Leemos a Julio Burdman Tras las primarias del 11 de agosto, el kirchnerismo está introduciendo algunos cambios y uno de ellos es en la política de seguridad. Se empezó a hablar del tema e Insaurralde pidió implementar el régimen penal juvenil –que no es lo mismo que “la baja de la edad de imputabilidad”. El gobernador, reconociendo la importancia de los intendentes, puso en frente del área a Alejandro Granados. Pero lo más relevante, sin dudas, es el despliegue de alrededor de 5000 gendarmes en el Conurbano bonaerense. Líderes y medios de la oposición acusaron al gobierno nacional de tener una reacción espasmódica en materia de seguridad, como respuesta al hecho de que Sergio Massa hizo una buena elección poniendo el tema en el tapete y presentando propuestas. Algo de eso puede ser cierto: es indudable que hay un timing electoral en esta decisión, así como en otras que el oficialismo tomó después de las PASO. No debería sorprendernos: ganar elecciones y satisfacer las demandas de la propia base electoral es siempre uno de los motores de la política. Pero lejos de ser un parche, la decisión de profundizar la movilización de gendarmes para combatir el delito, que no es nueva, es un cambio de fondo. En esta oportunidad, para compensar el traslado de miles de gendarmes a áreas urbanas, se movieron otros 4500 efectivos del Ejército para cuidar la frontera norte del país, en el marco del Operativo Escudo Norte, vigente desde 2011 por decreto presidencial. El Escudo Norte, un sistema vigilancia terrestre, fluvial y aérea de las fronteras noreste y noroeste que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, fue pensado esencialmente para combatir las actividades del narcotráfico. Originalmente iba a durar seis meses, pero la Presidenta ya prorrogó su duración y todo indica que podría volver a hacerlo, y extendió la jurisdicción de las fuerzas que operan en este marco. En el decreto se explica por qué el Escudo Norte no contradice la Ley de Defensa Nacional, que prohíbe la participación de militares en tareas de seguridad interior. Dice que "en el ámbito de la Defensa reside la responsabilidad primaria de realizar las tareas de vigilancia, identificación, control y reconocimiento de los espacios de jurisdicción nacional, como así también brindar los datos obtenidos en el ejercicio de su competencia a los distintos organismos del Estado Nacional que, por la naturaleza de sus funciones, lo requieran (...) Una metodología empleada por organizaciones criminales es el ingreso al territorio nacional de estupefacientes y bienes de contrabando, siendo responsabilidad del Sistema de Seguridad Interior detectar, identificar, aprehender y poner a disposición de la Justicia a los infractores." Y agrega que "las fronteras noreste y noroeste de la Argentina presentan características orográficas que facilitan especialmente la incursión al territorio nacional de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes, por lo que resulta necesario establecer un operativo específico." El decreto involucraba a los ministerios de Seguridad y Defensa, pero en los hechos la implementación quedaba dentro de Seguridad: se disponían 6000 efectivos de Gendarmería y Prefectura, más 800 de las Fuerzas Especiales y Antidrogas, y a lo sumo el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea proveyeron equipamiento: helicópteros, aeronaves, vehículos, comunicaciones. Por eso, este traslado en gran escala de efectivos del Ejército al norte intensifica la participación de Defensa en un operativo que está dentro de las funciones previstas para los militares, y que al mismo tiempo afecta a la seguridad interior. Un cambio cualitativo, y adaptado a la realidad de los tiempos, en el enfoque vigente.
↧