bajo la órbita del renunciado funcionario, intentaban tapar el cielo con las manos. Sin ninguna pretensión autorreferencial, la mayoría de los analistas y periodistas que también se sienten identificados con el imaginario y los logros del kirchnerismo, prefirieron el silencio. Lo hicieron con el criterio de que cualquier debate público, aún sobre la credibilidad de la medición de los precios, era –o es– darle pasto a la oposición. Un criterio sin fundamentos en el ejercicio responsable del periodismo. Pues bien, Moreno ya no está y la historia juzgará si contribuyó al proyecto nacional o fue un funcionario arbitrario. Con fecha 12 de diciembre, las secretarías de Comercio Interior y Comercio Exterior fueron unificadas. Al frente quedó Augusto Costa, quien también se reúne con los presidentes de las cadenas de supermercados. El viernes se conoció este nuevo acuerdo de precios, que repite una vez más la adhesión voluntaria de las grandes cadenas de supermercados. Es decir, los departamentos jurídicos de esas importantes firmas saben que este compromiso no tiene obligaciones que puedan ser castigadas por la ley. Podrá hacerse una lectura favorable de estos anuncios desde el punto de vista político. Sin embargo, hay dos reparos, muy concretos y otro más conceptual. El primero es que el eslogan “Miramos los precios” replica lo hecho por Moreno, que no dio resultado alguno. Es decir, se insiste en lo mismo en cambio de reconocer que el control fue deficitario y que hubo vista gorda de funcionarios ante los desvergonzados faltantes de productos con precios acordados. En segundo lugar, con los precios en franca espiral, creer que una conversación amable va a frenar esta tendencia es desconocer la profundidad de uno de los problemas más graves de la economía argentina. Por último, el asunto conceptual no es menor: las cadenas de supermercados no sólo acaparan la mayoría de la venta minorista y eso les da una posición dominante de mercado, sino que también avanzaron en la cadena de valor en el camino inverso: desde la góndola hasta la granja, la quinta o el frigorífico. Avanzaron en la integración vertical. El anuncio, por otra parte, no estuvo acompañado de quiénes serán los ojos que tienen a su cargo esta sensible determinación. La remoción de Moreno trajo aparejado un decreto del 12 de diciembre que crea la Secretaría de Comercio, a cargo de Costa, con dos subsecretarías, Comercio Interior y Comercio Exterior. Desde ya, la que debe poner los ojos es la de Interior, y cualquiera que pose su mouse en la página indicada no va a tener éxito. No hay ningún dato disponible. Es una caja vacía desde el punto de vista de la información pública. En tiempos de Moreno, podían verse los expedientes de Papel Prensa y nada más. Ahora ni siquiera eso. No menciona ni hombres ni mujeres trabajando o página en construcción. Al ingresar a la subsecretaría de Defensa del Consumidor –cuya titular, María Lucila Colombo, renunció el 21 de noviembre– e intentar ver el listado de autoridades, directamente no figura el ítem. Esto no es una cuestión de protocolo, sino un criterio de comunicación. Es difícil imaginarse un anuncio importante sobre precios sin poder saber a quién llamar para saber quiénes tendrán la conducción de esta difícil tarea.
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