Entrevista a Rodrigo Díaz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, CTA. Por Nahuel Placanica I Agencia Paco Urondo: ¿De qué se trata este sindicato que representa a trabajadores privados de su libertad? ¿Cómo surge la experiencia? ¿Cómo fue evolucionando? Rodrigo Díaz: Está constituido desde el 13 de julio de 2012. La experiencia surge a partir de conocer la realidad en el contexto de encierro y cuál es la función que se busca a través de la ley de ejecución penal, que es dar un sentido social a la pena y que no sea un mero castigo. Cada servicio penitenciario recibe un presupuesto para desarrollar esto, sin embargo, los detenidos no tenían ningún tipo de tratamiento con respecto a los dos pilares esenciales para la inclusión social, que son la educación y el trabajo. Tanto el Poder Judicial como procuración penitenciaria, encargados de controlar la ejecución de la pena, nunca funcionaron. El Servicio Penitenciario fracasa en un 80% de reincidencia de los detenidos que egresan porque nunca se respetaron los derechos de los detenidos. Organizamos un sindicato, lo constituimos el 13 de julio y empezamos a trabajar para reivindicar derechos y que se respete la ley. APU: ¿En qué condiciones se trabaja en las cárceles? Rodrigo Díaz: Difiere en cada unidad penitenciaria. Nosotros comenzamos a constituir el sindicato en el complejo “CABA”, es decir, la ex unidad N° 12 de Devoto. Allí, en ese momento, había 650 trabajadores que ganaban entre 700 y 1000 pesos, sin los elementos de trabajo necesarios y sin que se respete la ley de seguridad e higiene. Los talleres que se daban eran de albañilería, herrería, panadería, mantenimiento, etc. A lo largo de este año de funcionamiento del sindicato pasamos de 657 trabajadores sobre un total de 1600, a 1400 trabajadores sobre el mismo total. Si bien no cobran el mínimo, vital y móvil que establece la ley, cobran 2300 pesos y tienen ropa de seguridad y se renovaron las condiciones de higiene y seguridad. La sociedad en general dice, “encima tienen un sindicato”. Pero la gente no sabe que paga mensualmente 18.900 pesos por cada detenido para que se realice este tratamiento de estudios y adquisición de hábitos laborales. APU: ¿Cómo se reparte la oferta laboral entre los presos? Rodrigo Díaz: Dentro de cada complejo el Servicio Penitenciario está dividido en áreas, entre ellas, hay una sección trabajo. Cuando uno entra a una unidad lo recibe una junta interdisciplinaria. Estas audiencias le llegan al encargado de trabajo y a partir de las habilidades del detenido, se lo deriva a una tarea laboral. APU: Había leído acerca de experiencias de cooperativas de presos en cárceles, ¿Esto se da en general? Rodrigo Díaz: No es común. La ley de sociedades no permite la administración de cooperativas por parte de personas procesadas o condenas, por lo pronto se hace conjuntamente con entidades u ONG´s. Cuando uno realiza un trabajo cooperativo, siempre va a estar bajo la supervisión del Servicio Penitenciario. Controlan cómo se realiza el trabajo y el destino de la producción. Hay un par de cooperativas pero no funcionan normalmente porque es algo nuevo y requiere un aprendizaje conjunto tanto de parte de los trabajadores detenidos y las ONS´s que se encuentran con trabas a la hora de ingresar, realizar la producción y sacarle del ámbito penitenciario ya que esto lo administra el servicio penitenciario.
↧