Julián Obiglio presentó un proyecto para prohibir la participación de menores de 16 en protestas políticas. Un gran ejemplo de la cosmovisión castrense. En los aniversarios del golpe de 1976, la televisión suele exhibir un fragmento de una entrevista efectuada por un noticiero de la época a un teniente coronel reciclado en funcionario de algún ministerio, al que le preguntan: "¿Por qué motivo los jóvenes tienden a rebelarse ante la autoridad?" La respuesta fue: "Algunos jóvenes padecen de lo que yo llamo exceso de pensamiento." A casi tres décadas de concluida la última dictadura, tal lógica aún circula en ciertas molleras. El 19 de julio, dos inspectores del gobierno de la Ciudad y un oficial de la Policía Metropolitana le labraron un acta a un pibe de 14 años por repartir volantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en la calle Florida. "Sospecha de trabajo infantil", fue la justificación del caso. En coincidencia, el diputado del PRO, Julián Obiglio, presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley para prohibir la participación de menores de 16 años en protestas políticas. Razones de "seguridad y protección a la niñez", esgrime su autor al respecto. Ante todo, bien vale reparar en este personaje. A pesar de ser un desconocido para el gran público, este hombre de 37 años, profundamente evangelista, liberal a ultranza, acérrimo opositor al aborto y el matrimonio igualitario, abogado de profesión y con una extensa trayectoria como empleado judicial en los fueros Civil y Comercial, se asomó a la política de la mano del fugaz ministro aliancista Ricardo López Murphy, para después sumarse a las huestes del PRO. Alterna la militancia con sus actividades en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculado al ex mandatario español José María Aznar, y también forma parte de la fundación PensAR, en donde supo hacer buenas migas con el ahora condenado represor Julio Cirino. Desde 2007 –integrado en una línea partidaria con el diputado Federico Pinedo y los ministros macristas Néstor Grindetti y Daniel Chaín– ocupa una banca en el Congreso. Entre sus proyectos de ley resalta uno para reglamentar la pornografía en la vía pública, otro para declarar de interés un festival del predicador Luis Palau y un tercero –sin duda, el más audaz–, tendiente a implementar el derribo de aviones abocados al narcotráfico. Este último generó algún reparo en especialistas y legisladores, ya que, por ejemplo, su aplicación en Perú había provocado la caída de media docena de naves que no tenían que ver con el contrabando de sustancias ilícitas. Por ello, en su proyecto, el diputado extremó las precauciones, sin dejar ningún detalle librado al azar. Tanto es así que el protocolo que propuso está compuesto por los siguientes pasos: "Reconocimiento del avión irregular, verificación de los datos en el centro de control de vuelos, intento de contacto radial, órdenes de aterrizaje con señales visuales, advertencia mediante disparo de munición trazadora y, finalmente, el derribo." La iniciativa contó con la firma de unos 15 diputados; entre ellos, Gabriela Michetti, Francisco de Narváez, Eduardo Amadeo y Pinedo. Lo cierto es que su más reciente propuesta legislativa fue concebida no sin menos meticulosidad. Contempla la acción policial para rescatar adolescentes y niños de las marchas. Fija multas para los organizadores. Impide –también con la fuerza pública– que los padres vayan con sus hijos a una movilización. Y, además, impone para los transgresores la asistencia obligatoria a un "curso sobre educación de los menores de edad". Nuevamente, Obiglio no dejó ningún detalle librado al azar. Aun así, es muy poco probable la viabilidad del asunto, dado que no son muchos los diputados –incluidos los de su propio bloque– dispuestos a afrontar el costo político por el apoyo a semejante disparate. Un disparate objetable desde todos los puntos de vista. Un disparate anticonstitucional –viola el artículo 14 de nuestra Carta Magna– y también contrario a la Convención de los Derechos del Niño, que estipula su libertad de expresar y difundir informaciones e ideas de todo tipo, por el medio que fuera. Un disparate, en consecuencia, que no resiste ninguna consideración teórica, salvo las del campo antropológico. Porque habría que saber qué extraño resorte de la psiquis impulsa a ciertos hombres a ocurrencias vergonzantes. A idear con notable empeño el marco legal de sus alucinaciones punitivas. ¿Creen en verdad que lo hacen en nombre del bien común? ¿Acaso experimentan el goce de un músico al crear una melodía? ¿Acaso carecen de sentido del ridículo? Habría que saberlo. Pero Obiglio no es el único animal político de esa especie. Prueba de ello es la figura del intendente de Almirante Brown y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Darío Giustozzi, quien prometió que desde su banca propondrá un proyecto para eliminar los piquetes como método de protesta, mediante un registro en la Web para delatar ciudadanos que incurran en cortes de calles, junto con una oportuna represión policial. Los tiempos de campaña son un invalorable semillero para propuestas de esa calaña. Ya en vísperas a las elecciones de 2009, el candidato Eduardo Duhalde intentó acabar de una sola estocada dos graves inconvenientes: la inseguridad y la crisis de la escuela pública, mediante un vasto programa de capacitación en instalaciones militares –y a cargo de uniformados– para pibes en conflicto con la ley. Otro dirigente, el extravagante empresario salteño Alfredo Olmedo, redoblaría aquella apuesta al difundir su simpatía hacia la restauración del servicio militar obligatorio. "Lo importante –dijo, por entonces– no es qué país les dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos a nuestro país." Lo que se dice, una declaración de principios. Infonews
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