Lo hizo la Oficina Anticorrupción, en la etapa de alegatos del juicio oral y público que se lleva adelante por el pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. La Oficina Anticorrupción solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Fernando de la Rúa por el pago de sobornos en el Senado durante su gobierno, en ocasión del tratamiento parlamentario de la reforma laboral. La OA efectuó ese pedido en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 3 en el juicio que se sigue al exmandatario y otros siete acusados. La Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, requirió además condenar a seis años y seis meses al extitular de la SIDE, Fernando de Santibañes; a cinco años y seis meses para los exsenadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Constanzo; y a un año de prisión en suspenso para el arrepentido exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto. La querella pidió absolver al exministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, y al exsenador Ricardo Branda por no tener evidencias de su participación en el "plan criminal", según se explicó ante el Tribunal Oral Federal 3. El juicio continuará el martes a las 10 con el alegato de la fiscalía a cargo de Sabrina Namer. En el caso de De La Rúa, la OA lo consideró "instigador del delito de peculado y cohecho activo agravado" y pidió la condena a prisión de seis años y seis meses además de inhabilitación absoluta y perpetua. La misma pena se pidió para de Santibañes, en calidad de "autor" de peculado y cohecho activo agravado. Para los exsenadores Alasino, Tell y Constanzo, el pedido fue de 5 años y seis meses más una multa de 90.000 pesos como autores de cohecho pasivo y encubrimiento, a raíz de haber cobrado dinero de los sobornos para dar su voto positivo a la Reforma Laboral el 26 de abril de 2000. Y en el caso del "arrepentido" Pontaquarto, se le pidió un año en suspenso y unificar esta pena con una condena anterior por no rendir viáticos, lo que la elevaría a tres años de cárcel en calidad de partícipe necesario del cohecho agravado por haber sido el brazo ejecutor de las maniobras para concretar el pago.
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