Entrevista a Félix Crous, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, acerca del fenómeno del narcotráfico en Argentina y la labor del Ministerio Público. Por Nahuel Placanica Agencia Paco Urondo: ¿Qué funciones tiene a cargo la PROCUNAR? Félix Crous: Como el resto de las procuradurías pretende darle tratamiento específico a una problemática de la criminalidad. En esta etapa nos hemos propuesto reunir toda la información disponible que pueda abastecer a la procuradora para trazar una política criminal específica, interviniendo en las demandas de los fiscales en casos particulares que ya estaban avanzados al momento de nuestra presentación en comunidad en el marco del Ministerio Público. Hemos dialogado con el resto de los actores del Estado, como por ejemplo, el SEDRONAR, las fuerzas de seguridad, la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. También realizamos actividades internacionales con el objetivo de posicionarnos frente a otros actores en el tema e informarnos de cómo es la situación en el resto del mundo. Es una fase de instalación y diagnostico que estaríamos concluyendo. APU: En cuanto al fenómeno del narcotráfico en Argentina ¿Existen vinculaciones entre el Estado y estas bandas delictivas? FC: Todo el tiempo vemos dos fenómenos. Los casos de Córdoba y Santa Fe hablan por sí mismos. La policía es parte del Estado, con relaciones permanentes con la comunidad y ahí su involucramiento es muy evidente, al punto que en Santa Fe un oficial está preso por un caso de narcotráfico y la cúpula de drogas peligrosas de Córdoba también. La segunda instancia es más capilar pero no deja de ser grave. Es la conexión con jóvenes en relación de uso y abuso de drogas y su utilización para la comisión de delitos para la policía. Eso redunda en un fenómeno mucho más grave que el de la narcocriminalidad, como es el de la violencia directa sobre los jóvenes. Hemos detectado muchos procedimientos fraguados, de desapariciones o asesinatos vinculados con esto. Este fenómeno tiene menos visibilidad porque afecta a jóvenes marginales o previamente estigmatizados por la criminalidad contra la propiedad. APU: A partir de lo que pudo observar a lo largo de este tiempo ¿Cómo piensa la relación de estos jóvenes con el narcotráfico y su utilización como mano de obra? FC: Desde los márgenes de la sociedad, la rotación con las sustancias tiene que ver con la condición socioeconómica, con el dilema existencial de una persona inmersa en condiciones tan adversas. El entramado allí es que la provisión de drogas requiere un sustento económico y eso limita la libertad de las personas. En ese sentido, se generan situaciones de semi-esclavitud con sectores corruptos. La solución está antes del abordaje criminal, tiene que ver con la decisión política de reformar las policías y su conducción. Las provincias tienen que asumir que sus fuerzas de seguridad son las válvulas de administración del contenido democrático de su gestión. No se puede pensar en un Estado democrático si éste recluta jóvenes para robar y los mantiene sujetos con la administración de la micro – narcocriminalidad. APU: En general siempre se apunta primero a la complicidad estatal, pero ¿existe una complicidad empresaria? El dinero que se genera de la comercialización de sustancias en algún lado se lava... FC: Sin dudas. Nosotros no tenemos interferencia directa en el tema de lavado de activos porque la procuración tiene una unidad específica para eso, ya que implica una ingeniería más sofisticada. Claramente, en el narcotráfico a otra escala el soporte empresario es fundamental. No deja de ser un negocio que requiere logística. Tenemos casos, uno es un juicio por concluir y otro un juicio por comenzar, donde la logística estuvo amparada detrás de la logística empresarial. Empresas que uno no podría pensar que fueron específicamente montadas para el narcotráfico pero que por las característica del transporte, sus lugares de enclave y el tipo de exportación, terminaban siendo empresas multipropósito cuya mayor rentabilidad venía del narcotráfico y no de los productos que decían exportar. APU: ¿Cómo caracterizaría a la Argentina? ¿Es un país productor, de tránsito, de comercialización? FC: Tenemos observaciones preliminares, no podemos ser concluyentes en esto. Argentina, por su localización geográfica, es un país de consumo, por su concentración demográfica, en grandes urbes y por su situación económica donde hay un mejoramiento de las condiciones de vida de muchos sectores, a veces el aumento de producción requiere mayor consumo de drogas estimulantes. Por otro lado, es evidente que en la Argentina hay una base de producción de algunas drogas, básicamente de cocaína, que requiere una intervención menos precisa que otras drogas más complejas como las drogas de diseño. Una de las fases de producción que estaba en otro lugar, se corre porque reduce los riesgos del traslado. Si en Perú se puede fabricar el clorhidrato de cocaína, no hay razón para pensar que acá no. El narcotráfico sigue las mismas lógicas de producción transnacional que cualquier otra empresa. APU: Volviendo sobre el funcionamiento de la PROCUNAR ¿Qué observaciones tienen con respecto a la dinámica judicial a la hora de abordar la temática del narcotráfico? FC: Tendría que aportarte un diagnóstico preliminar nuevamente. Tenemos recursos humanos muy calificados y una gestión muy mala. Esto obedece a un sistema de enjuiciamiento muy malo, que no obedece a suficiencias normativas de fondo y tenemos una tradición de muy mala práctica. Investigamos muy mal la narcocriminalidad en la fase judicial porque estamos acostumbrados a investigaciones donde la interceptación del cargamento es la vedette pero no hay investigaciones proactivas, salvo excepciones. No tenemos algunas herramientas que permitirían mejorar muchas cosas, por ejemplo: las entregas vigiladas para entender cuál es la cadena de financiación, producción, logística, distribución y lavado de dinero. Tengo en mi mirada que las fuerzas de seguridad tienen un desempeño superior al desempeño de los fiscales y el poder judicial. Hay nichos muy importantes como la focalización en los precursores químicos, un elemento central. Tenemos recursos para eso. Los precursores están controlados en la Argentina. Necesitamos que donde alguien vea pasta base, vea también potencialmente precursores. El punto más importante es el de la incautación y decomisión. La Argentina tiene un sistema atrasadísimo. No tenemos un órgano de administración profesional de los bienes incautados. Tenemos sistemas de registro en disputa entre la Corte y el Poder Ejecutivo. No tenemos un enfoque por parte de jueces y fiscales en la incautación y decomiso, ni en las investigaciones patrimoniales en paralelo a las investigaciones sobre las sustancias. Hay limitaciones institucionales, legales pero básicamente es una larga historia de hacer las cosas mal. Las herramientas hoy existen. APU: En cuanto a la ley de drogas ¿Impone limitaciones al abordaje de la problemática? FC: La política mundial en materia de drogas va virando lentamente hacia una mayor racionalidad. La ONU en 2016 tratará el tema. El próximo año hay programada una Asamblea Extraordinaria de la OEA para tratar el tema. Cada vez se impone con más fuerza la revisión de convenciones que rigen, ya que imponen la punición a todas las fases de la narcocriminalidad, descargando el mayor poder represivo sobre los eslabones más débiles, casi por un movimiento natural. Ahora, creo que la ley que nos rige está muy desbalanceada, con penas duras para actores menores y penas durísimas para actores más grandes pero que no llegan a aplicarse lo suficiente. La legislación argentina debe ser revisada en el marco de la discusión mundial sobre el marco legal de persecución de esta problemática.
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