La noticia de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a impulsar un proyecto de ley para que los edificios de más de seis pisos cuenten con un generador de electricidad, parece, francamente, un desatino. Y ello por varias razones: en primer lugar, si se dispone de dinero suficiente para implementar créditos en ese sentido que cubran las necesidades de toda la ciudad, mucho más barato y directo resultaría ofrecer esos créditos a las empresas obligadas a suministrarlo. Ellas están en mejores condiciones que los consorcios de propietarios para adquirir esos elementos y solucionar rápidamente la falta de suministro del fluido. Por supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que podría alcanzarles a sus directivos por la falta de previsión y los ingentes daños que los cortes han causado y vienen causando a la comunidad. Por otra parte, sería tremendamente injusto pretender que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que han pagado por un servicio no prestado, deban comprar generadores eléctricos para suplir eventuales cortes del suministro energético, como si éstos fueran obra del destino y no de la impericia dolosa de las empresas y la falta de contralor del Estado. Pero hay en el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, otro flanco débil que es el legal. La Ley 13.512, en su artículo 6, inciso b) prohíbe depositar materiales peligrosos en los edificios, como es el combustible líquido que los consorcios deberían acopiar, en su caso, para alimentar sus generadores. Finalmente, el proyecto, de hacerse realidad, también contribuiría a elevar el costo de las expensas, desde que, naturalmente, los encargados de edificios tendrían derecho a solicitar un aumento de sus salarios por tener que manipular materiales inflamables o intervenir en el mantenimiento de los equipos. De todos modos, el proyecto sólo podría ser obligatorio para los futuros edificios y no para los actuales. Es decir, se puede obligar a las empresas constructoras a entregar los edificios nuevos equipados con dichos generadores, pero jamás podría obligarse a los actuales vecinos a adquirirlos. Lo que la gente pide urgentemente a los dirigentes de todo el espectro partidario, es que no se politice el problema, porque afecta a todos por igual, y que se adopten las medidas necesarias para solucionarlo sin más dilación. Infonews
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