Néstor Espósito Mediante una compleja construcción judicial, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez federal Julián Ercolini que, en el marco de la causa en la que investiga si Papel Prensa fue transferida del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación, La Razón y el Estado Nacional durante la última dictadura mediante violaciones a los Derechos Humanos, embargue e inhiba todos los bienes de la empresa que monopoliza la fabricación del principal insumo de los diarios en la Argentina. El titular de la UIF, José Sbatella, explicó ayer que, como derivación de la supuesta apropiación ilegal de Papel Prensa –bajo coacción y torturas, según denuncia Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver–, se generó un cuantioso negocio económico para los accionistas privados de la empresa, quienes "están usufructuando esos bienes" y, en consecuencia, ''deben ser acusados de autolavado o de lavado de dinero". El embargo y la inhibición apuntan, en realidad, a garantizar que un eventual fallo de la justicia reconociendo que la venta de Papel Prensa fue irregular no será ilusorio. En otras palabras, que los bienes producto de la apropiación y todo lo que ellos generaron estarán disponibles para el caso de una orden judicial de decomiso. El juez Ercolini deberá resolver ahora varias cuestiones. La primera, determinar si acepta a la UIF como querellante en la causa, ya que eso formó parte del escrito de una quincena de páginas que le presentaron los abogados del organismo que persigue las operaciones sospechosas de lavado. Pero, además, deberá establecer si efectivamente hay conexidad entre el expediente que tiene a su cargo y la denuncia de lavado. En caso de que considere que se trata de hechos diferentes y no vinculados entre sí, podría declararse incompetente, enviar la denuncia a sorteo ante la Cámara Federal e iniciar así un camino farragoso y de final incierto. La denuncia de la UIF se fundamenta en "antecedentes de cuatro situaciones internacionales donde hubo apropiación de bienes y Naciones Unidas se expidió diciendo que la apropiación de bienes en casos de delitos de lesa humanidad comprende la situación de recupero de los bienes", explicó Sbatella. Cuando se aprobó la ley de lavado de dinero en junio de 2011 se incorporó en el Código Penal un nuevo capítulo que establece que "se daña el orden económico y financiero cuando hay dinero que proviene de un hecho ilícito que no haya prescripto", añadió. Si la transferencia de Papel Prensa se mantiene abierta en la justicia, pese a que pasaron más de tres décadas, es justamente porque puede ser fruto de un delito de lesa humanidad. Y, en consecuencia, imprescriptible. «
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