No hay democracia que pueda convalidar como un ejercicio natural los saqueos de fin de año. El Estado desapareció por 24 horas esta semana en Córdoba. La impericia de la política cordobesa para encauzar el reclamo policial disparó un efecto dominó en otras provincias, generó un escenario de desamparo y puso en primer plano a un actor social que es mayoritariamente hijo de esas políticas que a finales del siglo pasado rompieron el tejido social en la Argentina. El gobernador José Manuel de la Sota dotó a la policía cordobesa de poderes extraordinarios, afiliado a esa política de la mano dura y a la receta de la represión como remedio a los reclamos sociales. Pero además, el poder político que conduce está sospechado de avalar un entramado mafioso entre funcionarios de esa policía y una red de narcotraficantes. El mandatario cordobés no supo, no pudo o no quiso prever la dimensión de la protesta. Sus propios funcionarios admitieron públicamente que no vieron venir el iceberg. La imagen de De la Sota tras pasar por el free shop en el aeropuerto de Panamá mientras se le incendiaba la provincia es una muestra palmaria de aquel desconcierto. La operación que se intentó montar después para tratar de tapar semejante desatino, cuando el delito se había apoderado ya de las calles cordobesas, llegó al ridículo de reclamar la intervención de las fuerzas federales a través de las redes sociales. Esa intervención sólo puede darse luego de un pedido formal por parte de cada provincia, caso contrario se estaría incurriendo en un delito. De la Sota demoró hasta el último minuto aquel trámite con el objetivo de responsabilizar a las autoridades nacionales por el incendio de su provincia. Hay en esa línea argumental, que se repite en Mauricio Macri y también en Antonio Bonfatti, una contradicción flagrante entre el reclamo por el federalismo y un movimiento sistemático orientado a deslindar responsabilidades de gobierno en la Casa Rosada. Cuando la noche de terror en Córdoba ya había dejado un muerto, 200 heridos y más de 1000 comercios arruinados, De la Sota ofreció un incremento salarial superior al 200% y cerró el conflicto. Si era tan sencillo, por qué no se sentó antes a la mesa de negociaciones. El gobernador cordobés caminó esta semana por la cornisa para jugar un juego demasiado peligroso. Son varias las voces que advierten que el planteo policial es hijo del narcoescándalo que descabezó no sólo a la cúpula policial, sino a los responsables políticos de la fuerza, integrada por jefes de buen pasar y bases que ven el progreso del resto de los trabajadores mientras cobran salarios de miseria. Esas voces sostienen también que los vasos comunicantes entre la policía cordobesa y los delincuentes se activaron para impulsar los saqueos en Córdoba como mecanismo de presión para conseguir los aumentos de salarios. Los saqueos deben ser uno de los momentos de mayor ruptura de las relaciones sociales. En córdoba hubo vecinos que entraron a robar a la casa de una familia de su mismo barrio. Otros que lucían zapatillas en las redes sociales o artículos electrónicos. Ese panorama está lejos de los saqueos del hambre de 2001 y muestra también la fractura de un contrato social mínimo. Son hijos de la marginalidad, que encuentran serias dificultades para distinguir los límites entre el bien y el mal. No hay otra explicación para la exhibición de sus delitos en las redes sociales y la autoincriminación que ello implica. No hay delincuente que se precide de tal que vaya por la vida con un cartel exhibiendo el producido de un robo. Esa actitud que se multiplicó tras la noche oscura de Córdoba refleja una pérdida absoluta del más mínimo encuadre que se requiere para vivir en sociedad. Ese actor social, integrado por jóvenes estigmatizados que sufrieron en su niñez el impacto de las políticas neoliberales, es uno de los desafíos más complejos que enfrenta la democracia argentina. Está claro que no alcanza con garantizarles la alimentación. Esta semana la FAO señaló que la Argentina alcanzó el hambre cero junto a otros países de la región, pero la inclusión es mucho más que eso. Es cierto que ningún otro proyecto político en estos 30 años de democracia hizo más por la inclusión, con especial énfasis en los jóvenes. Pero el panorama que se visibilizó en Córdoba, y se replica en el resto de los grandes conurbanos del país, es prueba fehaciente de que no fue suficiente. No hay sociedad que pueda convalidar como un ejercicio natural los saqueos de fin de año. Después del traspiés político de De la Sota, fueron varios los gobernadores que debieron retroceder en chancletas frente a una sucesión de reclamos de las distintas policías provinciales. Algunos mostraron más cintura que otros y se anticiparon a los planteos ofreciendo incrementos salariales. El tiempo dirá cuál es el costo que deberán enfrentar los gobernadores que tuvieron que ceder frente a las presiones del poder policial. Como señal de la espesura de la democracia es, cuanto menos, preocupante y deja a las claras la deuda que tiene el sistema político en la materia. Las Fuerzas Armadas enfrentaron un profundo proceso de reformulación para adecuarse a las normas democráticas después del genocidio. Pero las policías provinciales no pasaron por el mismo camino. Hubo intentos con la Bonaerense, pero insuficientes. La policía de Córdoba es heredera de las tradiciones represivas que imperaron en la provincia durante la dictadura. El "Navarrazo", como se conoció al golpe de Estado que derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano el 27 de febrero de 1974 fue concebido con aquella estructura. El esquema, con sus más y con sus menos, se repite en todo el país. Habrá que ver también cómo harán frente los gobernadores a ajustes de salarios muy superiores a cualquier estimación inflacionaria. En la mayoría de las provincias, el pago de los sueldos insume una porción mayoritaria del presupuesto. ¿Si las promesas de pago no se cumplen, qué harán los policías que emplearon las armas que les da la democracia para presionar a las autoridades electas en un mecanismo más cercano a la extorsión que al reclamo salarial? Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió responsabilidad a los mandatarios y recordó que los "problemas de seguriad son exclusivamente de competencia provincial". El chaqueño advierte que los gobernadores intentarán trasladar luego la cuenta a las arcas del gobierno nacional. Las turbulencias policiales corrieron el eje de atención de la política económica. El Banco Central aceleró el ritmo de devaluación del dólar y el incremento del adicional como pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales en los consumos en el extranjero terminó por configurar un virtual desdoblamiento cambiario. La disminución de la brecha entre el dólar turista y el paralelo probablemente desaliente los consumos en el exterior. Mientras tanto, surgen versiones de una flexibilización en los trámites para la compra de divisas y adecuaciones para habilitar importaciones. Esos aires de apertura se respiran también en la política. La presidenta Cristina Fernández cruzó invitaciones a todo el arco político y a los ex presidentes de la democracia, para celebrar los 30 años de la recuperación del voto popular. Antes había llegado la indicación a Capitanich para que mantuviera reuniones con todos los gobernadores. Ya pasaron por su despacho Macri y Bonfatti. El martes será el turno justamente de De la Sota y el jueves del santacruceño Daniel Peralta, que mantiene un histórico enfrentamiento con el kirchnerismo. Una y otra convocatoria son para saludar en una democracia que pugna por abandonar la adolescencia. Infonews
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